Acusados en una de las sesiones del juicio del Caso Brugal. Foto: PEPE OLIVARESVALÈNCIA (EFE). La Audiencia de Alicante juzgará a partir del próximo 30 de junio a los exalcaldes del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en favor del promotor Enrique Ortiz, quien también se sentará en el banquillo de los acusados.
Se trata de la causa derivada de una de las veinte líneas de investigación que se destaparon en el llamado 'caso Brugal', a partir de las anomalías en la adjudicación de la contrata de la basura del municipio alicantino de Orihuela.
Junto a Díaz Alperi, Castedo y Ortiz, también se sentarán en el banquillo de los acusados un hermano de la exalcaldesa, José Luis Castedo; el socio de este en el bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez, y el empresario ilicitano Ramón Salvador. La relación de procesados se completa, además, con tres empleados o directivos de las empresas de Ortiz.
Los nueve acusados serán juzgados por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, revelación y aprovechamiento de información privilegiada y corrupción de autoridades o funcionarios públicos, en función del distinto grado de participación que pudieron tener en los hechos.
En un auto fechado el pasado 23 de diciembre, la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante fija el inicio de la vista oral para el 30 de junio de 2020 con el propósito de que en esa fecha las partes del proceso puedan plantear las cuestiones previas que estimen oportunas.
Después se ha previsto una segunda sesión para el 7 de julio en la que, previsiblemente, podrían resolverse las peticiones que pudiesen haberse formulado.
Tras esa jornada, el juicio quedará aplazado hasta el 23 de septiembre, cuando se retomará el resto de sesiones hasta la conclusión del juicio, prevista para el 12 de noviembre.
Las declaraciones de los acusados se han previsto para los días 23, 24 y 29 de septiembre.
A sus comparecencias le seguirán a partir del 30 de septiembre las de alrededor de cincuenta testigos, entre los que figuran el urbanista Luis Cantallops (quien recibió inicialmente el encargo de la redacción del PGOU) y Jesús Quesada (quien retomó esa labor tras la ruptura del contrato con Cantallops).
El juez responsable de las diligencias, Manrique Tejada, dictó el auto de apertura de juicio contra los nueve procesados en febrero de 2018, tras una instrucción de casi ocho años en las que se registraron múltiples recursos por parte de las defensas.
Los recursos se han mantenido después de que la causa llegase a la Audiencia Provincial, cuando se produjo la recusación de los magistrados que formarán parte del tribunal juzgador, con el argumento de que prácticamente todos ellos habían participado en la resolución de algunos de esos recursos previos.
A juicio de las defensas de los procesados, esa circunstancia pudo haber propiciado que perdiesen la imparcialidad necesaria para enjuiciar los hechos.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que, entre 2008 y 2010, los dos expolíticos recibieron presuntamente diversas dádivas por parte del conocido constructor a cambio de facilitarle información sobre el futuro planeamiento urbanístico de la capital alicantina cuando esos datos todavía no eran públicos.
Entre esos supuestos obsequios figurarían el pago de viajes a Andorra, Ibiza y Creta, y la entrega de un coche, así como de diversas sumas de dinero en metálico.
El acusador público solicita inicialmente sendas penas de 10 años de prisión para Díaz Alperi y Castedo como presuntos autores de los delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
En el caso de Ortiz, pide una condena de 8 años de privación de libertad por un delito continuado tráfico de influencias y cohecho.
Para los abogados Castedo y Gutiérrez, a quienes la acusación pública considera que mediaron en el supuesto trato de favor, también solicita 10 años de prisión, tras acusarles de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.
