Lorena Ferrandis, José Ramón Chirivella, José Luis Espinosa y José Morgan, miembros de AJVVALÈNCIA. La Associació de Juristes Valencians (AJV) presidida por José Ramón Chirivella exigió este lunes al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que sea "valiente" y defienda ante Pedro Sánchez "la necesidad de incluir la recuperación del derecho civil valenciano en la reforma constitucional que prevé el Gobierno". Un recordatorio ante la reunión que el jefe del Consell mantendrá con el presidente del Gobierno en La Moncloa este miércoles, primer encuentro oficial en la ronda de contactos de Sánchez con los responsables autonómicos.
Así, fuentes de la AJV recordaron que cuatro de los cinco grupos de Les Corts - todos menos Ciudadanos- registraron en su día una proposición de Ley para la modificación de la Constitución que permitiera devolver la competencia en materia de derecho civil a la Generalitat.
Una iniciativa que, además, recabó en la Comunitat un apoyo "extenso y transversal" según sus impulsores que evidencia, a su juicio, un consenso "tan amplio" sobre la cuestión que resultaría "difícil de explicar que se postergue su solución mientras se quieren abordar reformas exprés como la propuesta en torno a los aforamientos". Al respecto de ese respaldo general, desde la AJV recuerdan que en este tiempo han sido ya 326 ayuntamientos y las tres diputaciones provinciales las que han aprobado mociones para la reintegración del derecho civil valenciano.
Además de estas instituciones, medio centenar de entidades como los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, Intersindical; organizaciones empresariales como AVE o la CEV; culturales como Nexe o Lo Rat Penat; colectivos sociales como Lambda, Custodia Compartida o el Colegio de Ingenieros y las universidades a través de sus facultades de derecho así como el Consejo Valenciano de Colegios Valencianos, se han adherido a la citada reclamación. "Una reivindicación justa y que responde a la voluntad de los valencianos de poder disponer de una herramienta útil que regule las relaciones civiles y sirva para mejorar la vida de los ciudadanos en asuntos tan tangibles como el régimen matrimonial o, por ejemplo, en la sucesión de empresas, un ámbito en el que su aplicación podría permitir la continuidad de muchas pequeñas empresas tan características del tejido productivo de la Comunitat".
Hace dos años el Tribunal Constitucional anuló las leyes valencianas de custodia compartida, uniones de hecho y régimen matrimonial, en base a la interposición de un recurso de contenido ideológico y unos fallos amparados en una "interpretación estricta de la Constitución donde se confunde la existencia con la vigencia con voto particular en contrario incluido". La AJV comenzó una campaña para recabar el máximo apoyo institucional y de la sociedad civil con la voluntad de promover una modificación técnica de la Constitución que subsanara una anomalía que supone un agravio para la Comunitat Valenciana frente al resto de territorios con derecho foral (Galicia, Euskadi, Navarra, Aragón, Catalunya y Balears) y que además deroga la vigencia de parte del Estatut de Autonomía aprobado en 2006 por amplias mayorías tanto en Les Corts como en el Congreso.
Desde Juristes Valencians recalcan que, al margen del fundamento de reclamación histórica, el Reino de Valencia "fue el primer lugar de España donde se evacuó derecho civil propio". "Se trata de una reivindicación cargada de legitimidad puesto que lo que se busca es que deje de estar vigente el Decreto de Nueva Planta de 29 de junio de 1707 y se dé cumplimiento a la voluntad democrática expresada en Les Corts y el Congreso que con la aprobación del Estatut d´Autonomía de 2006 decidieron reintegrar la competencia. En definitiva, que prevalezca el derecho civil el basado en la libertad de pacto frente al derecho de conquista legitimado en el derecho de conquista que aunque parezca inverosímil en pleno siglo XXI aún está en vigor".
