Helga Schmidt, exintendente del PalauLa práctica de nuevas diligencias podría cambiar las penas solicitadas a los imputados
VALENCIA. La Audiencia Provincial de Valencia ha emitido dentro del conocido como caso Palau dos autos contradictorios entre ellos a priori, pero enmarcados en una maniobra jurídica totalmente legítima. En el primero confirma el Auto de Procesamiento Abreviado (PA) del conocido como caso Palau, lo que significaría que la instrucción se da por completada. Sin embargo, en un segundo auto, emitido por el mismo ponente, el magistrado Pedro Castellano, admite el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del juez instructor de no ampliar un informe pericial. Es decir, que hay que proseguir con la instrucción del presunto saqueo del Palau de Les Arts.
Por tanto, se da la anómala circunstancia de que se dé por buena la instrucción a la vez que se obliga a continuar con ella. Sin embargo, fuentes jurídicas de toda solvencia afirman que “es algo que con la ley de plazos se va a ver mucho, ya que al emitirse el auto de PA ya no hay plazos y el fiscal puede dar por buena dicha resolución pero, al mismo tiempo, solicitar la práctica de más diligencias”. El único problema real que existe con este método es que, dependiendo del resultado de las citadas diligencias, el auto deberá ser modificado pudiendo alterarse las penas de prisión que se solicitaron en un principio.
En el caso Palau, el fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, no recurrió el auto de PA, pero sí que lo hizo con una resolución del magistrado instructor que le denegaba la ampliación del informe presentado por la Intervención de la Generalitat pues según su criterio, dicha ampliación era necesaria para poder calificar correctamente los delitos y, por tanto, poder solicitar las penas acorde a los delitos cometidos.
Según se puede leer en los autos a los que ha tenido acceso Valencia Plaza por un lado, en el primero de ellos, afirma el letrado de la exintendente del Palau Helga Schmidt entre otras cosas, que pide que no se admita el auto porque “que faltan testificales por practicar” incluyendo como la principal la de su clienta, a lo que el magistrado ponente le contesta que sobre “la falta de declaración de la encausada, además de incierto es claramente fraudulento, se le intentó tomar declaración el 20 de enero de 2015 y se acogió a su derecho a no declarar”.
Y prosigue Castellano diciendo que, “y desde ese día, levantado el secreto, con conocimiento de todo lo que le iba, o podía, ser imputado se posiciona la defensa en el más ominoso de los silencios sin utilizar el derecho de ser oída en declaración”. El magistrado de la Audiencia le explica al abogado, vía jurisprudencia, que da por válido el auto de PA del juez instructor.
Sin embargo, en el segundo auto emitido por Castellano en el que contesta a el recurso de Torres sobre la práctica de diligencias, el magistrado de la Audiencia Provincial explica que el fiscal afirma que “resulta necesaria la ampliación del informe pericial pues de la documentación intervenida pueden resultar pruebas de cargo y descargo en relación con los investigados”. En el auto se hace mención a la facturación que completaba la organización del evento ‘Viva Europa’, así como a las aclaraciones sobre las facturaciones de ‘Radclife’ o a los flyers hechos por el investigado Pablo Broseta. Entiende Castellano que la petición del fiscal se ajusta a derecho y, por tanto, hay que solicitar una ampliación del informe de la intervención.
El caso Palau investiga a la exintendente del Palau de Les Arts Helga Schmidt, al exgerente del coliseo Ernesto Moreno, a Pablo Broseta, a Joaquín Maldonado y al letrado José Antonio Noguera Puchol por su presunta relación con el cobro de comisiones ilegales en el coliseo. Respecto de estos tres últimos, la juez sospecha participaron de forma activa en la contratación y gestión fraudulenta de patrocinios para el coliseo valenciano.
Broseta, Maldonado y Noguera Puchol fueron imputados tras recibir una demoledor informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional que no sólo avala el informe de la Intervención General de la Generalitat, que cifraba el desfalco de la exintendente en 508.000 euros, sino que incrementaría considerablemente el dinero que se distrajo de las arcas públicas.
Por el momento, y a falta de las nuevas diligencias, la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de siete años y medio de prisión para la exintendente del Palau de les Arts Helga Schimdt por malversar fondos en el coliseo que dirigió. También le atribuye un delito de prevaricación y otro de falsedad en documento mercantil.
Así mismo, el fiscal reclama ocho años de prisión para el que fuera director financiero Ernesto Moreno; siete años para el presidente del consejo de administración de Patrocini —empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores—, José Antonio Noguera Puchol; siete años de cárcel para el consejero delegado de esta firma, Joaquín Maldonado; y otros siete años para el excónsul de Francia en Valencia y administrador de la sociedad Radcliffe —mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones—, Pablo Broseta.
