La Audiencia Provincial de Valencia ve en el caso Tele 7 “vehementes indicios de presunta corrupción”

VALÈNCIA. La Audiencia Provincial de Valencia señala que no es posible el sobreseimiento del denominado Caso de Tele 7 al considerar que que sí existen indicios de los hechos denunciados que “podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, de fraude a la administración pública y un delito de malversación de caudales públicos”. En su escrito, igualmente, revoca —al igual que hizo el Ministerio Fiscal hace unas semanas— el sobreseimiento provisional aprobado por la titular del Juzgado número 3 de Gandia e insta a la juez a proseguir con la causa. 

En su auto, la Audiencia Provincial señala que “no se puede, bajo ningún concepto, confirmar el sobreseimiento del procedimiento, cuando hay vehementes indicios de presunta corrupción”. En su escrito, además, señala que Inversiones Especiales del Mediterráneo SL está “estrechamente relacionada con el propio alcalde”. 

La Audiencia, además, destaca un informe aportado por Bankia en el que se recoge el organigrama de empresas que el exalcalde de Gandia, Arturo Torró, tenía en 2014. Entre ellas está “Propul S.A.” en la que figura “Inversiones especiales del Mediterráneo”, la mercantil que gestionaba Tele7.

Por todo ello, la Audiencia Provincial ha estimado los recursos de apelación interpuestos por el ex alcalde de Gandia, José Manuel Orengo, y el que fuera portavoz socialista, Vicent Mascarell, además del Ayuntamiento de Gandia y el Ministerio Fiscal, que instó a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia dejar sin efecto el sobreseimiento del Caso Tele 7 acordado en noviembre de 2016 y, además, solicitaba la declaración judicial en calidad de investigado a Ricardo Manuel Faura Vidal, quien fuera administrador único de Comarques Central Televisió.

Además, exige a la juez que practique las diligencias solicitadas por los recurrentes y no deja lugar a dudas que se va a producir un juicio oral: “procediendo la práctica de las diligencias solicitadas por los recurrentes, particularmente, por el Ayuntamiento de Gandia y por el Ministerio Fiscal, y todo ello, con la máxima celeridad que la legalidad requiere hasta la apertura de juicio oral, salvo que las diligencias que practique desvanecieran por completo los fundados indicios racionales de criminalidad hasta ahora evidenciados”.

Cabe recordar que se investiga las adjudicaciones del gobierno de Arturo Torró a dos grupos de televisión en 2012, cuando el Partido Popular arbitró un sistema para dar una subvención pública de 3,5 millones a dos televisiones privadas a través de Iniciatives Públiques de Gandia (IPG): Comarques Centrals Televisió S.L e Inversiones Especiales del Mediterráneo S. L (Tele 7).