VALÈNCIA. La Ciudad de la Justicia de València tiene dos entradas. La principal cuenta con un arco de seguridad por el que los ciudadanos están obligados a pasar y con unos tornos por los que, con una tarjeta, funcionarios y profesionales de la Justicia entran sin necesidad de pasar por el arco. La segunda puerta, la trasera, por la que los usuarios pueden salir pero no entrar y los funcionarios y profesionales entran y salen enseñando su carné. Una seguridad menor que la de otros edificios judiciales como la Ciudad de la Justicia de Barcelona o la Audiencia Nacional.
Hasta ahora, porque después de que la Conselleria de Justicia haya destinado cuatro millones de euros a dotar las dependencias judiciales valencianas de aparatos que mejoren la seguridad, la Guardia Civil ha redactado un protocolo de seguridad que entrará en vigor el próximo 1 de julio.
El nuevo protocolo obliga a los profesionales -abogados, procuradores y trabajadores sociales- a entrar únicamente por la puerta principal y, además, a pasar por un arco de seguridad y escáner "debidamente señalizado y acreditado a tal efecto", diferente del de los ciudadanos que acuden ocasionalmente al edificio.
Los funcionarios y personal con tarjeta identificativa accederán por la puerta principal a través de los tornos, sin pasar por los arcos, como hasta ahora. En cuanto a la puerta trasera, queda reservada a personal con tarjeta identificativa a través de los tornos.
El cambio de criterio ha escamado y el malestar en los colectivos afectados no se ha hecho esperar. Un conocido abogado de menores valenciano ha enviado una carta de protesta a la decana del Ilustre Colegio de Abogados (ICAV), Auxiliadora Borja, quejándose de que el ICAV no les había informado. El letrado mostraba su "más profundo malestar" con la circunstancia de haberse enterado no por el Colegio, sino por otra vía.
Valencia Plaza, que ha tenido acceso a esta carta, se puso este miércoles en contacto con Auxiliadora Borja, quien explicó que había hablado con el letrado enfadado y le había explicado que la Conselleria de Justicia no advirtió al ICAV. "Nos enteramos el martes por una notificación y esta mañana hemos enviado la información a los compañeros", aseguró.
Dicha información reza: "Se ha informado al Colegio por parte de Gerencia de la Ciudad de la Justicia de las normas de seguridad que se implantarán a partir del próximo día 1 de julio en la Ciudad de la Justicia de València, así como calendario de las sesiones informativas que tendrán lugar, para los diferentes colectivos. Desde la Junta de Gobierno del Colegio se está trabajando, para defender los intereses de los compañeros y compañeras y, evitar trastornos en el ejercicio de nuestra profesión".
Para Auxiliadora Borja el conflicto no se queda solo en las complicaciones de entrada al edificio, sino que van mucho más allá. "Hemos pedido informes médicos, porque cada vez que se pasa por el arco de seguridad se recibe radiación y los profesionales entramos y salimos muchas más veces al día que los funcionarios. Sentimos que consideran que hay personal de primera y personal de segunda".
Este periódico preguntó a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien aseguró que ordenó una reunión con todos los colectivos que se puedan ver afectados. De hecho, los colegios profesionales están convocados para el próximo día 28 de junio.
En cuanto a la nueva normativa, que trastoca el histórico trasiego de abogados y procuradores con un permiso para el acceso libre, Bravo manifestó: "Son normas de seguridad que no decido yo, sino las personas que están al frente de la seguridad, en este caso la Guardia Civil".