La Comisión Europea pide que se devuelva todo el dinero pagado de más, algo que rechazó el Supremo porque pondría en peligro la solvencia del sector financiero
VALENCIA (VP/EFE). La banca española podría verse obligada a devolver a sus clientes con hipotecas cantidades que suman más de 12.000 millones de euros, si el Tribunal de Justicia de la UE hace caso a la recomendación de la Comisión Europea (CE), que le ha pedido que las entidades devuelvan todas las cantidades cobradas de más con las llamadas cláusulas suelo. Estas cláusulas, incluidas en numerosos contratos hipotecarios, han impedido a los clientes beneficiarse de una rebaja de los tipos de interés a partir de determinado tipo nivel, generalmente el 3% o el 3,5%.
Ante la diversidad de criterios de jueces y tribunales de toda España, el Tribunal Supremo fijó una postura el pasado mes de mayo, según la cual los clientes que hubiesen logrado una sentencia firme que anulase su cláusula suelo por información no transparente tenían derecho a que el banco les devolviese lo cobrado indebidamente, pero solo desde el 9 de mayo de 2013. Esa es la fecha de la primera sentencia en la que el Supremo estableció la nulidad de esta cláusula.
Sin embargo, la CE defiende la retroactividad, desde la firma del contrato, de las cláusulas suelo que hayan sido declaradas nulas, lo que supondría devolver a los clientes las cantidades cobradas de más por su banco desde la firma de la hipoteca. Así lo entendían también algunos jueces españoles, que habían trasladado sus dudas al Tribunal de Justicia de la UE.
La Comisión Europea sostiene que el cese en el uso de una determinada cláusula nula por abusiva como consecuencia de una acción individual ejercitada por un consumidor "no es compatible con una limitación de los efectos de dicha nulidad".
Esto se traduce en que los expertos de la Comisión Europea creen que la decisión del Tribunal Supremo de declarar abusivas las cláusulas suelo de las hipotecas de BBVA, Cajamar y Novacaixagalicia -hoy rebautizada como Abanca- a partir de mayo de 2013 se opone al derecho comunitario.
En aquella sentencia, el Alto Tribunal argumentó que no debía imponerse la retroactividad, lo que hubiese supuesto la devolución del dinero cobrado de más a los clientes, porque eso pondría en peligro la solvencia de un sector financiero que acababa de ser rescatado con 40.000 millones de dinero público.
Ahora, una vez conocida la opinión de Bruselas al respecto, el Tribunal de la Unión Europea debe posicionarse y ver si defiende igualmente la retroactividad de las cláusulas suelo anuladas por el Supremo.
Según la asociación Adicae, que defiende a unos 15.000 afectados en un macrojuicio que está pendiente de fallo en el juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, el impacto de las cláusulas suelo en las economías familiares oscila entre los 2.155 y los 4.276 euros al año, para hipotecas de entre 150.000 y 250.000 euros. Atendiendo a la evolución histórica del Euríbor, las claúsulas suelo empezaron a perjudicar a los clientes entre finales de 2008 y principios de 2009, es decir, con un aumento paulatino del dinero pagado de más a medida que bajaba el Euríbor.
Teniendo en cuenta que la cláusula suelo media asciende al 3,5%, el tipo de interés que se aplica como consecuencia de los suelos es, según esta asociación, entre un 200% y un 426%. Considerando la diferencia entre aplicar la cláusula suelo media y Euribor +1 o +0,5, para una hipoteca de 150.000 euros, una cláusula suelo media tiene un impacto de entre 213,84 y 179,66 euros mensuales; para una de 200.000 euros, entre 285,12 y 239,54 euros mensuales, y para una hipoteca de 250.000 euros, entre 356,40 y 299,42 euros mensuales.
Tomando el caso de una hipoteca media de 200.000 euros con cláusula suelo del 3,5%, aplicada a 2 millones de hipotecas, Adicae concluye que cada mes la banca "recauda ilegítimamente" entre 570 y 479 millones de euros. Esto significa unos 12.000 millones de euros cobrados de más (500 x 12 meses x 2 millones de hipotecas) solo en el último año, a lo que habría que añadir lo de años anteriores. El País estima que puede alcanzar los 20.000 millones.
En declaraciones a Valencia Plaza, el abogado valenciano Ricard Torres, letrado de la asociación Apabanc, explicó este lunes que la mayoría de despachos especializados en asuntos bancarios llevan demandas por este asunto, generalmente de poca cuantía, aunque es muy difícil calcular cuánta gente podría beneficiarse si el Tribunal Europeo confirma lo que pide la CE, y mucho menos la cuantía total.
Fuentes jurídicas consultadas por Efe destacan que la propia Comisión Europea considera que para preservar la seguridad jurídica, la protección que otorga la directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas tiene como límite infranqueable la cosa juzgada, de tal manera que los casos que hayan sido decididos por los tribunales no podrán ser modificados. En este sentido, aquellas entidades y clientes cuyas situaciones hayan sido resueltas por sentencia judiciales firmes no podrán ser modificadas.
Sin embargo, en paralelo y desde hace tres meses, la banca española aguarda con expectación la respuesta que debe dar la juez de lo Mercantil número 11 de Madrid a la macrodemanda interpuesta por 15.000 afectados por las cláusulas suelo, muy consciente de que probablemente decida eliminarlas. Los expertos consideran que además la magistrada podría tener en cuenta ahora la opinión de la Comisión Europea y abogar por la retroactividad de las polémicas cláusulas suelo, en contra del criterio del Gobierno.
El pasado 24 de junio quedaba visto para sentencia el procedimiento abierto en 2010 a raíz de la demanda formulada por Adicae, que inicialmente se dirigió contra 101 entidades bancarias, que después quedaron en 35 fruto de los procesos de fusión.
De ellas, BBVA, Cajamar y Abanca, por la sentencia del Supremo y, posteriormente, Banesto y Barclays, dejaron de aplicar estos umbrales que impiden al hipotecado beneficiarse íntegramente de las rebajas del euríbor.
Al margen de estas entidades, otras como Bankia y CaixaBank han optado por eliminarlas de los préstamos hipotecarios de sus clientes, si bien otros bancos como Sabadell o Popular se resisten a hacerlo con el argumento de que ellos las vendieron correctamente.