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por la querella del PP por no poder acceder a IPG

La alcaldesa de Gandia, imputada por prevaricación

Foto: EVA MÁÑEZ

Se les acusa de un delito de coacciones cometido durante y en los días posteriores al Pleno de Investidura de Diana Morant

15/07/2016 - 

VALENCIA. Poco más de un año ha pasado desde que se celebrara el pleno de investidura de la actual alcaldesa de Gandia, Diana Morant, tras el cuál se ordenó a agentes de la Policía Local que impidieran subir a las dependencias superiores. Fue un 13 de junio y el decreto de alcaldía, según denunció en su día el Partido Popular, fue firmado el 16 de junio, cuatro días después del nombramiento de Diana Morant. 

Al considerar que se vulneraron sus derechos, el Partido Popular interpuso una querella por prevaricación administrativa, revelación de secretos, falsificación de documentos públicos y coacciones contra Diana Morant; el secretario municipal, Lorenzo Pérez; el actual coordinador de Economía y Hacienda, Salvador Gregori y los funcionarios Vicent Todolí y Vicent Llorens. Cabe recordar que éste último es hoy el director general del consorcio de la Marina de Valencia. 

La querella penal fue interpuesta por el exalcalde de Gandia Arturo Torró y cinco de sus cargos de confianza: Cristina Serrano, Lola Moncho, Carlos Moncho, Alba Frasquet y Gonzalo Morant. En ella, denunciaban que durante la celebración del Pleno de Investidura y en los días sucesivos se impidió el acceso a las dependencias de trabajo de los ediles salientes y de algunos empleados públicos. 

Según consta en la denuncia, ese impedimento fue realizado por “personas que nada tenían que ver con el Gobierno Municipal que lo fue hasta ese mismo pleno, sin amparo legal alguno, se encontraban en las dependencias de la Alcaldía del Ayuntamiento revisando y requisando documentos de las mesas y dependencias de la misma”. 

Sin embargo, la magistrada suspendió las declaraciones de los querellados hasta resolver los recursos presentados por los denunciados. Ahora, el juez del Juzgado de Instrucción nº3 ha desestimado dichos recursos y les llama a declarar como investigados los días 25 y 26 de octubre. En su auto detalla que desestima íntegramente los Recursos de Reforma y subsidiarios de Apelación interpuestos por las representaciones procesales y acuerda la plena confirmación del contenido del Auto de fecha 4/05/16, que deberá ser mantenido en sus estrictos términos.

El auto, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, cita a declarar en calidad de “investigados” a la alcaldesa Diana Morant el 25 de octubre a las 10 horas; a Vicent Llorens, Salvador Gregori y a Vicent Todolí el 26 de octubre a las 10 horas. Ya el 9 de noviembre la autoridad judicial preguntará a los denunciantes en calidad de querellantes el y al asesor popular Javier Reig y al chófer de Torró, Vicente Anaya, en calidad de testigos. El 10 de noviembre deberán prestar declaración en calidad de testigos miembros de la Policia Local de Gandia así como funcionarios e informáticos.

El concejal popular Vicent Gregori ha expresado que no van a pedir destituciones pues “el Partido Socialista ha marcado sus propias líneas rojas” y ha recalcado que “esperamos que las cumplan”. Asimismo, ha recordado que de aquél “asalto” se ha podido comprobar “la falta de documentación, borrados o modificaciones de equipos informáticos”. Igualmente, ha recordado que la alcaldesa Diana Morant también debe dar explicaciones por el caso del complejo deportivo y de ocio Rois de Corella. 

Desde el Gobierno se muestran “tranquilos” y aseguran que con esas acciones se pretendía “garantizar y proteger que no desapareciera o fuera destruido ningún tipo de documentación”. Además, aseveran que ante el juez darán “todas las explicaciones pertinentes”.


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