VALÈNCIA. La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) alzó la voz este martes para afear lo que denominó una "contraprestación arbitraria" por parte del Gobierno de España hacia Cataluña. La patronal autonómica se refirió en estos términos a la inversión anunciada por el presidente Maria Rajoy, que informó en una visita a la comunidad autónoma que el Ejecutivo invertirá un total de 4.000 millones de euros en el tren de cercanías hasta el año 2025 y que el Corredor Mediterráneo a su paso por la región se finalizará en la primavera de 2020.
En este sentido, la confederación presidida por Salvador Navarro puso sobre la mesa la inversión que necesita la Comunitat en el mismo apartado, el del trasnporte ferroviario cercanías. "La CEV trabaja en un informe sobre las infraestructuras necesarias para el desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana. Concretamente, para mejorar la movilidad ciudadana a través de la red ferroviaria de cercanías resulta imprescindible la ejecución de las infraestructuras cuyo coste asciende a 5.144 millones de euros", cifraron.
La CEV agregó que las infraestructuras "son un condicionante -cuando no un determinante- del crecimiento sostenible de los territorios y del consiguiente bienestar de sus habitantes". "Exigimos equidad en la partida de inversiones regionalizables y que éstas no sean utilizadas como contraprestación arbitraria en pago a apoyos políticos. Demandamos inversiones acordes a nuestra aportación al PIB y habitantes y pedimos a los políticos valencianos y a toda la sociedad civil valenciana un cierre de filas en la defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana y sus ciudadanos", explicó la organización.
Preguntadas al respecto, fuentes de la Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio afirmaron en la misma línea que han reclamado al Gobierno en diversas ocasiones "que se distribuyan los recursos de manera equitativa entre las diferentes comunidades autónomas".
"En este sentido, hay que destacar la situación de discriminación que sufre la Comunitat Valenciana en materia de infraestructuras con un déficit inversor importante y, prueba de ello, es que la ratio de licitación desde 2012 a 2016 la Comunitat Valenciana fue del 5'04% muy inferior al 11% del PIB que representa esta autonomía. Una situación que se une a la situación de infrafinanciación que sufrimos", afirma el departamento que dirige la socialista María José Salvador.
"Por ello pedimos al gobierno central que en los presupuestos generales del estado que presentarán en breve corrijan la desigual distribución de los recursos presupuestarios para que las inversiones alcancen el 11% en consonancia con el PIB y la población de la Comunitat Valenciana", subrayan, y exigen que "no solo se refleje en los presupuestos la inversión y las prioridades que corresponden a esta Comunitat sino que también ejecuten esas inversiones, ya que, por ejemplo, en 2015, el nivel de ejecución fue de un 35%".
La consellera ha mantenido reuniones con el Ministerio de Fomento para abordar las infraestructuras prioritarias contempladas en la Agenda Valenciana de Infraestructuras que el presidente Ximo Puig trasladó al actual ministro. En este documento se contemplan las actuaciones irrenunciables para la Generalitat con una inversión que no sea inferior a los 1.100 millones de euros para los próximos presupuestos. Para acabar así con la discriminación histórica que sufre esta Comunitat.
"Entre las infraestructuras irrenunciables para la Comunitat está la ejecución del Corredor Mediterráneo, la modernización de la línea Sagunt-Teruel-Zaragoza o la mejora de los servicios de Cercanías con nuevas líneas y la remodelación de infraestructuras existentes. Además, también se reclama la liberalización de la AP-7 y el plan de conexiones con la red de carreteras existentes o la subvención para el transporte metropolitano con una cantidad no inferior a los 38 millones de euros, tal y como reciben otras autonomías", detallan.