La CNMC  y la economía colaborativa: ¿qué opinan las diferentes partes?

VALENCIA. La economía colaborativa debe ser regulada o al menos establecer una orientación que permita a las empresas que siguen esta tendencia esclarecer su futuro. Por ello, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia decidió lanzar una consulta pública con el fin de esclarecer qué piensan las partes implicadas y elaborar una conclusión global. Hasta el momento, el sector del taxi ha sido el que más ha criticado este tipo de empresas por 'competencia desleal' mientras que otro tipo de servicios también están destacando, como el de las plataformas de alojamientos turísticos. De hecho, AirBnB ha vuelto a ser multada en Barcelona con 60.000 euros por anunciar pisos turísticos ilegales.

"Nuestra apuesta es que el resultado va a incomodar a muchos sectores tradicionales", aseguraba Nacho Mas, de Ouishare Valencia en una entrevista a Valenciaplaza.com. También es curioso recordar lo que opinaba la CNMC respecto al tema en su blog en 2014. Ahí ya manifestaba que las ventajas de la economía colaborativa son "indudables". Mencionaba la asignación más eficiente de los recursos infrautilizados, efectos favorables a la competencia que obliga a los proveedores tradicionales a innovar y reducir márgenes y precios, menores costes de transacción, reducción de problemas de información asimétrica, efectos medioambientales positivos, mayor facilidad para detectar bases imponibles por parte de las administraciones tributarias y mayor oferta para el consumidor. 

"Desde la CNMC se valora muy positivamente los efectos beneficiosos para la competencia que puede traer la economía colaborativa", aseguraba. ¿Y qué recomendaba? "La ausencia de regulación podría ser, en algunos casos, la solución óptima", apuntaba. También recordaba que es necesario regular pensando en el interés general, no en el interés de un grupo de operadores económicos, que solo habría que regular de forma proporcionada si existen fallos de mercado y que la respuesta por parte de las autoridades no tiene por qué consistir en más regulación para los nuevos entrantes, sino que podría suponer reducir los requisitos para los operadores tradicionales cuando éstos sean innecesarios o desproporcionados.

De hecho, trataba dos temas clave. Por un lado, en el sector del trasporte, apuntaba a la externalidades medioambientales positivas, que la informática en los procesos mejoraría el control fiscal y la calidad del servicio podría mejorar por la mayor competencia. En el caso del alojamiento turístico valoraba los sistemas de evalución mutua entre usuarios y proveedores. Pero esto fue en 2014, y desde entonces se han sucedido muchos acontecimientos. Pero, ¿qué han aportado los actores esenciales  a la consulta impulsada por la CNMC? Aquí algunas claves de las respuestas que se han hecho públicas. 

Asociación Española de Economía Digital

La Asociación Español de Economía Digital apunta a que la Ley de Garantías de Unidad de Mercado debería ser tenida en cuenta en la definición de las legislaciones autonómicas sobre estas materias. Todo ello teniendo en consideración el componente digital que caracteriza la oferta de este tipo de servicios. La disparidad de legislaciones en las distintas autonomías puede suponer un obstáculo o barreras para el normal desarrollo de los negocios. También destaca la necesidad de abordar el tema de los servicios profesionales en el hogar para el que piden deducciones fiscales de los particulares por los gastos por estos servicios y piden una figura de micro-autónomo, siendo personas paradas, retiradas del mercado del trabajo o asalariados que combinan su trabajo con la realización de tareas puntuales gracias a este entorno digital.

Están a favor de regular, pero también de enmendar ineficiencias en la regulación vigente. También proponen regular los mecanismos o sistemas de verificación y reputación utilizadas por las plataformas para que sean uno de los elementos clave para determinar la responsabilidad a las plataformas en lugar de otros elementos que pueden no estar bajo su control. 

En el caso de los apartamentos turísticos destacan no se puede pedir a un particular lo mismo que a un hotel. "Debe probablemente pedir una licencia y por supuesto declarar los ingreses a Hacienda o el pago de una tasa turística pero en modo alguno se le debe obligar a tener inspecciones como las de los hoteles", apuntan. "El sector del transporte es más complicado. De nuevo, la regulación debe ser proporcional. Sería necesario y clave que los actores de las diferentes plataformas y todos aquellos que intervengan en la economía colaborativa declaren los ingresos obtenidos a través de esta actividad y regular de forma clara el aspecto fiscal".

Confederación Española de Alojamientos Turísticos

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) apunta a la no referencia a normas como prevención de riesgos laborales, limpieza de piscinas, residuos, higiene alimentaria y una larga lista de normas que actualmente deben cumplir estos alojamientos. También apuntan a la necesidad de regular, pero sin hacer de manera excesiva para no ocasionar más costes a los usuarios.  "El hecho de regular la economía colaborativa del sector permitiría una mayor rentabilidad de las propiedades inmobiliarias, así como la apertura de una nueva vía a la inversión mediante la creación de empresas, lo que ocasionaría una reactivación de la actividad económica y, por ende, del crecimiento del empleo", apuntan.

"El principal problema que se plantea ahora mismo es la institucionalización de la alegalidad", critican. "Desde2008 existe empresas que han venido promoviendo esto sin reacción por parte de laAdministración. Desde 2013 se produce una modificación en la Ley de Arrendamientos Urbanos que literalmente “saca” esta materia de su ámbito competencial pero las Administraciones autonómicas en vez de regular, tanto para proteger al que ya está como para dar garantías al que quiere entrar, literalmente se han quedado paradas". 

Para las plataformas piden regular el aspecto fiscal, laboral, la protección de datos, el respeto a los derechos de los consumidores y usuarios, el régimen de responsabilidad (la figura del intermediario y su naturaleza jurídica) y la solicitud de autorizaciones y licencias. Es curioso que también piden un desregulación para el sector hotelero. Concretamente piden eliminar requisitos como la obligación de la aplicación de convenio hotelero a la totalidad de trabajadores que prestan el servicio en el establecimiento, el establecimiento de metros mínimos respecto de la superficie de habitaciones y de zonas comunes o la obligación de contar con un garaje en la proporción al número de habitaciones. De hecho, critican que mientras que el sector hotelero está totalmente regulado el de las plataformas está totalmente liberalizado. "Lo que resulta injustificado es que dos servicios sustituibles deban soportar obligaciones totalmente diferentes", insisten.

Albert Cañigueral, experto en consumo colaborativo

Albert Cañigueral, autor del blog 'Consumo colaborativo', del libro Vivir mejor con menos y conector de Ouishare, apuntaba en su respuesta a la CNMC la necesidad de hacer un análisis en el que se incluyera la legislación en otros países, además del punto de vista del ciudadano. 

"Cabe destacar la necesidad de regular al actor principal de la economía colaborativa, que no son las empresas ni los sectores verticales tradicionales, sino que es el ciudadano creador que activa aquello que tiene y saber hacer para generar fuentes de ingreso", asegura. Recuerda que está apareciendo la figura del micro-autónomo dentro de la "gig economy", en un entorno de trabajo mucho más orientado a los freelancers que trabajan por proyectos a tiempo parcial y que además activan otros mecanismos para generar ingresos y para intercambiar valor. 

"Al igual que no es lo mismo lo que se exige a una cadena de TV Digital con licencia administrativa y difusión por UHF que un canal de YouTube, no deberia ser lo mismo loque se exige a una persona con 1 habitación que a un hotel con 20+ habitaciones", apunta. También apunta a la necesidad de si es necesario regular ámbito como responsabilidades y deberes de las plataformas como intermediarios, al igual que se hizo con el comercio electrónico, cierta interoperabildad técnica entre las soluciones ofertadas sin perjucio a la competencia (por ejemplo con un protocolo de e-mail). También que las empresas intermediarias garanticen de alguna manera la prestación del servicio comunes mínimos, sobretodo si se puede acercar a la prestación de un servicio público como el transporte de pasajeros).

Además, en cuanto a la legislación actual, apunta a la excesiva legislación en el sector del taxi y los precios excesivamente elevados de las licencias, al limbo que hay en cuestiones de sub-alquiler de habitaciones, por ejemplo, a estudiantes, la necesidad de legislar en todo el territorio por igual y tener en cuenta si es mejor legislar o hacer un código de buenas prácticas.

Las organizaciones del taxi

Las organizaciones del taxi apuntan directamente a Uber y alegan que "pervierte" el sistema de economía colaborativa, al que califican como "falso transporte colaborativo". Alegan que este modelo no aporta ninguna novedad tecnológica que no aportaran antes aplicaciones dirigidas al sector del taxi. "No es preciso regular más ni mejor; es preciso cumplir y hacer cumplir la ley", aseguran. Además, apuntan a las dificultades para hacer un control efectivo sobre el sector.

"La economía o consumo colaborativo no requiere al menos en materia de transporte de una regulación específica, salvo la que se pueda dictar para ayudar a controlar las actividades de las aplicaciones (apps) y operadores que son ilegales como Uber y su servicio Uber Pop, y facilite a los servicios de inspección y control cumplir y hacer cumplir la normativa existente como debe producirse en un Estado de Derecho", aseguran.