Junts acuerda abstenerse a cambio de derogar el artículo que dificultaba la amnistía
Junts salva los decretos 'ómnibus' y anticrisis del Gobierno pero Podemos hace caer el de empleo
Foto: A. MARTÍNEZ VÉLEZ/EP
10/01/2024 -
VALÈNCIA (EFE/EP). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha logrado finalmente sacar adelante los importantes decretos anticrisis y 'ómnibus' gracias al apoyo de Junts, tras un acuerdo al límite de la campana y en un pleno agónico que ha exigido hasta repetir votaciones empatadas.
Aunque Junts había anunciado su voto negativo a los tres decretos que ha debatido este miércoles el Congreso, las negociaciones con el PSOE han permitido desbloquear dos de ellos. El tercero, que reforma el subsidio del desempleo y que había sido propuesto por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no ha salido adelante por el voto en contra de Podemos, que se ha cobrado así su particular venganza.
El Congreso ha dado luz verde al decreto anticrisis del Gobierno gracias a la abstención de Junts y después de que la votación se tuviera que repetir por un primer empate.
Los siete diputados de la formación del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont han elegido en este caso abstenerse, con lo que el decreto ha sido convalidado con los 172 votos a favor del resto del bloque de la investidura y 171 en contra. El decreto se tramitará como proyecto de ley para recibir enmiendas.
En el caso del decreto de Justicia denominado 'ómnibus' ha sido convalidado con los mismos 172 votos a favor y 171 en contra y se tramitará también como proyecto de ley. Los diputados de Junts no han querido votarlo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ausente en los debates de la jornada y en la votación de las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía, se ha desplazado al Senado -donde se celebró el debate al estar el Congreso en obras- para participar en la repetición de la votación del decreto de medidas anticrisis, que en primera votación se saldó con un empate.
En una sesión atípica, primero porque se celebraba en el Senado en lugar del Congreso, los nervios, la incertidumbre y las discretísimas negociaciones entre el PSOE y Junts han sido los protagonistas, con el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en un continuo transitar entre el hemiciclo y la sala de Gobierno con el móvil pegado a la oreja.
El acuerdo pactado entre el PSOE y Junts contempla la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, suprimir el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, a su juicio, haría peligrar la amnistía y publicar las balanzas fiscales a cambio de no votar los tres primeros decretos ley del Gobierno.
El paquete de medidas incluye también la publicación "inmediata" de las balanzas fiscales y el compromiso de reformar, vía Consejo de Ministros, la ley de Sociedades de Capital para revertir el decreto que aprobó en 2017 el Gobierno del PP "y que las empresas puedan volver a Cataluña".
Recoge asimismo rebajar al 0 % el IVA del aceite, un aumento de los recursos para la digitalización de la administración de justicia hasta los 6,2 millones de euros; que el Estado asuma la totalidad del coste del descuento en el transporte público, y que se reconozcan "los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local".
Todo lo pactado entre el PSOE y Junts será analizado por el PP para determinar si es recurrible, según ha anunciado su presidente, Alberto Núñez Feijóo, quien ha denunciado la "humillación" y la "deshonra" de que Junts haya decidido si los reales decretos del Gobierno de Pedro Sánchez se convalidan o no.
"Mi país no merece este esperpento de desgobierno en el que estamos sumidos todos", ha dicho Feijóo, quien se ha preguntado si hay más "pactos encapuchados".
"Si tres decretos han supuesto un jaque al Gobierno aterra pensar cómo será cada semana de esta legislatura", ha concluido el presidente de los populares.
Objetivos de déficit
También en una segunda votación tras un empate a 171 votos, producido debido a que el diputado de Sumar Gerardo Pisarello no llegó a ratificar su voto telemático, el Congreso aprobó por mayoría absoluta los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas.
En el lado de los síes han estado PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, Podemos, BNG y Coalición Canaria. En contra han votado PP, Vox y UPN. Además de los objetivos también se ha aprobado el Plan de Reequilibrio, una hoja de ruta presupuestaria del próximo trienio.
Se trata de un primer paso que abre el camino a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024, y que fija un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Para 2025 y 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario.
Una vez aprobados en la Cámara Baja, ahora los objetivos de estabilidad irán al Senado, donde podrían decaer si el PP, que tiene mayoría absoluta, vota en contra. El Gobierno confía no obstante en que esto no suceda, porque ello supondría quitar capacidad a comunidades autónomas y ayuntamientos 'populares' de aprobar sus presupuestos.
No obstante, de llegar a esta situación, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que esto podría pasar un máximo de dos ocasiones, según un informe de la Abogacía del Estado. En este escenario, los objetivos serían los fijados en el Programa de Estabilidad remitidos a la Comisión Europea el pasado mes de abril, lo que supondría una menor capacidad de gasto para comunidades y ayuntamientos.
La intención del Ministerio de Hacienda es aprobar la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 antes de abril. Para ello ya tiene listo el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024, que se eleva a 199.120 millones de euros, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
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