Félix Abánades, presidente de Quabit. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La cotizada Quabit también ha llevado a los tribunales la protección de la costa del Govern del Botànic. Así lo revelaba este lunes el Diari Oficial de la Generalitat, en el que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) comunicaba que la firma ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana, ideado por el Consell para "la conservación activa de más de 7.500 hectáreas de suelos de elevada calidad ambiental, territorial y paisajística".
La promotora, preguntada al respecto por Valencia Plaza, no precisó los motivos concretos por los que presenta su recurso, si bien todo apunta a que las restricciones a la construcción que introduce el Pativel afectan a terrenos de su propiedad. La firma posee un total de 126.500 metros cuadrados de suelo en la Comunitat, el grueso en grandes sectores de Castellón que no prevé desarrollar a corto plazo.
El escenario parece similar al de la promotora Nuevas Actividades Urbanas SL (NAU), que recurrió el Pativel por el impacto del plan en los terrenos que posee en el denominado Manhattan de Cullera, el megaproyecto urbanístico previsto desde hace años junto a la desembocadura del Xúquer donde está prevista la construcción de más de 30 torres de hasta 25 plantas (con capacidad para alrededor de 4.500 viviendas) y dos hoteles de 40 alturas.
En el caso de los terrenos de este espacio, que en la actualidad están considerados como suelo urbanizable, la reciente aprobación del Pativel ha activado una cuenta atrás para su desarrollo. El plan fija un periodo de cinco años para que los proyectos urbanísticos sin desarrollar previstos en suelo urbanizable sean aprobados, y en caso contrario los terrenos perderían tal consideración y ya no se podría construir en ellos.
Además, pasado el plazo de cinco ejercicios para la aprobación del proyecto de urbanización, según el Pativel, el agente urbanizador dispondrá de otros cinco años para llevar a cabo los trabajos de urbanización, lo que supone una nueva restricción temporal a la construcción en dicho espacio.
Como ya ha ocurrido con varias empresas, asociaciones, ayuntamientos y particulares, las grandes promotoras como Quabit o NAU están en contra de estas medidas adoptadas para la protección de la costa, al considerar que esta norma, fijada para proteger de la especulación urbanística el suelo sin construir, choca con su derecho a la propiedad.
En la misma línea, el DOGV también recogía este lunes varios recursos más contra el Pativel. Es el caso de los presentados por la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón; las empresas Inversiones La Plana SL, Promociones Campello Dos Mil Uno SL, Sollolli SL, Inmobiliaria Paraiso SL, Promociones Pirenaicas SA, Proyectos y Desarrollos Urbanos Man SL, Viviendas Azahar SA y Llarad SL; los particulares Herminio Lara Luque, Cristina Ferrando Valor, Juan Antonio Ávila Catalán y Miguel Izquierdo Dols; y el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert.
A su vez, en agosto se hicieron públicos los recursos de las empresas Tecnomed 24-47 SL, Mediterráneo Calidad Urana SL, la Agrupación de Interés Urbanístico Sector Mr-10 de La Vila de la Marina de Elche, la Agrupación de Interés Urbanístico Llobella 1, la Asociación de Vecinos de las partidas Riu Surrach i Aiguaoliva de Benicarló y los de los particulares Jean Valerien Solaz, Stephanie Marie N Braun De Ter Meeren, Vicente Juan Esplá, Josefa Ivars Ivars, Teresa Carrió López, María Clara Carrió Llopis, José Antonio García Crespo y Miguel Carrió Llopis.
El mismo mes trascendieron los recursos contra el plan de Inversiones Costa Este SL, Agrupación de Interés Urbanístico El Recholar de Oropesa del Mar, y el recurso conjunto de la Fundación de la Comunidad Valenciana Nuestra Señora de la Piedad y la Agrupación de Interés Urbanístico Muchavista Norte-La Zofra.
Anteriormente, como informó este diario, se hicieron públicas las ocho acciones legales de las firmas Invex Inmuebles S y Distribuciones Herrera Martorell SL -en un recurso conjunto-, Dimo Desarrollo Inmobiliario SL, Blue Chip Moraira SL, Inframar SL y Rusticas SA, los recursos de los ayuntamientos de Peñíscola y Villajoyosa, y el de la particular Catalina Vidales Rodríguez.
Los primeros conflictos se anunciaron en el Diari Oficial del 24 de julio. Fueron un total de cinco, entre ellos el del Ayuntamiento de Oropesa y el de la promotora Benicasim Golf SL. Los tres restantes fueron interpuestos por las firmas alicantinas Torrevieja TM Grupo Inmobiliario, Explotaciones Agrícolas La Ceñuela, y Veraky SL.
