Justos y benéficos

VALÈNCIA. Escribo mientras el calendario marca el 6 de diciembre: día de la Constitución. Y me viene a la memoria cómo España alumbró, aquel San José de 1812, uno de los primeros textos constitucionales del mundo, sólo una veintena de años después que los Estados Unidos de América (1787) o Francia (1791).  

Una Constitución de casi 400 artículos, en la que por cierto participaron ilustres valencianos como el jurista Borrull, firme defensor del respeto a las instituciones propias como el Tribunal de les Aigües. Un texto que ha tenido más reconocimiento posterior, por ser el primero, que vigencia en los tres breves períodos que rigió durante el siglo XIX, porque fue derogado por primera vez ya en 1814, precisamente en Valencia. 

Empezaba describiendo, ampliamente, en su artículo 1, a “la Nación Española” como “la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”. Establecía en su celebrado artículo 13, más programático que pragmático, que “el objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación”. Y declaraba en el artículo 6 que “una de las principales obligaciones de todos los españoles”, además del “amor a la Patria”, es el ser “justos y benéficos”.

No sé si estamos siendo justos y benéficos con la Constitución de 1978, cuando se la coloca en la diana de la controversia política. Una Constitución fraguada tras un complejo y fraternal Acuerdo, que también asombró al mundo, porque no era fácil y porque condujo a España el mayor período de democracia, y libertad en paz, de nuestra historia moderna. Al menos por ahora.

Y no sé si el Gobierno de España trabaja por la felicidad de la Nación, cuando su  Presidente se alía y alienta, en una espiral cada vez más arriesgada, a quienes exigen la “autodeterminación”, que no es otra cosa que independizarse para dejar de formar parte de España.

¿Hay aspectos de la Constitución que podrían ser actualizados? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que se requiere? Mucho consenso y tener claro que el propósito común es una reforma para seguir en España y mejorarla. ¿Estamos en un momento de estabilidad que garantice ese buen fin, o al menos que éste sea el de todos ? Pues no lo parece. 

Porque ir en ello de la mano de ERC, cuyo objetivo declarado es la independencia de Cataluña y, además, con sus inconstitucionales ‘països’ (mientras el President Puig, en cónclave socialista, permanece ante ello silente, desleal y subalterno), o no votar el PSOE en contra de los homenajes a etarras llamados ‘ongi etorri’, no parecen el mejor aval para la estabilidad ni, por tanto,  la felicidad, de la Nación.  

Socios que han exigido esta semana a Sanchez una reforma “radical” de la Constitución  porque, dicen, “se ha convertido en un instrumento para violentar derechos democráticos básicos”. Vaya por delante que oír, precisamente a Bildu, hablar de  violencia ajena, resulta una paradoja. De la lógica y, sobre todo, de la ética.  

La pregunta es: ¿quieren los independentistas seguir en España si se reforma la Constitución, o postulan su reforma para abrirle las costuras y salir de la Nación? En su exigencia de “autodeterminación” está la respuesta.

¿Y por qué no explica nunca Puig en qué consiste su idea “federalizante” y “asimétrica”? Porque las Comunidades Autónomas en España tienen más margen de actuación que los Länder alemanes tras las reformas de su Ley Fundamental, y Alemania es una República Federal. 

Y no puedo terminar sin recordar, con relación al “esqueleto” del modelo de financiación que se nos acaba de presentar, que el mismísimo Pedro Sanchez exigió, el 20 noviembre de 2017, en Valencia y en presencia de Ximo Puig, que el Gobierno de España (cuando él no era el Presídente, claro) cambiara el sistema en un mes, exactamente antes del 31 de diciembre. De 2017. 

Han pasado ya 4 años, de los cuales él es el Presidente hace casi 3 y medio (desde junio de 2018). Y me pregunto: ¿por qué si era posible completar el modelo en un mes hace 4 años, ahora nos dice el President Puig, con indulgencia, que “todavía falta un largo camino por recorrer”. ¿Cómo de largo?

Porque respecto a la Comunitat Valenciana sigue sin respetarse fielmente el artículo 156 de la Constitución, que exige una auténtica autonomía financiera en la que cuadren las cuentas, pero no a martillazos. Y demorar la espera infrafinanciados, no consigue la felicidad de la Nación; ni, desde luego, la de los ciudadanos de Alicante, Castellón y Valencia, que necesitamos poder recibir ya los servicios públicos sin discriminación respecto a los de otros territorios.  Pero, sobre todo, no es justo ni benéfico.