El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, en la sede de la calle Navellos. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Hace exactamente un año, el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, encontró unas oficinas situadas en la calle Navellos 14 –al lado de la Cámara valenciana– de 680 metros cuadrados que decidió arrendar para convertirlas en la sede provisional del organismo.
Si bien el traslado al inmueble se produjo la primera semana de febrero porque previamente se debieron hacer unos ajustes en las instalaciones, el contrato de alquiler por el que la Agencia abona mensualmente 10.000 euros al propietario, la firma de arquitectura Arquilab SL, se selló en enero del año pasado.
Un periodo por el que la oficina ha pagado ya 120.000 euros sin que ni Les Corts ni la Generalitat Valenciana hayan encontrado una alternativa óptima entre todo el patrimonio que tienen en su haber para que la Agencia deje de pagar por tener un emplazamiento.
Cabe señalar que los requisitos que solicitaban los futuros inquilinos eran numerosos: un espacio de entre 400 y 1.000 metros cuadrados; licencia de uso para oficinas; situado preferentemente en el distrito de Ciutat Vella (centro histórico) para que no estuviera alejado de Les Corts; y que reuniera las condiciones de habitabilidad, seguridad y salubridad.
Ahora bien, a pesar de que la lista de condicionantes limitaba el abanico de posibilidades, resulta significativo que un año después el Parlamento valenciano y la Dirección General de Patrimonio sigan sin encontrar un emplazamiento. Más aún si se tiene en cuenta el profundo malestar que causó entre los grupos parlamentarios –especialmente en los que sustentan el Botànic– que la propia Agencia tomara la iniciativa de buscar una ubicación para poner solución a su problema de espacio.
No en vano, PSPV, Compromís y Podemos cuestionaron la cuantía que la oficina iba a abonar por él. Los tres partidos la tildaron de "barbaridad". E, incluso, el portavoz de la coalición valencianista, Fran Ferri, manifestó que tenía constancia de que la sede por la que se había optado "no era la única" que se había barajado y deseó que la decisión no fuera en firme y se repensara para poder encontrar un espacio "más asequible para las arcas públicas".
No obstante, Llinares tomó la decisión de lanzarse a la búsqueda de un espacio –elaboró un pliego de condiciones que presentó a diez inmobiliarias en noviembre de 2017– después de que tras seis meses de estar constituido el órgano, su equipo -entonces integrado por siete personas pero que pronto pasaría a estarlo por 21- siguiera trabajando en un pequeño despacho que le había cedido Les Corts.
El funcionamiento de la Agencia, de hecho, se vio resentido por la falta de instalaciones óptimas en las que trabajar. Aunque en aquel pequeño despacho ya se cribaban las denuncias válidas de aquellas que no lo eran y Llinares se reunió con fiscales además de coordinarse con otros organismos para no solapar competencias, también recibió visitas de denunciantes anónimos. Ante la falta de espacio, y para garantizar el anonimato de estas personas, el personal ya incorporado debía salir al pasillo durante el desarrollo de esas reuniones y paralizar su trabajo. Un año después, la Agencia Antifraude sigue teniendo una sede provisional.
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
