La 'curva' de María Oliver: por qué Vivienda prefiere rehabilitar a reedificar los Bloques Portuarios

VALÈNCIA. Es habitual escuchar que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Una máxima que en ocasiones es difícil aplicar a la realidad más cercana, la más práctica. Esta es, en realidad, una de las cuestiones que subyace cuando se debate qué es mejor implementar en los Bloques Portuarios, si derribarlos y volverlos a construir -como planea el PSPV en la Concejalía de Desarrollo Urbano de Vicent Sarrià y la Conselleria de Obras Públicas de María José Salvador- o simplemente rehabilitarlos -a propuesta de València en Comú en la Concejalía de Vivienda que dirige María Oliver-.

Cada una de las propuestas tiene tras de sí su informe técnico correspondiente. Los socialistas cuentan con los documentos de la empresa municipal Aumsa y del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), mientras que la marca de Podem se sustenta en un homólogo de los técnicos del servicio de Vivienda. Los primeros cifran el coste de la reedificación en 13,7 millones de euros y la rehabilitación integral en 14,3; mientras que los segundos hablan de una rehabilitación básica de 2,3 millones de euros.

Por ello, desde Urbanismo y Generalitat Valenciana se entiende que la opción más viable -la línea recta- es la reedificación: menor coste que la rehabilitación integral y mayor efectividad en la solución, pues daría lugar a una vivienda de mayor calidad que con una rehabilitación 'parcial'. Sobre esta última, de hecho, Sarrià dijo que se trataban de simples "reparaciones concretas".

Sin embargo los técnicos de la Concejalía de Vivienda insisten en que su propuesta plantea "obras mínimas necesarias" para alcanzar lo imprescindible en cuanto a habitabilidad, seguridad y funcionalidad, tal y como establece la legislación. Una reforma que pueda alargar la vida de los Bloques sin necesidad de acometer grandes actuaciones.

Los mismos técnicos apuntan que, por contra, el IVE va mucho más allá de lo imprescindible en su idea de reforma e incluye muchas obras accesorias. Ponen múltiples ejemplos: la demolición "sin necesidad" de las 12 escaleras interiores, la conformación de una nueva fachada externa añadida para mejorar el aislamiento técnico que "tan solo tienen tres edificios en València", la instalación de electrobombas aerotérmicas para producir agua caliente, o la reforma interior de las viviendas para ampliar el espacio en salones-comedores.

En ese sentido, apuntan que "no se tiene conocimiento de que la Conselleria haya alcanzado nunca esos niveles de calidad y tecnología en ninguna rehabilitación de edificios de viviendas de su propiedad". La Generalitat Valenciana es propietaria de 36 pisos de forma directa y de otros 34 mediante la sociedad Plan Cabanyal.

Por otro lado, los expertos de Vivienda coinciden con Aumsa en que no se teme por la estabilidad del complejo a corto plazo. La empresa municipal asevera que "las condiciones de estabilidad del edificio parecen aseguradas, a corto plazo" al mismo tiempo que la delegación de Vivienda dice que el edificio "posee actualmente condiciones correctas y suficientes para continuar habitado varias décadas más". Todo ello, siempre que se refuerce la estructura para garantizar la seguridad a largo plazo.

Por todo ello, la delegación que dirige María Oliver, defiende una actuación moderada sobre el edificio, evitando así grandes afecciones al vecindario durante las obras. Con todo, esto supondría a la postre, posponer una solución más profunda para décadas más tarde. Se trataría, volviendo sobre los términos geométricos, la línea curva de esta ecuación.