La juez cita a Puigdemont este jueves y le da tres días para depositar una fianza de 6,2 millones

VALÈNCIA. (EP). La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido este martes la querella de la Fiscalía General del Estado por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los 13 consejeros de su Gobierno, a los que cita a declarar como investigados para los próximos 2 y 3 de noviembre a las nueve de la mañana para fijar las medidas cautelares pertinentes contra ellos.

Además de las citaciones, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acuerda en su auto, tal y como pedía el Ministerio Público en la querella, fijar a los 14 querellados una fianza de 6.207.450 euros con apercibimiento de embargo si no la depositan en el plazo de tres días.

La magistrada ha ordenado también que se incorporen a la causa las copias de diferentes acuerdos adoptados por el Parlament en los últimos meses, así como los últimos decretos del Govern en relación con el proceso secesionista de Cataluña.

La querella de la Fiscalía fue presentada ayer ante la Audiencia Nacional y llegó al Juzgado de Lamela porque precisamente era el que estaba de guardia esta semana. Así, la magistrada tenía dos opciones: o asumir ella la instrucción o enviar el escrito a reparto entre los diferentes juzgados del tribunal.

Finalmente, la jueza se declara competente para instruir el caso y decide incorporar esta investigación, como pieza separada, a la causa por sedición que ella misma dirigía y por la que envió a prisión provisional a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

La jueza opina que la querella del Ministerio Público expone de manera "seria, racional y lógica los motivos que le llevan a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación".

Medidas cautelares ante la gravedad de los hechos

Así, Lamela afirma que "existen factores para determinar la necesidad de adoptar medidas cautelares de carácter real" ante la "gravedad y complejidad de los hechos aparentemente delictivos en este proceso", que, tal y como expone la Fiscalía en su querella, se remonta al 9 de noviembre de 2015, cuando arrancó el plan independentista en el Parlament.

Conforme al relato expuesto por el fiscal en su escrito, la magistrada considera en su auto que los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una república catalana independiente de España, en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado, por lo que puede encajar en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno y, por tanto, sería competencia de la Audiencia Nacional.

"La finalidad última de las acciones que atribuye a los querellados era conseguir la celebración del referéndum para la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto, y en particular de la Constitución", explica.

Aparente cobertura de legalidad

Atendiendo a lo dispuesto por la Fiscalía en su querella, Lamela expone que desde enero de 2016 hasta septiembre de 2017, los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, y en particular Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras, consiguieron la aprobación de leyes y resoluciones que iban dirigidas a dotar de aparente cobertura normativa al proceso de separación.

Al igual que el Ministerio Público, la magistrada asegura que los querellados intentaban "dar una apariencia de legalidad a las etapas del proceso de desconexión", amparándose especialmente en la actuación de los movimientos populares, ya que el objetivo era crear en la ciudadanía "un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas que justificara la desobediencia de la sociedad".

En este sentido, la jueza destaca un documento de la ANC del día 12 de abril de 2015, fecha en la que era presidenta de esta entidad Carme Forcadell, en el que se planteaba el escenario de celebrar elecciones constituyentes como proceso previo a la independencia de Cataluña.

Afirmaba este escrito que ante la posibilidad de que la Generalitat fuera intervenida, la ciudadanía tenía que emerger como agente político, trabajando en tres líneas prioritarias: mantener la actividad normal del país, ensanchar la base social favorable a la constitución del nuevo Estado y organizar movilizaciones masivas, pacíficas y, cuando sea necesario, espectaculares.

Sobre la utilización de los Mossos d'Esquadra por parte del Govern, la magistrada se hace eco del papel que otorga la Fiscalía a este cuerpo policial tras la declaración de independencia y expone que se buscaría utilizar esta "fuerza armada" contra quienes intentaran hacer efectiva la vigencia de la Constitución en Cataluña.

"Los querellados urdieron una estrategia de lo que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles, entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal y a la posterior declaración de independencia aprobada el pasado día 27 en el Parlament", indica el auto.