VALÈNCIA. En mis años de cargo en la Asociación europea de estudiantes de Derecho (ELSA), me fijé que su congreso internacional de 2008, celebrado en València, contaba con la siguiente previsión en el programa social: “para los católicos, misa ante el Santo Cáliz y, para los no católicos, paseo alrededor de la catedral”. En 2018, cuando organizaba el siguiente congreso de ELSA que acogía nuestra ciudad, los Estatutos internos no habían cambiado –seguíamos siendo una organización apolítica y aconfesional– pero ya ninguno de los colegas, ni desde luego yo mismo, hubiéramos planteado aquella doble posibilidad. Así, vemos como en tan solo diez años se ha asumido un entender distinto sobre lo “apropiado” entre la misma clase de personas.
El problema es que en el espacio de la radiotelevisión pública valenciana –reinventada, tras casi un lustro de apagón, por la nueva generación de impulsores– llega a ser notorio cómo los propios convencimientos personales llegan a ser elevados a normas de autorregulación que condicionan el normal desarrollo del servicio, aún a pesar de la demanda traducida en audiencia.
En efecto, por mucho que reneguemos de la antigua Canal 9, los presupuestos para el hecho religioso en la esfera pública y sus medios de comunicación siguen objetivamente inalterados: los compromisos internacionales del Estado, la Constitución (particularmente, artículos 16.3 –leído completo– y 20.3 –en la parte del acceso garantizado), así como el Estatuto de Autonomía. Todo ello conforma un amplio marco para la satisfacción de derechos, a concretar según el ámbito y situación.
Solo a fuerza del confinamiento, el consejo de administración de À Punt –llamado Consell Rector de la Corporació Valenciana dels Mitjans de Comunicació– accedió a emitir programación religiosa semanal, primero una de carácter católico, y poco después otra solicitada por el Consejo Evangélico, especificando su apertura a recibir para valoración las peticiones de otras confesiones. Con el comienzo de la desescalada trató de cancelar ambas programaciones, pero tuvo que rectificar la semana pasada –manteniéndolas por el contexto de crisis sociosanitaria que sigue vigente y reconociendo que cumplen un servicio público– previo asesoramiento en ese sentido del órgano de participación ciudadana, el Consell de la Ciutadania.
Cabe recordar que todo ello se adoptó aquí con carácter excepcional, al contrario que en otras cadenas públicas, nacionales y autonómicas –TV3 incluida–, donde es algo del todo asentado respecto de una serie de confesiones religiosas. Además, mientras que en Cataluña la emisión de misas en la lengua propia de la comunidad es algo que nadie pone en entredicho, esto mismo en nuestra Comunitat es una cuestión aparte por los impactos sociocultural, lingüístico y canónico sin precedentes que genera la actual difusión de la liturgia en valenciano.
Dicho esto, aunque ya conocemos esa frase de que “no hay nada más permanente que lo provisional”, lo cierto es que la mera posibilidad de que la programación religiosa continúe en À Punt una vez alcanzada la “nueva normalidad” es lo siguiente que está a debate. A este respecto, observo de entrada tres retos para alcanzar una decisión ajustada a Derecho.
Primero, el error de fondo que reproduce el Libro de estilo de À Punt en su punto 4.10 y que reluce desde el encabezado: “Laicidad y pluralismo religioso”. Ya lo comentaba en uno de los artículos, “Tu diversidad no, la diversidad”, en relación a la prohibición impuesta por su misma virtud a la plantilla de trabajadores que “no podrá difundir sus creencias religiosas” y “tampoco podrá exhibir sus símbolos religiosos”. Y es que existe una gran confusión sobre lo que significa la aconfesionalidad, que en ningún caso puede interpretarse como una ‘confesionalidad laica’. Se podría decir incluso que la neutralidad religiosa constitucional está en las antípodas del laicismo neutralizador del factor religioso.
El segundo reto con el que lidiar es la tendencia a configurar la diversidad “a la carta”, algo que muchas veces podemos percibir –cualesquiera ideologías– en diferentes espacios por los que nos movemos en el día a día. Debemos evitar la mala práctica de vitorear unas realidades al tiempo que vetar otras solo por situarnos en el juicio meramente estético o subjetivo, y para ello alcanzar necesariamente el plano lógico del discurso.
Resulta llamativo que, acto seguido del amago de limitar lo religioso como tal, el siguiente apartado del Libro de estilo de À Punt acoge como uno de los principios y establece por objeto de acción “mostrar la diversidad de las opciones afectivas y sexuales, de diversos modelos de familia y de identidad o expresión de género”. Esto último está perfecto en tanto reproduce lo previsto en la ley autonómica de 2016 que ordena el servicio público radiotelevisivo, pero no podemos permitirnos tanta distinción con otras opciones (como la confesión o celebración pública de la fe) perfectamente legítimas en nuestro marco de convivencia y que comparten una misma razón de existir: la libertad.
El tercer particular es la posible incomprensión de la paradoja que encierra el derecho a la igualdad; para cumplir con él, no se debe aplicar un tratamiento uniforme. Esto no es algo nuevo, sino que ya lo vio Aristóteles hace 2400 años: para ser justos hay que “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”. Así, una vez dentro de la categoría de grupos religiosos de la sociedad –del mismo modo que correspondemos a los grupos políticos–, la representatividad de cada uno de ellos es la medida en democracia para repartir públicamente más, menos o nada de un bien limitado como es el tiempo a disposición.
En definitiva, el contexto actual de la pandemia está generando un debate muy interesante en nuestro entorno y –a falta de disposiciones legales adicionales a nivel autonómico– su solución permanece al arbitrio del Consell Rector de la CVMC. Toca abordar íntegramente la cuestión religiosa en À Punt, no sea que suframos el resultado de corte salomónica por el que lo público, con tal de que parezca de todos, acaba no disfrutándolo nadie.
Andreu (Andriy) Yakubuv es vocal del Consell de la Ciutadania de la CVMC
