La consellera Bravo no garantiza los días pendientes a los funcionarios de Sanidad

VALENCIA. La segunda reunión de la Mesa General de Negociación de la Función Pública terminó sin acuerdo unánime a la propuesta realizada por la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, y el equipo del Gobierno valenciano.

El punto de discrepancia se centró en la recuperación del derecho a días adicionales del permiso de asuntos particulares del personal sanitario (llamados 'canosos' por los funcionarios). Así, desde el Gobierno valenciano se admitió la imposibilidad de asegurar la concesión de estos días a seis meses vista, una posición que, según fuentes presentes en el encuentro, impidió el acuerdo de todas las fuerzas sindicales.

Así, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) fue quien con mayor firmeza se opuso al respaldo de la propuesta al considerarla "discriminatoria" para el personal sanitario dado que esta recuperación de la totalidad de los días de 2015 adeudados sí se producirá en el resto de sectores.

Por otro lado, desde esta organización lamentaron que Bravo hubiera comenzado la sesión anunciando la retirada del decreto de prolongación de la vida laboral, que no irá incluida en la Ley de Acompañamiento. De este modo, criticaron desde este sindicato, "se desdecía de su propuesta anterior, que apoyó CSI·F porque implica reconocer un derecho al trabajador de ampliar su trayectoria profesional y de permanecer en activo".

Por su parte, la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES) tampoco firmó la propuesta del Gobierno valenciano. Según explicaron fuentes presentes en la Mesa, desde esta organización se valoró el "esfuerzo" hecho por el Consell y apuntaron su deseo de abstenerse, lo cual reflejaron dejando sin rubricar el acuerdo.

Reintegro de la paga extra

 Por otro lado, con este acuerdo que sí firmaron el resto de fuerzas sindicales del órgano de la Función Pública: FSP-UGT, Intersindical y CCOO, se avanza otro paso hacia el reintegro de parte de la paga extra suprimida en 2012 a los empleados públicos, así como la recuperación de los días adicionales por antigüedad, tanto de vacaciones como de asuntos propios.

El preacuerdo establece que la devolución "se realizará de modo que se garantice a todo el personal al que se le detrajo, junto el importe ya devuelto, una recuperación equivalente al 50 por ciento del importe efectivamente dejado de percibir por dicho concepto" y, además, compromete a la Administración a que "el abono de las cantidades que procedan a durante el ejercicio de 2015".

En relación con el reintegro de la paga extra al personal al servicio de la Administración de Justicia, "el abono de las cantidades pendientes de devolución se llevará a cabo, adoptando las medidas que procedan, para que sea efectivo en el mes de enero de 2016".

En un comunicado, UGT PV valoró el acuerdo, "que garantiza la devolución del segundo 25% de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 que fue injustamente confiscada y suprimida por el consell de Fabra y el gobierno de Rajoy".

Por su parte, Intersindical recalcó que el acuerdo supone "el fin de los recortes a los empleados públicos impuestos por decreto por el Gobierno". "Además, constituye "un reconocimiento explícito de una situación de injusticia mantenida en la que se ha querido responsabilizar a los empleados públicos de la situación de crisis".