La defensa de la 'operación Alquería' considera injusto que se mantenga el secreto del sumario

VALÈNCIA. (EFE). La defensa de uno de los imputados por la operación Alquería, que supuso la detención del entonces presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, junto con otros cinco empleados de la corporación por supuestos delitos de malversación y prevaricación, considera injusto que se mantenga el secreto del sumario, del que este jueves se cumplen tres meses. 

Según han informado a EFE fuentes del caso, esta misma parte estima que esa situación genera una situación de indefensión a su defendido y solicitará de nuevo que se levante el secreto de la pieza, al igual que hizo el pasado mes de julio, si bien entonces la petición fue denegada con el apoyo de la Fiscalía.

En consecuencia, se presentó un recurso de apelación basado en la indefensión que, a juicio de esta defensa, se produce al impedir a las partes conocer el contenido del sumario.

Este recurso fue también rechazado por la Audiencia, que según las fuentes consultadas advirtió de que la decisión de mantener el secreto debe ser excepcional y que el paso del tiempo va dejando sin efecto esa necesidad.

Las defensas de los seis encausados en la operación Alquería se personaron recientemente en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia para asistir al desprecintado de todos los teléfonos móviles y ordenadores que fueron incautados en la operación policial del pasado 27 de junio.

Una vez desprecintados, todos estos aparatos fueron enviados a Madrid para el volcado de su contenido que permita el análisis por parte de los investigadores de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Las fuentes consultadas desconocen si queda alguna otra diligencia pendiente, al no conocer los detalles del proceso.

Las diligencias, declaradas secretas por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, se abrieron por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos el pasado mes de mayo, tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia en relación a posibles irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en la empresa pública Divalterra (la antigua Imelsa), dependiente de la Diputación de Valencia. 

En la misma se analiza la supuesta contratación irregular de una decena de altos cargos, cuyos salarios durante este tiempo se estiman en unos dos millones de euros.

Las mismas fuentes han explicado que la orden de detención de los encausados se fundamentaba en estas supuestas contrataciones irregulares realizadas en el seno de Divalterra en 2015, un argumento que hace dudar a varias de las defensas, pues algunos de los detenidos ni siquiera trabajaban en la Diputación en esa fecha.

Asimismo, consideran que, dada la existencia de informes contradictorios por parte de técnicos de la Diputación sobre las contrataciones de altos cargos en Divalterra, este asunto se debería haber dirimido en la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, no en lo Penal.

El pasado mes de abril el grupo de Ciudadanos en la corporación provincial presentó una denuncia ante la Fiscalía sobre posible irregularidades en contratos de alta dirección en Divalterra.

En esta denuncia se alertaba sobre una "posible distracción de fondos a partidos políticos" por parte de esos altos cargos, concretamente en forma de "donaciones o aportaciones a sus partidos políticos por el mero hecho de haberlos enchufado", aunque no se ha confirmado que esta demanda esté en la base de esta causa. E