Justicia sacará a convocatoria pública 42 plazas ocupadas por indefinidos no fijos en tres años

VALENCIA. La Conselleria de Justicia sacará a convocatoria pública 42 plazas ocupadas por indefinidos no fijos y lo hará entre 2017 y 2019. Así lo recoge el documento presentado en el Seminari de Ademuz en el que uno de los compromisos era convocar 5.286 plazas en la Oferta Pública de Empleo que engloba a toda la Función Pública menos a Sanidad y Educación, quienes tienen las suyas particulares. Esta misma figura que pierden 42 personas es la que utilizará la Conselleria de Sanidad para integrar a los trabajadores del Hospital de La Ribera -1.466 no estatutarios-, aunque no con la intención de sacar las plazas a convocatoria pública en el corto plazo una vez asumidos en marzo de 2018.

Según explicaba la Conselleria a Valencia Plaza en un artículo recogido este martes, la figura de indefinido no fijo es la figura legal que permite la sucesión de plantillas. Sin embargo, niega que conlleve una situación de temporalidad. "Su naturaleza implica la continuación de las relaciones laborales existentes en la concesionaria en el momento de la sucesión de empresa, sin alteración alguna de las condiciones contractuales salvo el nombre del empleador".

No dicen lo mismo los juristas ni la ley de Presupuestos del Estado, que entienden esta figura como temporal y a la que se llega a través de una sentencia judicial -generada por la sucesión de contratos temporales en la administración-. De hecho, así lo recoge el documento del Seminari de Ademuz cuando alude a la tasa de reposición. "La norma deja fuera de las limitaciones de la tasa de reposición las plazas correspondientes al personal declarado indefinido no fijo por sentencia judicial. Actualmente, 42 personas ostentan estas condiciones. Las convocatorias de las plazas correspondientes se sumarán a las convocatorias ordinarias de su misma categoría", recoge el documento.

Ya señalan los juristas y el ex ministro de Trabajo Valeriano Gómez que los tribunales parecen prácticamente inevitables si no se amarra el tema jurídicamente. Según el Tribunal Supremo, son plazas que en un futuro deben ser cubiertas por personal público que cumpla los requisitos de acceso bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Es decir, las plazas deben salir a concurso cuanto antes en una oferta pública de empleo (OPE), sin que la ley ni el Supremo establezcan un plazo, como ha hecho la conselleria de Bravo.

"Que la consellera de Sanidad asegure que estos trabajadores se jubilarán en sus puestos va en contra de la Función Pública y del derecho de todos los ciudadanos a acceder a ella", señala Soraya Muñoz, asociado senior del Área Laboral en Andersen Tax & Legal. "No debe tener las mismas garantías que un funcionario, la normativa no puede llevar a esa conclusión", añade. 

¿Pueden obligarle los tribunales a sacar la OPE? La experta de Andersen Tax & Legal reconoce que hasta ahora no ha ocurrido. En su opinión, no prosperarían los recursos individuales contra el mantenimiento de la figura del indefinido no fijo a tan largo plazo, pero podría ser que los sindicatos representantes del empleo público presionaran para que se convoquen las plazas. Si se convocaran esas plazas, los indefinidos no fijos que las ocupan serían despedidos si no pasan una oposición. Esto es lo que ocurrirá con las 42 plazas que se incluirán en las OPEs de Justicia, que quienes la ostentan podrán presentarse a las oposiciones para obtener una plaza, pero con libre concurrencia.