Los partidos que quieran presentarse en coalición a las Elecciones Generales del 20 de diciembre tendrán que inscribirse antes del 8 de noviembre
MADRID (EP). El complejo panorama de pactos, acuerdos y negociaciones entre los partidos y movimientos de la izquierda política española para formar lo que denominan una candidatura de unidad popular para las próximas elecciones generales tiene en el horizonte la fecha del 6 de noviembre como límite legal para registrar coaliciones.
En la Comunitat Valenciana, esta especie de ultimátum legal afecta sobre todo a la Compromís y a Podemos. Los primeros, integrados por la coalición que forman el Bloc, Iniciativa y VerdsEquo están divididos: mientras Iniciativa (a la que pertenece Mónica Oltra) y VerdEquo (liderados por Julià Álvaro) apuestan por presentarse con los de Antonio Montiel, el Bloc (con Enric Morera a la cabeza) se oponen. A esto se suma que tanto Compromís como Podemos quieren que, en caso de alianza, su nombre vaya primero en la papelta electoral.
Una vez que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmase que las elecciones se celebrarán el día 20 de diciembre, los estrictos plazos que establece la Ley del Régimen Electoral General (LOREG) van a obligar a los partidos a acelerar el proceso.
Siguiendo la Ley, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará el decreto de convocatoria de las elecciones el martes 27 de octubre y a partir de ahí los partidos y federaciones tendrán 10 días para comunicar a la Junta Electoral Central (JEC) los pactos que alcancen para concurrir conjuntamente a las elecciones. En esta comunicación ya debe constar la denominación de la coalición, las normas por las que se rige y las personas titulares de sus órganos de dirección o coordinación.
Esto hace que si finalmente Podemos, IU, Ahora en Común y los demás partidos territoriales de izquierdas llegan a acuerdos electorales para presentarse en coalición, deben registrarlos formalmente antes de las cero horas del sábado 7 de noviembre.
De hecho, esa primera semana de noviembre será clave para estos pactos, ya que dos días antes, el 4 de noviembre, las coaliciones ya tendrán que estar prácticamente definidas porque es entonces cuando deban presentar a las personas que les representen ante la administración electoral. Más adelante ya llegarán los plazos para presentar las propias candidaturas.
Esto hace que el convulso debate de la convergencia tenga que aclararse en las próximas cinco semanas, y todo ello en un panorama por el momento muy poco definido, con múltiples frentes abiertos y muchos actores en juego.
De momento, Podemos ya cerró antes del verano sus primarias para elegir a los miembros de sus candidaturas y formalizar a Pablo Iglesias como 'número uno' a La Moncloa. Pese a ello, asegura estar abierto a acuerdos, aunque manteniendo siempre su nombre y logo en la papeleta electoral e introduciendo a otros actores en huecos que ellos dejen en sus listas.
Eso sí, Podemos circunscribe estos acuerdos a los territorios pues, tal y como refrendaron los simpatizantes de la formación morada en julio, estas alianzas no podrán ir más allá del ámbito autonómico. Esto hace que Podemos rechace de plano la posibilidad de establecer un pacto a nivel estatal con la plataforma Ahora en Común o con Izquierda Unida.
Por su parte, IU ha refrendado este sábado su participación en Ahora en Común y su candidato, Alberto Garzón, se someterá a las primarias de esta plataforma para ser su cabeza de lista a la Presidencia del Gobierno. Los resultados de las primarias de Ahora en Común se proclamarán definitivamente el 24 de octubre, dos semanas antes de que los posibles acuerdos con otras formaciones tengan que estar cerrados.
Garzón sigue defendiendo la necesidad de un amplio acuerdo de unidad para las elecciones generales, aunque dice que debe ser democrático en todas sus fases y, en sus declaraciones, se niega a pactos entre las cúpulas de los partidos.
El panorama se ha complicado por la crisis que vive el proyecto de Ahora en Común en la Comunidad de Madrid, que es precisamente donde suelen presentarse los candidatos a la Presidencia del Gobierno, y por el freno que ha impuesto Equo, que amenaza con salir de esa plataforma conjunta.
En las comunidades autónomas donde Podemos negocia alianzas territoriales tampoco parecen despejarse las cosas. Anova en Galicia y parte de Compromís en la Comunitat Valenciana no entienden el empecinamiento de Podemos por mantener su marca y sus siglas cuando en esas provincias no es la fuerza mayoritaria de la izquierda.
Las negociaciones con las formaciones territoriales se complican por la exigencia de éstas de garantizarse voz propia en el futuro Parlamento. Ahí entra en juego el Reglamento del Congreso, que impone elevados requisitos para formar grupo propio.
Y mientras tanto, otros actores de la izquierda española han lanzado una apuesta por la convergencia alternativa a Ahora en Común. Es el caso de la exsocialista Beatriz Talegón, el exmagistrado Baltasar Garzón o Gaspar Llamazares, líder de Izquierda Abierta, partido integrado en IU.
En este convulso contexto, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ya lanzó el pasado viernes un aviso a navegantes: Quien dificulte o impida la presentación de listas conjuntas deberá responder ante el electorado y ante la Historia.