La Conselleria 'zen', de meditación hasta el 20D

“Lo peor no es que te pidan muchos papeles o informes, lo peor es que te piden uno y, cuando ya lo tienes, te piden el siguiente, y hasta que no llevas ese otro no se dan cuenta de que te faltaba un último informe... ¿No los pueden pedir todos a la vez?”. El empresario que así se expresa, trasunto de monsieur Sans-Délai, sospecha, y no es el único, que en algunos departamentos de la Generalitat hay una actitud deliberada de retrasar determinados proyectos, no tanto porque no les gusten como por la mala imagen que piensan que puede reportarles aprobar un proyecto de grandes dimensiones, de grandes inversores, de muchos millones de euros y de, según ellos, poco empleo. Poco empleo porque en esos ámbitos políticos está extendida la idea de que cuando una gran empresa invierte y crea muchos puestos de trabajo está provocando la desaparición de muchas pequeñas empresas y, por lo tanto, apenas crea empleo neto. Lo de la competencia tampoco lo tienen muy asumido.

Señalan los empresarios a las áreas que controla Compromís, especialmente de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, más conocida en algunos círculos como la Conselleria zen. Cinco meses de contemplación y meditación no han sido suficientes para que el departamento que dirige Rafa Climent se ponga manos a la obra, más allá de aprobar los domingos y festivos hábiles para el comercio en 2016 -porque tocaba- y de poner palos en algunas ruedas, como las de Feria Valencia o Primark, otra gran empresa llegada de Irlanda que se está desesperando con la falta de agilidad de la administración para conseguir la licencia comercial de su macrotienda en el centro de Valencia.

No le va a la zaga la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, también en manos de Compromís. El departamento que dirige Elena Cebrián acumula una lista de proyectos que no avanzan porque necesitan un informe de impacto ambiental que debe realizar la Comisión de Evaluación Ambiental. Lo sorprendente es que esa comisión no se ha constituido todavía –su reglamento se aprobó el viernes–, pero puede que les dé tiempo a ponerla en marcha antes de Navidad. Y si no, después. Total, ¿qué prisa hay? Las tiendas de Bauhaus y Decathlon en Alfafar pueden esperar porque, además, el poco empleo que puedan crear se lo van a quitar a los honrados pequeños comerciantes. Y Puerto Mediterráneo, lo mismo.

Lo de estas dos conselleries sería de escándalo si no fuera porque el resto de la Generalitat tampoco es que destaque por su actividad, sí por sus anuncios. No hay más que contar las veces que Ximo Puig ha anunciado una demanda contra el Gobierno por lo de la infrafinanciación, y ni siquiera tiene el informe que encargó hace meses a la Conselleria de Justicia. ¿O sí lo tiene? El DOCV es la evidencia de la escasa producción normativa de un Gobierno que tiene que cambiar muchas cosas. Las ruedas de prensa de los plenos del Consell serían un drama –como lo eran las de Pepe Císcar y sus informes para tapar la falta de contenido– si no fuera porque la televisiva Mónica Oltra siempre da juego.

Algunos empresarios tienen la esperanza de que todo esto cambie después del 20D, sea cual sea el resultado de las elecciones. Alguien les ha hecho llegar que algunas cosas se retrasan porque su aprobación puede enturbiar la campaña electoral de Compromís-Podemos. Eso se acaba el 20D, que está ahí. Mientras tanto, “vuelva usted mañana”

Otra mala noticia judicial

El Tribunal Supremo ha consumado la burla a la justicia que han llevado a cabo algunos imputados del caso Gürtel que aprovecharon –todo legal, oiga– su condición de aforados para retrasar aún más la hora de sentarse en el banquillo y de que se haga justicia. Primero fue Milagrosa Martínez la que retrasó in extremis su vista oral y la del resto de acusados durante un año. Agotó su condición de aforada hasta unos días antes del comienzo del juicio y alegó su condición de no aforada para que el proceso saliese del TSJCV. La jugarreta no coló, pero obligó al Supremo a poner una raya a partir de la cual, aunque uno deje de ser aforado, los casos ya no pueden saltar de juzgado.

Esa raya es la que ahora utilizan los aforados para dimitir cinco minutos antes de llegar a ella y reírse de los ciudadanos, con el Supremo esclavo de su jurisprudencia y el Partido Popular de la mayoría absoluta –que nunca volverá– retrasando la imprescindible reforma, no vaya a ser que un día nos toque a nosotros. Rajoy pudo acabar con el abuso de los privilegios, pero no fue una prioridad. La prioridad fue aforar al exRey Juan Carlos, a la exReina, a doña Letizia y a la nueva Princesa de Asturias. España en serio.