VALÈNCIA. En la última reunión del año celebrada este jueves, el comité ejecutivo y la junta directiva de la CEV han acordado pedir al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto del Patrimonio por considerar que se trata de un impuesto desfasado en el tiempo, único en su modo a nivel europeo, y confiscatorio en su efecto.
Tal y como recoge el informe de la Confederación “Propuestas para una fiscalidad más competitiva”, la CEV propone la eliminación de este impuesto para que el tributo nunca tenga el carácter de confiscatorio. La tarifa del impuesto en ocasiones es superior a la rentabilidad del propio activo –bien o derecho-, resultando el tributo confiscatorio y, por tanto, de dudosa constitucionalidad.
Por otra parte, y a propuesta del presidente de la CEV, Salvador Navarro, el presidente de ATA en la Comunitat Valenciana, Alberto Ara, ocupará la décima vicepresidencia de la organización. Así lo han acordado han acordado hoy sus órganos de gobierno, después de que la Asamblea General de la organización acordase ampliar de nueve a diez el número de vicepresidencias en la reunión celebrada el pasado mes de noviembre.
Por otro lado, dada la coyuntura actual, los órganos de gobierno de la Confederación, se han mostrado contrarios a la subida del salario mínimo interprofesional y a una posible reducción de la jornada laboral a 32 horas.
La CEV considera que, aunque es esencial llegar a un acuerdo en el marco del diálogo social, no es momento de plantear un aumento del salario mínimo que con toda probabilidad afectaría a los sectores más castigados por la crisis económica derivada de la pandemia, como el sector agrario, la hostelería o el comercio. El SMI, ha subido este año un 5,5% y el año anterior ya lo hizo un 22,3%, al pasar de 736 a 900 euros.
Respecto a la jornada laboral, existe el compromiso de estudiar la propuesta de 32 horas si el Gobierno la presenta en la mesa de diálogo social, pero la CEV considera que, al igual que ocurre con el SMI y dada la difícil situación que atraviesan las empresas no es momento para plantear este cambio. Igualmente sostiene que, teniendo en cuenta la composición del tejido empresarial español y de la Comunitat, compuesto mayoritariamente por pymes y micropymes y con preponderancia del sector servicios, estas propuestas son irreales para la inmensa mayoría de las empresas en términos de productividad y costes laborales.
El comité y la junta directiva han mostrado también su preocupación por el incremento del gravamen del 10 al 21% a las bebidas azucaradas y edulcoradas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2021.
La subida del IVA a este tipo de bebidas:
La CEV insiste en que las empresas de la cadena agroalimentaria de la Comunitat Valenciana son empresas innovadoras; están presentes en el Plan para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y están comprometidas con el Código PAOS. Asimismo, advierte de la falta de evidencia cierta sobre la efectividad de este impuesto para lograr el fin último que persigue —mejorar la salud y reducir los índices de obesidad— y recuerda que países como Dinamarca o Eslovenia han eliminado el impuesto por los efectos negativos que tiene sobre la actividad económica, el empleo o la equidad.
Por último, el presidente de la CEV ha informado a los órganos de gobierno acerca de la sentencia del Tribunal Supremo que, con fecha de 17 de noviembre, declara la inadmisión del recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de fecha 8 de mayo de 2019, que exoneraba a la CEV de cualquier responsabilidad frente a los despidos de personal de la anterior Confederación autonómica al considerar que no existía sucesión de empresas entre ambas.