La comisión de garantías de Podemos admite “irregularidades” en las contrataciones del partido

VALENCIA. Podemos se enfrenta en la Comunitat Valenciana a una serie de problemas internos que vienen calentando la futura asamblea ciudadana que determinará la hoja de ruta de la formación morada así como la dirección que debe llevarla a cabo. Un cónclave que se celebrará tras el proceso estatal que tendrá lugar en febrero.

Así, tal y como ha informado este diario, el secretario general autonómico, Antonio Montiel, se mide a un relevante grupo de dirigentes críticos con su gestión. Una situación que ya ha dado paso a diversos rifirrafes orgánicos que han ido creciendo en los últimos meses.

En este sentido, hay que añadir el conflicto derivado de determinadas contrataciones del partido del que ya informó Valencia Plaza semanas atrás, que desembocó en una manifestación más bien minoritaria pero cuyas conclusiones no son nada desdeñables. Así, el dictamen de la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos, un órgano que a priori debería ser en cierta medida transigente con la dirección que lidera Montiel, admite "irregularidades" en el proceso de contrataciones que acometió el partido en el mes de noviembre.

El texto no tiene desperdicio, dado que apunta casi  a una decena de hechos relevantes que no deberían de haberse producido en la selección. El primero, y posiblemente más grave, se refiere a la negativa por parte del Consejo de Coordinación de Podemos a facilitar la documentación que le solicitaba la Comisión de Garantías. "Resulta imposible conocer en profundidad cómo se han resuelto los diferentes procesos de selección de personal, debiendo elaborar el presente dictamen con la documentación que se ha remitido, que no es, ni mucho menos, completa", refleja el dictamen, que subraya que en la normativa interna de Podemos -artículo 12.III.4- se recalca que satisfacer este tipo de solicitud es "inexcusable".

A partir de ahí, el informe de la comisión enumera "diversas irregularidades que merecen ser resaltadas": 

-La comisión reconoce una de las quejas principales presentadas en la que se señala que el proceso fue convocado "sin prácticamente antelación". Así, la convocatoria fue enviada por correo electrónico en fecha 9 de noviembre de 2016 sobre las 14 horas y fijaba como fecha límite el día 11 de noviembre: apenas 48 horas de margen.

-El dictamen refleja que resulta "cuanto menos llamativo" que en el proceso de selección del área de Cultura se requieran aspectos que, a priori, están "poco conectados con la propia cultura" como la "capacidad de análisis político y análisis de discurso". 

-Se pone también el acento desde la comisión a la "indefinición" con la cual se requiere la titulación mínima para aspirar al puesto de trabajo. "Formación universitaria o acreditación equivalente de conocimientos artísticos, administrativos y de discurso político", señala.

-La resolución de la comisión también subraya que el propio Consejo de Coordinación admite que las convocatorias fueron elaboradas "por los propios responsables de las diferentes áreas involucradas en los procesos de elección". Es más, ponen negro sobre blanco que la responsable del área de Cultura es "familiar" de la persona que "finalmente se contrató" y que, añade, la responsable "formaba parte de la comisión que se encargaría de contratar a esta persona".

Una serie de argumentos por las que la comisión se permite indicar que se creó un puesto de trabajo "ad hoc en el caso del área de Cultura".

Pero hay más. El informe apunta a otras cuestiones llamativas en el proceso tales como la no coincidencia en las puntuaciones de los diferentes candidatos y la existencia de dos actas; y otro tipo de valoraciones por parte de la responsable del área de Cultura -que se ausentó en el momento de la entrevista- sobre las cualidades del candidato finalmente elegido. Un compendio de argumentos por los que la comisión considera que se han producido "claras irregularidades" en el proceso de selección de personal del área de Cultura.

Por otro lado, la comisión también pone el foco en los puestos a cubrir por la Secretaría de Organización. Unas plazas para las que se exigió inicialmente el "dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales" y que, posteriormente, pasó a un criterio más laxo: "Dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales o compromiso de alcanzarlo progresivamente en el plazo que cada puesto de trabajo precise".

Un cambio de criterio que, a juicio del dictamen de la comisión, deja "en una posición de inferioridad a las personas que sí conocen el valenciano". "No es lo mismo conocer valenciano que el compromiso a aprenderlo", sentencia el texto elaborado por Garantías, desde donde añaden que no se observa "ningún motivo" por el cual "modificar el criterio de necesidad de conocer ambas lenguas oficiales".

En esta línea, desde la comisión también se reseña otra de las quejas interpuestas referentes a la aparición de una prueba escrita para un puesto en lugar de una entrevista tal y como se había programado. "Los candidatos asistieron ese sábado con la intención de realizar una entrevista pero se encontraron sin saberlo con una prueba escrito que requiere de una distinta preparación", explican, además de adjuntar jurisprudencia que respalda este argumento.

Por último, el informe realizado por el citado órgano de Podemos recuerda que al "carecer de toda la información" sobre el resto de procesos, se "ignora si se seleccionó al personal de acuerdo a las disposiciones estatuarias o al Código Ético". 

Con todo ello, el dictamen final de la comisión reconoce la existencia de "algunas irregularidades" que podrían "vulnerar el principio de igualdad de todos los participantes, por lo que se requiere al Consejo de Coordinación para que se respete en todas las contrataciones dicho principio, dando cuenta de este dictamen a la comisión competente, al Consejo Ciudadano de la Comunitat Valenciana y a la Comisión de Garantías Estatal". Cabe recordar que el citado organismo no tiene competencias para anular el proceso de contrataciones y, tras un dictamen como este, debe ser el Consejo de Coordinación (controlado por Montiel y su entorno) quien emita un expediente sancionador.