VALENCIA. Las cláusulas sociales en los pliegos de la administración valenciana ya son una realidad y los primeros en ponerse en marcha han sido vicepresidencia del Consell y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. A pesar de que es Transparencia quien debe coordinar que estos criterios lleguen a todos los departamentos de la Generalitat, el cariz social de esta conselleria ha hecho que sea la pionera en la administración valenciana.
Para ello, crearon un grupo de trabajo con el fin de revisar los pliegos e introducir unas cláusulas sociales que favorecieran nuevas fórmulas de gestión socialmente responsable. Ahora, con el nuevo marco general en materia de contratación en las manos, ya cuenta con el informe favorable de Abogacía de la Generalitat para aplicarlo en las futuras licitaciones.
Con criterios generales para todas las licitaciones, el pliego de cláusulas sociales reduce el peso del precio en las adjudicaciones y se compensa con otros criterios objetivos relacionados con la calidad, como pueda ser el ofrecer más servicios a los usuarios de los que se detallan en el pliego técnico o una inversión en el mantenimiento de los centros. Otros aspectos que se primarán en los procesos de contratación serán la introducción de innovaciones tecnológicas o la formación de los trabajadores. Estas decisiones se han tomado con el fin de que también puedan optar empresas más pequeñas a quien les se más difícil competir por la parte económica.
No obstante, la inclusión de estas cláusulas no es algo estanco, sino que será cada Dirección General quien, con este marco, deberá hacer su propuesta en cada contrato que se saque a licitación en función de las características y necesidades que tengan cada uno de los sectores que se ven afectados por su gestión. Eso sí, existen dos criterios que sí serán de igual aplicación en todos y cada uno de los pliegos. Uno de ellos es que las cláusulas sociales son “una condición especial de exención del contrato” para el contratista, lo que significa que su incumplimiento es causa justificada para la resolución contractual.
El otro aspecto es que se amplían los criterios de desempate incluyendo criterios sociales. Por ello, tendrán preferencia en la adjudicación las empresas de inserción, en particular las orientadas a la inserción laboral de menores internos, cuya situación les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial, así como los que se encuentran en situación de libertad vigilada y los ex internos, así como jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes del Sistema de Protección de Menores.
También será cuestión de desempate las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato. En este supuesto el órgano de contratación podrá requerir de estas entidades la presentación del detalle relativo a la descomposición del precio ofertado en función de sus costes.
Tendrán también preferencia en la adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo las proposiciones presentadas por aquellas entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo. Del mismo modo, lo tendrán aquellas empresas o entidades que cumplan con el requisito de tener contratadas a mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Todas las cláusulas de carácter social han sido establecidas desde la Conselleria de Transparencia, competente en esta materia.
La secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas apunta a que el objetivo es “desmercantilizar” el sector y poner “en el centro la calidad de las prestaciones al usuario”, avanzando en la política de “rescatar personas” que constituye el eje central del Consell del Botànic.
Casas, que durante estos meses se ha reunido con las empresas del sector para recoger sus propuestas, destaca que la revisión de la política de contratación es una cuestión “prioritaria” para el actual Ejecutivo que quiere evitar que los concursos de adjudicaciones se conviertan en “subastas”.
La puntuación del actual sistema de contrataciones contempla en un 50% el coste de los servicios y en el otro 50% cuestiones valorativas, que según Casas, no se ajustan a parámetros actuales, y por lo tanto es necesario revisar y actualizar para que realmente se prime “la calidad” en la atención de los usuarios.
También destaca la necesidad de “cambiar las sinergias” que actualmente rigen la “maquinaría de la Administración”, y que en ocasiones resulta “muy pesada”, lo que dificulta la introducción de cambios en los procesos de contratación.