VALÈNCIA. La Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH) ha solicitado a la Conselleria de Sanidad que opte por una carrera investigadora como personal estatutario en las plantillas de los hospitales, y no con la fórmula de laboral, como recoge en el proyecto de decreto del Estatuto del Investigador en el que está inmerso el departamento de Ana Barceló. Así lo apuntan las aportaciones realizadas por la asociación a la norma, que ha sido desmontada por la Abogacía de la Generalitat por querer legislar normativa laboral.
Según la Abogacía, es necesaria una negociación colectiva con empresarios y sindicatos para poder establecer las diferentes categorías y el modelo de consolidación laboral. E incluso alude a la falta de competencia por parte de la administración valenciana a establecer normativa laboral saltando normas como la ley de la Ciencia y el Estatuto del Trabajador. En este sentido, desde ANIH proponen que esta progresión se legisle como persona estatutario.
"La incorporación de los investigadores hospitalarios se hará a través de los servicios de salud como personal estatutario, en las categorías que corresponda, como ya se hace en distinta medida en las Comunidades del País Vasco, Cantabria y Galicia, y en la propia Comunidad Valenciana", señalan. En este sentido, señalan que los institutos de investigación sanitaria se articulan en torno a los hospitales, con muchos investigadores adscritos que son personal estatutario de los mismos.
Como ejemplo, apuntan a Galicia, donde sus investigadores se están integrando en el Sistema Público de Salud de Galicia (SERGAS), o en Euskadi, donde se ha creado la figura del Facultativo Especialista Investigador. En este sentido, se trataría de sacar las plazas a las que optar mediante concurso ya sea por examen o méritos para generar puestos estructurales adheridos a la administracion.
Desde ANIH, también señalaban la necesidad de incorporar todas las categorías propuestas por Sanidad en la negociación colectiva, como señala la Abogacía. Por una parte, estableciendo un plazo para adaptar el convenio colectivo vigente para el personal laboral de los centros del sistema público de salud. Por otra parte, apuntan a la necesidad de un convenio colectivo sectorial para todas las fundaciones o instituciones que contraten al personal afectado. También señalan la necesidad de que la evaluación periódica de la actividad investigadora del personal consolidado, que es laboral fijo, no puede conducir en ningún caso a la extinción del contrato.
"La redacción actual traspasa claramente una línea roja inaceptable, puesto que establece una excepción a lo dispuesto para el personal científico estable en la legislación vigente. Esto no impide que se puedan tomar medidas disciplinarias en los supuestos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y en el Estatuto Básico del Empleado Público", señalan. "Las evaluaciones periódicas de la actividad investigadora deben servir, como se hace para el resto del personal investigador público estabilizado, para establecer un modelo de desarrollo profesional, mediante los complementos retributivos pertinentes".
