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Justicia aumenta este año un 5,2% la dotación del turno de oficio hasta superar los 51 millones

2/06/2022 - 

VALÈNCIA. (EP) La Conselleria de Justicia ha aumentado este año un 5,2% la dotación para la Asistencia Jurídica Gratuita que incluye, en su mayor parte, el Turno de Oficio de la Abogacía y la Procura, así como los honorarios de profesionales que prestan otro tipo de asistencia letrada que la Generalitat asume para quienes no pueden costeársela.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión anual del Consejo Asesor de Justicia Gratuita, que se ha celebrado este jueves con la asistencia del director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón, la directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Àngels Bixquert, y representantes de la Abogacía y la Procura de la Comunitat Valenciana, así como de jueces y letrados, según la Generalitat.

Así, durante el encuentro, se ha informado que la dotación presupuestaria para pagar las actuaciones de abogados y procuradores para este 2022 asciende a los 51.095.000 euros, lo cual supone un aumento del 5,2% respecto al año anterior, en el que se destinaron a este fin un total de 48.528.100 euros.

En concreto, la Abogacía ha pasado de tener consignados hasta 40,8 millones de euros en 2021 a 43 en 2022, mientras que la Procura ha experimentado un incremento desde los 6,3 millones a los 6,7. En este sentido, la Generalitat, en 2021, costeó 145.197 actuaciones de la Abogacía y 117.459 de la Procura y recibió 114.433 solicitudes de asistencia gratuita.

Al respecto, el director general García Añón, ha recordado que "desde 2015, el aumento de las dotaciones para la Justicia Gratuita ha sido constante en cada ejercicio presupuestario de forma que el aumento total en siete años ha sido del 120 %, pues hemos pasado de los 23,2 millones de aquel año a los 51 actuales".

En este sentido, ha destacado que, con estos incrementos, los profesionales de la Abogacía y la Procura del Turno de Oficio son los mejor pagados de todas las comunidades autónomas con competencias en Justicia, así como los que ejercen en los territorios bajo la gestión del Ministerio competente.

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