La CNMC realiza 14 recomendaciones sobre el marco normativo de la economía colaborativa

VALENCIA. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha convertido en una de las férreas de defensoras de la economía colaborativa en un contexto en el que las administraciones públicas estrechan el cerco sobre plataformas y prestadores del servicio o "ciudadano productor", como lo llaman en el entorno colaborativo. Estas recomendaciones de Competencia llegan en un monto en el que la presión empieza a ser fuerte.

Por ejemplo, esta semana la Generalitat de Cataluña anunciaba que 502 expedientes a apartamentos turísticos ilegales se habían resuelto con multas que sumaban más de dos millones de euros y en el caso de las plataformas de viviendas turísticas 146 expedientes informativos por falta de publicidad del número de identificación del registro de turismo de Cataluña, mismo motivo por el que han abierto expedientes en la Comunitat Valenciana.

"Creemos que el informe de la CNMC sobre economía colaborativa incomodará a muchos sectores tradicionales", aseguraba Nacho Mas, conector de Ouishare en Valencia, y no fue muy desencaminado, al menos por las conclusiones preliminares que han surgido de la consulta pública que realizó la institución. "El análisis llevado a cabo en el estudio de la economía colaborativa en España identifica la existencia de numerosas ventajas derivadas del desarrollo de nuevos modelos", asegura el documento. 

"La existencia de una serie de restricciones innecesarias o desproporcionadas en la normativa horizontal y sectorial, en particular, de los sectores de transporte y alojamiento, impide que los usuarios se puedan beneficiar de manera plena de los potenciales beneficios que se derivan de una mayor entrada y de la eliminación de las barreras en el ejercicio de distintas actividades", concluye. Y es que la CNCM ya ha pedido en numerosas ocasiones retirar a nivel nacional y autonómico normativa que pone trabas a las viviendas turísticas y los VTC, instrumentos con los que funcionan plataformas como AirBnB o Cabify. 

Estas son las 14 recomendaciones de la CNMC sobre economía colaborativa: 

#1. Regulación económica eficiente por la administración

La CNMC apunta a la necesidad  de que la administración estatal, autonómica y local revise la legislación tras el desarrollo de numerosas plataformas colaborativas pero insiste en que esto no debe impedir su desarrollo y critica que en España no se haya iniciado ningún proceso de revisión sistemático en los mercados donde se está detectando con mayor fuerza las innovaciones disruptivas. De hecho, las Administraciones Públicas están aplicando, generalmente de manera automática y más restrictiva, la regulación existente. Según la CNMC, este automatismo regulatorio está dificultando o impidiendo la entrada de nuevos operadores en el mercado, con la consiguiente pérdida de bienestar para la sociedad española.

A esto suman que la legislación no debe dificultar a los "ciudadanos productores" el poder realizar esta actividad, por lo que los trámites y procedimientos para cumplir con las obligaciones tributarias y laborales no pueden generar un coste excesivo, tanto económico como de tiempo, que desincentive su participación en el mercado. Además, da la razón a la reinvindicación durante todo este tiempo de las plataformas digitales, y es que el que los  intercambios económicos colaborativos estén digitalizados permite una trazabilidad y mayor transparencia de las transacciones económicas, que debe ser aprovechada por las Administraciones Públicas. Por ejemplo, en varios países se han realizado convenios con las plataformas para la obtención de información sobre las transacciones realizadas. 

#2. Colaboración de la CNMC con los órganos judiciales

La CNMC entiende que debido a la diversidad de formas en las que se manifiesta el fenómeno colaborativo hace que se puede presentar un elevado número de conflictos entre los agentes que participan en este tipo de transacciones económicas y otras partes interesadas como las que se vienen dando contra Blablacar o Cabify. Por ello la CNMC, en el marco de su especialización y competencias, muestra su disponibilidad para colaborar con los órganos judiciales en relación con la economía colaborativa y las nuevas plataformas de internet.

Reconoce que está siendo habitual, en numerosas jurisdicciones del mundo, la alegación de competencia desleal hacia estas plataformas pero destaca que incluso en los casos específicos se determinase la existencia de dicha conducta, existen mecanismos que se aplican ante conductas anticompetitivas en todos los mercados que generan menores distorsiones en el mercado que la prohibición o acceso limitado al mercado.

#3. La administración debe incorporar a las estadísticas oficiales la economía colaborativa

Actualmente, existe una carencia de datos oficiales de la actividad de empresas y plataformas de economía colaborativa en España y se desconocen los números con tanta precisión como en otros segmentos tradicionales del sistema económico que determinen la penetración y el impacto de la economía colaborativa en los distintos sectores y en la economía en su conjunto. Por ello, recomiendan a las Administraciones Públicas la incorporación a las estadísticas oficiales.

#4. Portabilidad de las reputaciones entre plataformas

La CNMC destaca que los sistemas de reputación que funcionen bien pueden reemplazar a métodos legislativos tradicionales, por lo que es posible evitar la certificación o señalización, algo que permite eliminar costes regulatorios. Por ellos recomiendan a la administración que antes de introducir regulación relativa a estas plataformas o mercados tengan en cuenta los mecanismos ya existentes.

En este caso, a las plataformas les piden que no consideren la reputación de los usuarios como exclusivas ya que esto es una barrera de entrada y salida de las mismas al tener que levantar una nueva reputación en cada uno. Para ello, piden que la reputación sea transferible entre plataformas ya sea entre distintos mercados o bien entre plataformas que compitan en el mismo mercado, siempre que no suponga el intercambio de información relevante.

#5. Recomendación a las asociaciones de consumidores y usuarios

Pero la CNMC no se queda ahí, sino que apremia a las asociaciones de consumidores y usuarios para que utilicen los comentarios y la reputación para detectar de forma más eficiente situaciones de fraude o desprotección del consumidor. 

#6. Mayor libertad de acceso al mercado de viviendas de uso turístico

Las viviendas de uso turístico es uno de los mercados que más polémica está generando. Por ello piden eliminar moratorias en la autorización de nuevas viviendas turísticas. También eliminar la inscripción de las viviendas turísticas en un registro y la publicación del número como obligatorio para llevar a cabo la actividad ya que todos estos requisitos implican un exceso de trámites administrativos que suponen un carga regulatoria que pueden desincentivar.

A esto suman la eliminación de cualquier tipo de requisito de estancia mínima o máxima, la limitación del tipo de vivienda o cualquier prohibición por localización y eliminar la prohibición del alquiler de una vivienda turística por estancias o de la residencia permanente, ya que sería impedir de una forma innecesaria una asignación más eficiente de los recursos infrautilizados.

#7. Mayor libertad en la actividad de las viviendas turísticas

Entre las restricciones también piden eliminar los requisitos técnicos innecesarios o desproporcionados relativos a accesorios de la vivienda y equipamiento mínimo. "Estos requisitos pueden generar valor añadido a la vivienda, que permita su diferenciación en el mercado, pero en ningún caso pueden constituir una obligación para el ejercicio de la actividad", asegura. Concretamente aluden a tener que disponer de wifi, perchas homogéneas, microondas, suficentemente amueblados, enseres o servicio de alojamiento correcto.

Tampoco cree en las dimensiones mínimas y capacidad que deben tener las distintas estancias, disponer de un plano de la vivienda visado por el colegio profesional o la asistencia telefónica. A esto suman la eliminación de la obligación de una placa distintiva en el exterior de la vivienda indicando que es vivienda turística o el tener por obligación que cumplimentar un libro-registro ya que existen método más ágiles con los que intercambiar información. 

#8. Seguimiento estadístico a la vivienda turística

Destaca que las viviendas de uso turístico no están consideradas dentro de las estadísticas de oferta de alojamiento que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) ni en otras estadísticas oficiales, a pesar de que su representatividad en la oferta es cada vez más importante, lo que hace que no sea posible contar con una imagen completa del sector del alojamiento en España que permita evaluar adecuadamente la evolución de las distintas modalidades y su impacto en el mercado.

Los únicos datos de los que se dispone en la actualidad provienen de estudios privados que ofrecen una gran disparidad en cuanto a su cuantificación. Por eso, a fin de contar con una medición fiable e independiente de esta modalidad de alojamiento se recomienda establecer por parte la autoridad competente una nueva categoría que se añada a las actualmente existentes.

#9. Mayor libertad de acceso al mercado de taxi y VTC

El Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) es el recurso al que se acogen plataformas como Cabify para hacer la competencia al taxi. Para esta modalidad pide eliminar cualquier restricción de acceso que suponga la imposición de una limitación acorde con el número de taxis, eliminar restricciones geográficas, establecer cuantías proporcionadas en las coberturas de los seguros obligatorios y eliminar la obligación de disponer de un número mínimo de vehículos para poder realizar la actividad de VTC, ya que supone una barrera de entrada al mercado.

#10. Mayores libertades en el ejercicio de la actividad de taxi y VTC

Para poder ejercer la actividad con VTC pide eliminar aquellos requisitos de calidad y seguridad que resulten innecesarios o desproporcionados para el ejercicio de la actividad tales como dimensiones mínimas del vehículo, potencia mínima, antigüedad máxima, limitación a modelos concretos de vehículo, o equipamiento mínimo ya que implican una limitación de la oferta y un coste regulatorio que puede estar repercutiendo en un mayor precio para los usuarios finales.

A esto suman eliminar los horarios obligatorios y regímenes de descanso en el sector del taxi, eliminar la limitación de titularidad de las licencias a personas físicas o cooperativas de trabajo, del número de licencias por persona y la posibilidad de que haya conductores distintos al titular de la licencia o eliminar la prohibición de arrendar, traspasar o ceder la explotación del vehículo. También eliminar la autorización administrativa por vehículo para realizar la actividad de VTC y eliminar la obligatoriedad de que los VTC deban ser contratados previamente para poder circular en vías públicas en busca de clientes.

#11. Eliminación de las tarifas reguladas en el sector del taxi

La existencia de tarifas reguladas, ya sea mediante tarificación fija o tarifas máximas, está contemplada en toda la normativa del servicio de taxi en España. La aparición de nuevas tecnologías en forma de aplicaciones móviles, sistemas de reputación y nuevas formas de contratación ha reducido enormemente los costes de búsqueda, información asimétrica y el mayor poder de negociación del conductor frente a los consumidores, que podían justificar, en un contexto de restricción de entrada, la existencia de tarifas. 

Bajo estas nuevas circunstancias, asegura que una eliminación de las tarifas reguladas generaría una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado de forma que los precios serían un reflejo de la escasez del mercado, pudiendo reducir los precios en aquellos momentos donde la demanda sea menor y aplicar precios mayores en momentos de mayor demanda. Por eso, recomiendas precios libres que se ajusten a las circunstancias del mercado.

#12. Limitar la participación de las organizaciones el sector antes de tomar decisiones administrativas

Curiosamente también recomiendan limitar la participación de las asociaciones y organizaciones representativas del sector del taxi y VTC con carácter previo a la adopción de decisiones administrativas. "La existencia de información asimétrica entre los operadores y la Administración, ya que los primeros poseen más información sobre el mercado y pueden tener incentivos a participar en el proceso aportando una información parcial o sesgada, hace que puedan favorecerse intereses distintos al interés general", aseguran.

Destacan que este tipo de mecanismos de consulta presentan un elevado riesgo de derivar en un sistema de autorregulación o corregulación, en la medida en que la Administración que ostenta la potestad regulatoria tenga en cuenta los intereses de estas asociaciones de forma predominante, no adoptando una regulación socialmente óptima.

#13. Mayor libertad de acceso al mercado de transporte regular de viajeros en autobús

En el sector del autobús pide eliminar la concepción automática de toda línea de autobús como servicio público de titularidad de la Administración sujetas a un régimen concesional de monopolio temporal para su explotación. Asegura que la opción general y más alineada con el interés general debería ser la prestación del servicio de transporte de viajeros en competencia, con la mera exigencia de una autorización o declaración responsable.

#14. Creación de una mesa de seguimiento de la economía colaborativa

La rápida evolución de este fenómeno económico y los numerosos sectores a los que implica hace aconsejable, para la CNMC, un foro para el análisis de la economía colaborativa que fomente la regulación económica eficiente de las actividades económicas en las que se está produciendo la entrada de las diversas plataformas y que detecte, proponga y elimine barreras a la innovación.