La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. Cuando la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, asumió la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, se encontró con una cartera llena de herencias y cuestiones a resolver. Con problemas enquistados como una política en derechos sociales por cambiar, la líder de Compromís ha conseguido que su departamento sea el que más crezca en los próximos presupuestos de la Generalitat Valenciana.
La Consellería de Oltra incrementa en 2018 un 13,8% su presupuesto hasta alcanzar los 1.194,7 millones de euros. Un aumento que tiene razón de ser en cuestiones básicas y que son los proyectos estrella de su departamento como la puesta en marcha de la nueva Renta Valenciana de Inclusión, que contará el primer año de su implantación con una partida de 88 millones de euros.
De momento, la ley que la regula está en fase de enmiendas en Les Corts. Y, según la conselleria, esta renta "centraliza todo en una sola ayuda", por eso "este año desaparecen por primera vez como tal las ayudas para la pobreza energética y pobreza infantil".
Como novedad, y para combatir la violencia de género y machista, el departamento de la vicepresidenta del Consell ha incrementado en 12 millones las líneas destinadas a este cometido. De esta manera, se trabajará en políticas que ayuden a cumplir con los compromisos fijados en el Pacto contra la Violencia de Género y Machista, que se presentó el pasado mes de septiembre y al que ya se han sumado universidades, sindicatos y buena parte de la sociedad civil valenciana.
Algunas de las líneas destinadas a esta materia son los 2,6 millones de euros para "contratar agentes de igualdad por las entidades locales de la Comunitat Valenciana con el fin de promover e integrar la igualdad en las políticas municipales". También hay presupuestados 600.000 euros para ayudas a entidades sin ánimo de lucro "para realizar programas dirigidos a mujeres en situación o riesgo de exclusión social". Asimismo se prevén 850.000 euros en ayudas para mujeres víctimas de violencia de género "con insuficiencia de recursos y especiales dificultades para la obtención de ocupación", entre otras partidas.
La dependencia es una de los grandes escollos a los que se enfrenta la Conselleria de Oltra. Con una lista de espera de los anteriores ejecutivos populares de 45.000 personas, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, según sus datos, había integrado en el sistema a 37.000 solicitantes. Sin embargo, el crecimiento de la demanda de esos servicios hacía que a fecha de 31 de marzo de este año hubiesen 17.000 solicitudes pendientes. Un tapón que la vicepresidenta quiere agilizar con un incremento de presupuesto, ya que forma parte de uno de sus ejes principales de su departamento.
Así, en esta materia, se alcanzan los 247,588 millones de euros para financiar "las prestaciones económicas del Sistema Valenciano de Dependencia, reconocidas en el Programa Individual de Atención de las personas dependientes".
Pero la dependencia no ha sido el único contratiempo para Oltra. La gestión en los centros de menores estuvo rodeada de polémica el pasado mes de mayo. Tras realizar 16 inspecciones en centros, se hallaron situaciones de "desamparo" en algunos de ellos. Escenas que iban desde niños y adolescentes que vivían con "moho y humedades", hasta los que comían "comida caducada" o dormían con colchones en el suelo.
La polémica obligó a incrementar el número de inspectores para revisar en cuántos centros tutelados por la Generalitat se estaban dando situaciones de este tipo. Ahora, la conselleria ha contemplado distintas partidas para mejorar en la gestión de este área. Algunas de las dotaciones más significativas son los 4,8 millones de euros para subvencionar gastos de funcionamiento de centros de día de menores de titularidad privada; 235.000 euros para financiar el centro de recepción y acogida de menores Penyeta Roja (uno de los centros inspeccionados el mes de mayo) ; 2,18 millones de euros para la reforma de centros de atención a menores en la red de centros de las tres provincias; ó 12 millones para la supervisión y control de los centros de acogida.
