La Audiencia de Valencia rechaza el recurso de Alfonso Grau y lo mantiene en prisión

VALÈNCIA. La Audiencia de Valencia ha decidido mantener en prisión provisional, comunicada y sin fianza a varios de los principales acusados de la presunta trama de corrupción urbanística con cobro de mordidas que se investiga en el conocido como caso Azud. 

La Sala ha rechazado los recursos presentados por el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, la empresaria Mónica Montoro y un asesor financiero identificado como Joaquín P. R. Todos ellos seguirán, por tanto, en la cárcel hasta que la juez decida su libertad. Junto a ellos, continuarán el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio y el considerado como centro de la supuesta red de sobornos, el empresario Jaime Febrer. Ninguno de los dos presentó recurso. 

Uno de los motivos que ya expresó la defensa de Grau para pedir su libertad después de la detención fue su delicado estado de salud, ya que tiene casi 80 años. Pero la Audiencia ha avalado los argumentos del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia. El principal fue el riesgo de destrucción de pruebas por parte de los principales detenidos. 

Algo que también llevó a la cárcel en 2019 al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, donde permaneció casi un mes (plazo que ya superan los implicados esta vez). En la primera fase de la operación del caso Azud en ese año, fue arrestado junto su socio Diego Elum por haber cobrado, supuestamente, mordidas procedentes de contratistas del Ayuntamiento de València desde 2006. Una suerte de peaje por su influencia en el consistorio para conseguir o mediar en adjudicaciones y que habrían servido para lucro personal.

Bajo secreto de sumario

Las indagaciones de la Guardia Civil de ese momento desencadenaron nuevas líneas de investigación y llevaron a esta segunda parte con nuevos protagonistas y un total de 14 detenidos. La causa, que fue abierta en 2017 y todavía se encuentra bajo secreto de sumario, se centra en el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas abarcan el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.

La prisión preventiva como medida excepcional ante la posibilidad de que desaparezcan pruebas se ha dado en otros casos recientes como Erial, por el que el exministro Eduardo Zaplana permaneció privado de libertad durante nueve meses en una decisión que generó polémica por su estado de salud. Durante ese tiempo, los investigadores lograron recuperar casi 6 millones de euros procedentes del presunto entramado de mordidas que él habría liderado a través de la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV).