VALÈNCIA (EP). La Comissió Ciutat-Port ha presentado ante el Ministerio de Fomento, la Autoridad Portuaria de València (APV) y la Conselleria de Transición Ecológica alegaciones contra el proyecto de ampliación norte del Puerto de València en la que se exige su paralización, así como del concurso de adjudicación de la nueva terminal de contenedores. En caso contrario, recurrirán ante los tribunales el concurso por "infracciones medioambientales y administrativas".
Los portavoces de esta comissió, integrada por los colectivos Per l'Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistas en Acció, l'Associació de Veïns Natzaret y la Plataforma El Litoral Per al Poble, han dado este lunes una rueda de prensa contra este proyecto que "se salta la legislación vigente" y "apenas generará puestos de trabajo pero provocará graves riesgos medioambientales" y puede afectar a un parque natural como l'Albufera.
Además, denuncian que la APV, para hacer atractiva la propuesta, se compromete a unas inversiones públicas cercanas a los 3.000 millones, contando con las conexiones viales y ferroviarias hasta la nueva terminal, de forma que la "inversión privada" de 800 millones es "bastante más limitada" de lo que se decía. De igual modo, aseguran que tampoco se prevé que sea una fuente de empleo ya que la nueva terminal será automatizada.
Al respecto, el abogado y uno de los fundadores de Per l'Horta, Antonio Montiel, ha advertido de que se trata de un concurso "temerario" y "un salto mortal" ya que si finalmente se adjudica conforme al proyecto actual y posteriormente un tribunal resuelve que no contaba con la Declaración de Impacto Ambiental preceptiva (DIA) la empresa concesionaria puede pedir una indemnización por "daños y perjuicios", con el consiguiente coste para las arcas públicas, sin ni siquiera haber realizado ninguna inversión.
El portavoz de la plataforma Per l'Horta, Josep Gavaldà, ha explicado que el problema de raíz es que el proyecto de ampliación norte del Puerto contó con una DIA elaborada en 2006, pero que el anteproyecto constructivo de 2018 ha modificado "sustancialmente" por "una pura especulación" para poder recibir megabuques de hasta 24.000 TEUs cuando se trata de un buque que "aún no existe".
Para ello, se prevé la demolición de infraestructuras existentes, se aumenta los dragados y el material adicional de relleno de 19,5 millones de m3 a más de 21,3 m3 lo que requiere una DIA especial al sobrepasar los 20 millones. Además, se amplía el dique de abrigo y la configuración de muelles.
El presidente de Acció Ecologista Agró, Jorge Mateos, ha criticado la carrera "ilógica" entre los distintos puertos del Estado por ver quién es el más grande "sin ninguna planificación" que además de "las nefastas consecuencias medioambientales" puede acarrear "una burbuja inmobiliaria". Por ello, ha señalado que los políticos deben replantearse "qué tipo de modelo económico queremos" y si quieren hacer de España "un país portuario".
Además, el portavoz del los vecinos de Natzaret, Julio Moltó, ha recordado que el conflicto entre València con su puerto viene de 1986 cuando se pactó "sacrificar" el sur para que gane el norte, con lo que este barrio "se quedó si playa, al tapar la desembocadura histórica del cauces provoca continúas inundaciones y se ha acabado con zonas de huerta "sin ninguna compensación".
En ese sentido, ha agradecido al alcalde de València, Joan Ribó, que exija por "prudencia" una nueva DIA, pero señala que también reclaman que entre en el fondo del asunto y exija una moratoria del proyecto y un debate público "en igualdad de condiciones".
Para evitarlo, han presentado unas alegaciones ante Fomento y a la APV en las que piden información sobre el estado de evaluación medioambiental y redacción del nuevo proyecto de ampliación norte del Puerto frente a la "opacidad" con que se está llevando a cabo el proyecto.
Asimismo, se reclama a la APV que realice unos estudios y actuaciones complementarias, que se disponga el inicio de los trámites para una nueva evaluación ambiental y que, en el caso de que se persistan en las actuaciones, se inicien asimismo los trámites para la modificación previa de la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto.
Por último reclaman la suspensión cautelar del concurso mientras que se recaban los informes jurídicos para analizar las condiciones de una eventual renuncia en el Consejo de Administración de la APV.
Asimismo, han presentado alegaciones a la conselleria, aunque no tienen competencia, para que inste al ministerio a que cumplan con estas peticiones.
En el caso de que no fueran atendidas, pide a la conselleria que "requiera formalmente la intervención del Ministerio de Transición Ecológica para la exigencia a la APV del cumplimiento de la legalidad medioambiental y, en su caso, para la apertura del expediente sancionador que fuese procedente".