MADRID, (EP). El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha asumido este lunes el compromiso ante el Parlament de desarrollar una hacienda propia catalana que sea "pilar de la nueva república" hacia la que el Ejecutivo catalán quiere avanzar.
Lo ha dicho en su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de la Cámara, donde ha explicado que para conseguirlo impulsará la normativas que considere oportunas, como un nuevo decreto que mejore la estructura organizativa para darle mayor autonomía y flexibilidad.
Para desarrollar la hacienda catalana y el que el Govern considera una de sus máximos retos, recaudar todos los impuestos de los catalanes, Junqueras aspira a mejorar la "cooperación" entre Tributs de Catalunya, las cuatros diputaciones y otras administraciones locales.
Precisamente el Parlament tiene previsto decidir esta semana si crea las ponencias sobre las tres leyes que los independentistas ven claves para avanzar hacia un Estado catalán; una de ellas tiene que definir la ley de la futura administración tributaria, y el PP ya ha advertido que la impugnará si se crea.
Otro de los puntos que el vicepresidente ve fundamentales es aumentar el número de puntos de atención al contribuyente: durante mucho tiempo hubo cuatro; se amplió luego a 53, y Junqueras espera que la colaboración entre administraciones permita llegar a los 140 punto en los "próximos meses", siguiendo el plan del Govern para la Agencia Tributaria de Catalunya presentado en 2014, que aspiraba a más de 150 centros.
Junqueras ha expuesto algunos de los elementos de la hacienda que propone: un consejo fiscal que actúe como interlocutor de todos los agentes implicados en la recaudación fiscal y también una apuesta por conectar con la fiscalidad internacional para "ayudar al desarrollo de las empresas" que quieren expandirse.
Ha insistido en la necesidad de transformar el Insitut Català de Finances (ICF) como un banco público de inversión, y ha concluido que uno de los objetivos de una administración tributaria propia es la de luchar con más herramientas contra el fraude fiscal.
Junqueras ha argumentado que el hecho de haber unido el cargo de vicepresidente con el de conseller de Economía responde a la voluntad de asegurar una coordinación lo más efectiva posible de la labor de gobierno, "que no quiere ser un gobierno autonómico más, sino que ponga los cimientos de una futura república y gestione una situación económica y social complicadísima en el mundo occidental".
Ha incidido en su defensa de desarrollar herramientas "con el doble objetivo de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y blindar sus derechos con las estructuras propias de un Estado".
Junqueras se ha referido a los presupuestos de la Generalitat para 2016 y 2017 sin concretar contenidos, aunque ha visto margen para crear nuevos impuestos y ha anunciado un plan de eficiencia del gasto "que se aplicará a todos los departamentos de la Generalitat".
Ha expuesto que todo planteamiento de nuevo gasto debe ir acompañado de un estudio de costes y beneficios para que tenga el mayor beneficio social, que habrá que revisar el gasto existente, y "generar espacios fiscales para nuevas necesidades".
Ha hecho hincapié en que la recuperación del nivel de inversión pública debe ir acompañado de la recuperación de los ingresos corrientes, mientras que ahora la Generalitat debe endeudarse para cubrir sus gastos ordinarios.
"Lo haremos bien y ya lo estamos haciendo bien", ha aseverado, y ha dicho que tras esta comparecencia de presentación empezará los contactos con los grupos parlamentarios para buscar apoyos para los prespuestos de la Generalitat.
Respecto al nivel de déficit de la Generalitat, ha indicado que en 2015 "será inferior al de 2014 en términos equivalentes", es decir, excluyendo las financiaciones estructuradas de años anteriores incorporadas este año por mandato de la UE.
En todo caso, ha criticado que los mayores ingresos previstos para este año, de 1.900 millones de euros como resultado de la mejora económica y la liquidación a favor de las transferencias estatales de 2014, se verán "devorados" por lo que ha calificado de decisiones arbitrarias e injustas del Gobierno central.
Ha hecho referencia a la distribución del techo de déficit (con un límite autonómico del 0,7% del PIB en 2015 que pasa al 0,3% en 2016), que supone 793 millones menos, y también ha repasado gastos como el retorno de la paga extra a los empleados públicos, así como la continuidad y ampliación del fondo de políticas sociales por el plan de choque social.
Asimismo, ha hablado de situación estructural del "infrafinanciación" de la sanidad, con nuevos gastos decididos por el Estado pero que deben sufragar las autonomías que han situado el déficit de este ámbito en Catalunya cerca de los 900 millones de euros el último año, frente a la media de 550 millones de años anteriores.