València es pionera y va más allá de lo marcado por el CGPJ pasando de la violencia de género al género en la violencia
VALÈNCIA. El presidente de la Audiencia Provincial de València, Fernando de Rosa, presidió este jueves la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género, un órgano surgido a iniciativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que debe implantarse en todas las audiencias provinciales para mejorar la respuesta institucional ante esta lacra social, ahondar en la prevención y detectar posibles errores en el sistema de atención y protección a las víctimas.
De Rosa informó a Valencia Plaza que la comisión de la provincia de València será pionera e irá más allá de lo que demanda el CGPJ, pues los valencianos incluirán cualquier caso de violencia contra la mujer por razón de género, y no solo aquellos casos que se puedan enmarcar dentro de la ley integral. Así, la comisión valenciana también incluirá la trata de blancas, la prostitución o las agresiones sexuales.
De Rosa, que junto con la vocal del CGPJ, Carmen Llombart, representan uno de los tándems más combativos contra la violencia de género apuestan por una mesa de trabajo que tendrá cuatro reuniones anuales obligatorias, más todas las extras que sean necesarias. En la comisión están el poder judicial, la Fiscalía, los forenses, los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, la Federación de Municipios y Provincias, las consellerias de Igualdad y Justicia, el Colegio de Abogados e incluso hay representación de instituciones penitenciarias.
En cuanto a incluir todo de tipo de violencia, el magistrado explicó que “hay que superar la violencia de género y llegar al género en la violencia. Pues este tipo de violencia existe no solo cuando son pareja sino cuando se ejerce por el hecho de ser mujer. Hay que hablar de perspectiva de género y acabar con las contradicciones en los fallos judiciales”.
Preguntado por cómo se puede hacer eso, Fernando de Rosa dijo que “hace falta hacer una reforma en el Código Penal que abarque todos aquellos delitos que tengan que ver con la perspectiva de género y que, dichos delitos, sean tratados por los juzgados especializados”. Y añade “pretendo que se ayude a cualquier mujer que sea agredida por el hecho de ser mujer”.
En cuanto a los medios, el juez deslizó la posibilidad o bien de que se creen más juzgados especializados o, por otro lado, que se haga un estudio de número de casos que pasarían de una jurisdicción penal a la otra y que se reconvirtieran algunos juzgados de instrucción en juzgados especializados. Por eso, y mientras no cambie la ley, la comisión valenciana sí incluirá el resto de delitos que sufren las mujeres por el mero hecho de ser mujer.
De Rosa y Llombart explicaron que el CGPJ está estudiando la mejor forma de imponer la obligatoriedad de especialidad en los juzgados que atiendan casos de violencia contra la mujer, es decir, instrucción, penal y Audiencia Provincial. Dicha especialidad se hará a través de un examen oposición como los que se realizan para obtener las especialidades de mercantil, civil o social.
Así, para poder acceder a uno de estos juzgados será necesario haber aprobado dicho examen y no como ahora que para instrucción hay que hacer un curso de 15 días, pero para la Audiencia Provincial y el penal no se necesita nada. Este cambio, dice De Rosa, viene determinado porque “en el pacto contra la violencia de género que se firmó, se habla de la necesidad de una especialización real y no solo a través de un curso”.
Preguntado por qué les diría a las personas que ponen en duda la eficacia de la Ley Integral o que directamente, como hace el partido ultraconservador Vox, piden su derogación, el presidente de la Audiencia Provincial de València es rotundo: “a quien pone en duda la ley integral lo invitaría a venir un día a la guardia y a los juicios para que así comprobaran que existe un plus de peligrosidad”.
Sobre la nueva comisaría de Gabriela Bravo en los juzgados, Fernando de Rosa explica que “no debe ser solo policial. Debería haber psicólogos, asistentes sociales etcétera que coordinen los recursos. Una mujer maltratada no puede ir de aquí para allá pues se produce una doble victimización”.