MADRID (EFE). Tras más de un lustro dedicada fundamentalmente a la caída de las antiguas cajas de ahorros, la Audiencia Nacional afronta el 2020 con la atención puesta en los presuntos servicios que "gigantes" del Ibex 35 como Iberdrola o el BBVA, habrían encargado al polémico comisario José Villarejo. Aunque a diferencia del BBVA, la energética, como persona jurídica, no figura entre los imputados, el juez Manuel García Castellón investiga los supuestos contratos suscritos por la compañía y el entramado societario del policía para espiar a ACS, propiedad del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y frenar su intento de entrar en el consejo de Iberdrola.
Por lo pronto, deberá declarar como investigado en esta pieza número 17 quien fuera jefe de seguridad de la multinacional durante cerca de dos décadas, Antonio Asenjo, al que aún no se le ha podido emplazar por cuestiones de salud. Pero la "operación Tándem" acerca de los negocios de Villarejo, que tras dos años se ha saldado, según adelantó La Información, con la apertura de la 21ª pieza sobre los servicios que el policía habría podido prestar a Repsol a fin de evitar que Sacyr se hiciese con el control de su consejo, no será el único frente.
Se esperan novedades en causas de corrupción como la que afecta a la constructora FCC, investigada por el pago de 82 millones de dólares en comisiones para contratos públicos en Panamá. Los representantes legales de las tres filiales comparecieron ante el juez Ismael Moreno el pasado noviembre para explicar los detalles de los desembolsos, efectuados a través de facturas simuladas que la propia compañía denunció ante la Fiscalía Anticorrupción.
Junto a ellos estaba emplazado el representante de una sociedad vinculada a la multinacional brasileña Odebrecht, conocida por su implicación en la homónima trama de corrupción transfronteriza que movió más de 788 millones de dólares en dádivas y con la que se habría concertado FCC en Panamá. Sin embargo, el testigo, clave para el Ministerio Público, no compareció al no haberle podido entregar la citación.
En fase de instrucción se encuentra aún la "operación Hanta" o caso Zed, que desde 2017 investiga, entre otros, al fundador de la tecnológica, Javier Pérez Dolset, por un presunto fraude de subvenciones. Fuentes jurídicas reconocen la complejidad de una causa que este verano daba un vuelco con la imputación del magnate ruso y máximo accionista de la cadena de supermercados DIA, Mijaíl Fridman, al que la Fiscalía ubica en el origen de la insolvencia de Zed.
Según Anticorrupción, el empresario, como accionista, habría propiciado esa situación con maniobras para asfixiar a la tecnológica económicamente y después adquirirla a un "precio irrisorio" por debajo del de mercado. Extremos rechazados por Fridman, que se ha querellado contra Pérez Dolset por falsedad documental y estafa procesal, al entender que éste aportó "con conocimiento de su falsedad y con el fin espurio de inducir a engaño" documentos "falsos" para inculparlo.
El 2019 ha sido un "annus horribilis" para el magnate, pendiente además de cómo avanza la causa sobre las presuntas irregularidades en la compra de DIA. La investigación que dirige el juez José Luis Calama trata de esclarecer si Fridman actuó a través de un "entramado societario criminal" para provocar la caída del precio de las acciones de la cadena y hacerse así con su control a un menor coste.
El pasado octubre, la Audiencia Nacional asumía la causa por indicación del Tribunal Supremo, que en su auto aludía a un informe policial que apunta al ruso -máximo accionista de DIA con el 69,76 % de los títulos- como responsable de una estrategia que generó en la empresa "una situación de conflicto, provocó situaciones de bloqueo y falta de liquidez a corto plazo para que su cotización cayera".
El Alto Tribunal deberá volver a pronunciarse en materia de competencia, esta vez sobre el "dieselgate" o escándalo de los motores trucados de Volkswagen, después de que la organización de consumidores Facua recurriera la decisión del juez Moreno de enviar el asunto a Alemania.
Para la Audiencia Nacional, la sanción de 1.000 millones de euros que se impuso en aquel país al grupo por incorporar a sus motores un software que alteraba a la baja el dato de emisiones del vehículo "impide que se pueda dirimir aquí la responsabilidad penal", sobre todo cuando se ha demostrado el "desconocimiento de los empleados en España de la presunta manipulación". Más enquistada se encuentra la supuesta falsedad contable en Abengoa, que tres años después se mantiene a la espera de la valoración de nuevos documentos.
Todo lo contrario sucede con la causa contra el expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa, actualmente en el banquillo junto a una veintena de personas por ocho delitos, entre ellos, falseamiento de cuentas, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible y uso de información relevante.
La Fiscalía solicita para él 28 años de cárcel por los presuntos artificios con los que habría ocultado la millonaria deuda del grupo, que en 2013 acudió al preconcurso. El calendario prevé sesiones hasta el próximo 26 de marzo, si bien no se descarta que se añadan nuevas fechas por el elevado número de implicados y la dificultad de las pruebas.