Dos coches de la Guardia Civil ante el Forn de la Barraca, con dos activistas en el tejado. Foto: EFE.VALÈNCIA. La ampliación de la carretera V-21 dirigida por el Ministerio de Fomento engulló este viernes el Forn de la Barraca, convertido durante la última semana en símbolo de protección de la huerta valenciana por parte de activistas, asociaciones y vecinos. Con el alba amanecía la silueta de la finca vestida con pintadas y pancartas reivindicativas. Nada de ello pudo, sin embargo, evitar que la estructura fuera pasto de la maquinaria.
A primeras horas de la mañana, con el alba, la Guardia Civil intervino para desalojar el entorno del histórico edificio, ocupado por el personal que había acampado durante las últimas jornadas, custodiándolo ante la inminente demolición. Entraron los agentes para sacar a los asistentes con el propósito de proceder al derribo. La operación se retrasó por momentos al encaramarse dos personas al tejado de la alquería, que acabaron reducidas y detenidas por los agentes.
La Guardia Civil también detuvo a otras dos personas: una que se había encadenado a una de las ventanas y otra que, según apuntaron las fuentes policiales, mantuvo un enfrentamiento con un agente. La Coordinadora Campesina calificó la intervención de "desproporcionada" y con "tratamiento militar" por parte de los cuerpos de seguridad y pidió la puesta en libertad de los detenidos, que llegaría a media tarde, pero con cargos.
Tras el desalojo y las detenciones, la maquinaria accedió al lugar y empezaron los preparativos para proceder el derribo, que se inició a continuación, a eso de las diez de la mañana, ante la atenta mirada de decenas de vecinos y activistas. Acudieron al lugar de los hechos miembros de la coalición valencianista Compromís y de Podem, así como numerosos fotógrafos y periodistas. Muchos resaltaron la paradoja de continuar con la destrucción de la huerta valenciana el mismo día en que había convocada una manifestación en todo el mundo contra el cambio climático.
En términos políticos, quienes más ruido hicieron, especialmente en redes, fueron representantes públicos tanto de Compromís como de Podem, mientras que su socio de gobierno en la Generalitat Valenciana, el PSPV, mantuvo un perfil bajo. También en el Ayuntamiento de València. El alcalde de la ciudad, Joan Ribó, expresó su malestar por cómo se estaba llevando a cabo la demolición del Forn de Barraca y subrayó que "no era necesario".
"Desde un inicio nos hemos opuesto a la ampliación de la V-21 en la salida de València, porque si bien es cierto que en la entrada a la ciudad se forman atascos, en la salida no los hay", explicó el primer edil, por lo que subrayó su postura a favor de "ampliar la entrada y no la salida" de la V-21: "Con esto era suficiente", defendió. Una posición similar a la que mantuvo el vicealcalde segundo, Sergi Campillo, también miembro de la coalición valencianista.
En el consistorio tenía lugar la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, y comparecían la vicealcaldesa Sandra Gómez (PSPV) y el propio Campillo, quien finalizada la rueda de prensa compareció ante los medios de forma separada para marcar la posición de su partido en esta cuestión. El edil recordó que el consistorio había presentado una ampliación de la V-21 alternativa "con un 60% menos de afección a la huerta" y que contemplaba una mejora en la entrada a la ciudad por otro lugar. Asimismo, lamentó la demolición del Forn de Barraca.
También la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, preguntada al respecto aseguró que el Consell es "sólido en sus decisiones" y tiene "unanimidad de criterio" y "voluntad de que no pase lo de esta mañana", pues "las cosas no se ven igual a 300 kilómetros que a 20". No obstante, sostuvo que la ampliación de este acceso norte es competencia de la administración del Estado, "no de la Generalitat ni de los ayuntamientos de L'Horta (Valencia)".
Oltra insistió en que las obras fueron adjudicadas durante el anterior gobierno central del PP presidido por Mariano Rajoy, que "no se caracterizaba mucho por tener en cuenta la sostenibilidad", tras lo que ha recordado que la Generalitat presentó alegaciones para minimizar el impacto medioambiental, que permitió la reducción de 82.000 metros cuadrados de expropiaciones a 64.000, además de lograr que el tercre carril fuera de transporte público y VAO.
De la misma manera, la vicepresidenta indicí que "cada uno hace su papel donde lo puede hacer: unos al pie del Forn de la Barraca y otros en los despachos". "Y los dos trabajos son valiosos", resaltó.
El diputado de Unides Podem en Les Corts Valencianes, Ferran Martinez, acudió este viernes a la alquería situada en medio de la huerta en el término de Alboraya, y explicó que había un despliegue "muy grande, con furgonetas, un helicóptero, bomberos y las máquinas para demoler el edificio" y aseguró que el derribo de la alquería "no pone fin a las reivindicaciones" porque "hay una amenaza real sobre la huerta".
A su juicio, "han hecho una resistencia pacífica pero han sido desalojados a la fuerza" y ha resaltado que habrá que ver "si estas mismas personas consideran que ha habido algún tipo de abuso". "La resistencia pacífica es un modo de protesta legítima y consideramos que esta ha sido legitima y justa. Vamos a tratar de garantizar y asegurarnos de que toda la actuación policial que se ha realizado hoy se haya hecho conforme a Derecho y con el uso mínimo pertinente de la fuerza", añadió al respecto.
Además, indicó que hacía dos días ni siquiera habían podido debatir una proposición no de ley para reclamar al Ministerio de Fomento la paralización y la revisión del proyecto de ampliación de la V-21 que fue bloqueada "por los partidos de derecha y el partido socialista".
La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, que dirige el socialista Juan Carlos Fulgencio, lamentó el uso del desalojo del edificio con "dialéctica preelectoral" por el resto de partidos y recordó que el inmueble es propiedad estatal desde el 16 de julio. Con fecha 16 de septiembre de 2019, los anteriores propietarios de la finca entregaron las llaves de la edificación objeto de la expropiación a los legales representantes de la Administración General del Estado.
Respecto a lo sucedido durante este viernes, señaló que la demarcación de Carreteras dependiente de esta Delegación del Gobierno "solicitó el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado para llevar a cabo el desalojo de las personas que impedían desde el pasado día 17 el normal desarrollo de las obras previstas en el proyecto". El 18 de septiembre la Guardia Civil les informó que debían abandonar el lugar al día siguiente y este viernes "se ha procedido al desalojo de las 8 personas que se encontraban en la construcción, propiedad del Estado".
Asimismo, subrayó que Fomento "siempre ha mostrado su disposición a mejorar en la medida de lo posible la ampliación de la V-21 atendiendo a las peticiones de todas las administraciones implicadas" y que el pasado mes de marzo se publicó el modificado nº 1 "con el objetivo único y exclusivo de disminuir las expropiaciones inicialmente previstas. Así se permitió pasar de 82.000 metros cuadrados de expropiaciones previstas a 64.000 de ocupaciones temporales", explicó
