La batalla de los interinos llega al Ayuntamiento de València a la espera de una sentencia europea

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València no está al margen de la ofensiva que está llevando a cabo el funcionariado interino en todas las administraciones españolas para acabar con lo que consideran una discriminación respecto a los funcionarios de carrera. A mediados del pasado mes de julio, 26 interinos del consistorio presentaron un escrito al gobierno municipal, y en concreto a la delegación de Personal que dirige Luisa Notario, pidiendo la equiparación de sus plazas a la de los funcionarios de carrera. Peticiones que se suman a las que meses atrás realizaron decenas de interinos para conseguir la consolidación de sus plazas.

El colectivo de interinos está en toda España a la espera de un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que podría ser histórico al forzar a la administración española a convertirlos automáticamente en funcionarios de carrera, reconociendo así la discriminación que denuncian estos trabajadores públicos, especialmente aquellos que llevan encadenando contratos temporales durante largos períodos de tiempo. 

El Estatuto Básico del Empleado Público no permite que un interino pueda cubrir una plaza vacante durante más de tres años, pero en el Ayuntamiento de Valencia hay quien lleva 30 años en esta situación. El consistorio valenciano cuenta con más de 1.100 trabajadores interinos, una parte de ellos de larga duración. Ahora bien, entre las reclamaciones de equiparación a las plazas de funcionario de carrera, hay de todo: tanto interinos de larga duración, como de menor.

Según el INE, podría haber hasta 200.000 interinos en toda España que han superado el período máximo de tres años. Son estos precisamente los que reclaman con mayor ahínco la consolidación de su plaza. Quien está liderando estas reclamaciones a nivel nacional es Javier Araúz, abogado del Estado en excedencia. Lleva entre manos más de 5.000 casos de interinos contra la Administración, y en València ciudad reconoce estar llevando varias decenas. Además, realiza charlas y conferencias para informar acerca de la situación laboral de los interinos y sobre las acciones que se están poniendo en marcha para poner remedio.

En un principio, las reivindicaciones de los internos pasaban por que la Administración reconociera su antigüedad como empleados públicos a la hora de presentarse en unas oposiciones. Ahora, este estadio del debate ya se ha superado y lo reclaman es directamente convertirse en funcionarios fijos. Que se consoliden sus plazas. 

Se basan en una directiva europea aprobada en 1999 que pide fijar un marco "para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada". Es por ello que los interinos que llevan encadenando contratos temporales años y años podrían ver cómo el TJUE falla en su favor y obliga a las administraciones españolas a convertirles en fijos. Además, dicha directiva europea establece que "no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada".

Quien deberá gestionar ahora las exigencias de los interinos en el Ayuntamiento de València es la concejala de Personal, Luisa Notario, que sustituye en el cargo a Sergi Campillo, de quien fue asesora el pasado mandato. Notario lo tiene claro: el Ayuntamiento acatará la sentencia dictada por el TJUE. Pero por el momento, prefiere ser prudente y esperar a dicho fallo.

Campillo, explica que a finales del mandato se acordó con los sindicatos "esperar a ver qué dice la sentencia". "Estamos hablando de centenares de personas en el Ayuntamiento, es una decisión difícil", sostiene Campillo, y la sentencia de la justicia europea "puede cambiarlo todo". "Es un problema que hemos heredado, pero al que sin duda haremos frente", sentencia el concejal, quien opina que "es una situación injusta para estos cientos de interinos".

El edil apunta que "es una situación que han creado las administraciones" y que ha sido "una mala política". Ahora bien, insiste en que las administraciones locales no pueden acarrear con la culpa porque han estado "constreñidas" por la legislación nacional que impedía la contratación de personal por la tasa de reposición y no han podido consolidar estas plazas.

Además de las 26 reclamaciones que en julio recibió la concejalía, durante las próximas semanas podrían recibirse más. Las exigencias podrían incluso subir un escalón y pasar a la vía contencioso-administrativa. Cuando haya fallo europeo, si es favorable a los interinos, la conversión de las plazas beneficiarán a aquellos que hayan demandado antes de su posible cese, pero si la demanda llega tras abandonar la plaza, sólo se podrá acceder a una indemnización, según auguran los despachos de abogados.

La sentencia europea, en otoño

La batalla judicial de los interinos contra las administraciones españolas ya parece estar a punto de concluir. Se espera que a finales de septiembre o en octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dirima sobre las reclamaciones del personal interino. Ahora la clave está en conocer la posición del abogado general, que acostumbra a marcar la senda del fallo definitivo. Iba a dejarla clara a mediados de julio, pero la retrasó hasta el 5 de septiembre.

Quienes ya han evidenciado su posición son los abogados representantes de la Comisión Europea, quienes censuraron el abuso de la temporalidad en el empleo público español y advirtieron que las administraciones públicas españolas no pueden ampararse en la legislación nacional para nombrar personal temporal para atender necesidades permanentes. Asimismo, denunciaron que en España no existen medidas sancionadoras para garantizar la mencionada directiva europea.