VALÈNCIA. (EP). La Asociación Gremial Provincial de Auto Taxis de Valencia y la Unión de Asociaciones de Autotaxis de la Comunitat Valenciana han solicitado a Les Corts una moratoria de dos años respecto al plazo que marca la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, del Taxi de la Comunitat Valenciana para que los taxistas con más de una autorización puedan adaptar su segunda y tercera licencia. E incluso plantea la posibilidad de que "se suspenda la aplicación de este plazo hasta que se resuelva la situación, ya sea por la Comisión Bilateral, por las Corts Valencianes o por el Tribunal Constitucional".
Si la Comisión Bilateral cuenta con un plazo de seis meses para cambiar algunos puntos de la ley, los grupos parlamentarios en las Cortes "deberían aprobar una ampliación o prórroga de los plazos previstos en el Nueva Ley del Taxi para evitar daños y perjuicios por su aplicación", han reivindicado en un comunicado.
En este sentido, presidente de ambas asociaciones, Ismael Arráez, ha señalado que tras la decisión del Gobierno central de constituir una Comisión Bilateral para estudiar en los próximos meses con la Conselleria "los puntos de la ley que pueden ser inconstitucionales", ahora "los grupos parlamentarios en las Corts deberían aprobar en el próximo pleno una ampliación o prórroga del plazo de seis meses previsto en la Disposición Transitoria Primera para poder adaptar las autorizaciones que exceden de una hasta un máximo de dos para evitar los daños y perjuicios de su pronta aplicación si luego la Comisión decide modificar este punto de la ley".
Por este motivo, en representación de la Gremial Provincial de Auto Taxis de Valencia y de la Unión de Asociaciones de Autotaxis de la Comunitat Valenciana, Arráez ha solicitado a los grupos políticos representados en las Corts que, en la forma que el derecho proceda, se acepte una prórroga o ampliación de dos años del plazo estipulado en la Nueva Ley del Taxi para poder adaptar las licencias.
"Incluso les hemos pedido la posibilidad de que se suspenda la aplicación de este plazo hasta que se resuelva la situación, ya sea por la Comisión Bilateral, por las Corts Valencianes o por el Tribunal Constitucional", ha agregado.
La Comisión Bilateral cuenta con el plazo de 6 meses para deliberar sobre las discrepancias existentes en cuanto a la "posible inconstitucionalidad" de determinados preceptos de la ley y previsiblemente el plazo estimado de resolución de la situación será de 2 años.
Si se alcanza un acuerdo en esta Comisión y se procede a la modificación de este punto concreto, hay que tener en cuenta el tiempo de tramitación parlamentaria y requisitos legales que requiere; y por otra parte, si la Comisión finaliza sin acuerdo y el Gobierno central procede a interponer el recurso de inconstitucionalidad, cabe tener en cuenta también el tiempo de tramitación que ello conlleva hasta que el Tribunal Constitucional emita su dictamen, ha apuntado Arráez.
"En ambos casos, los plazos previstos en la Disposición Primera y Segunda para adaptar habrán precluido antes de que exista una resolución judicial, habiéndose causado ya una serie de daños y perjuicios que serán de imposible o difícil reparación y que merecerán un resarcimiento e indemnización por parte de la Administración Pública Autonómica con motivo de la responsabilidad patrimonial que le es propia", ha advertido.
Para la Asociación Gremial, si se acepta la moratoria las Corts están "a tiempo de evitar que cientos de familias se vean afectadas por esta ley que ahora se debate en la Comisión Bilateral, además de librar al Consell del desembolso de millones de euros en indemnizaciones a los afectados que adapten en el tiempo marcado por la ley antes de su posible modificación", ha concluido.
