La digitalización de la administración, una tarea de más de una legislatura

VALÈNCIA. La digitalización, todavía en 2017, es uno de los mayores retos de la administración pública. Aunque ya existe la posibilidad de poder realizar trámites de manera telemática o que los ciudadanos utilicen herramientas para hacer gestiones desde casa sin hacer colas -la declaración de la renta es un ejemplo-, aún existen muchas barreras que sortear y trabajo por hacer para que la modernización de la administración sea completa.

Los mayores hándicaps con los que se enfrenta el sector público -concretamente, en la administración valenciana- son la escasez de personal, la eterna burocracia y un sistema de financiación que lastra el ritmo para realizar la transición hacía lo digital. O al menos, estas fueron las principales conclusiones a las que se llegaron en el desayuno informativo de este lunes organizado por Everis y Valencia Plaza.

A la jornada matutina acudieron la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando; el secretario autonómico de Justicia, Ferran Puchades; el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu; el subsecretario de la Conselleria de Transparencia, Alfons Puncel; la directora general de Internacionalización, María Dolores Parra; el diputado delegado de Informática y Desarrollo de la Administración Electrónica, Iván Martí; el jefe de servicio TIC del Ayuntamiento de València, Ramón Ferri; el director del sector público de Everis en la Comunitat Valenciana, Raúl Juanes; y el socio del sector público de Everis, Martí Casamajó.

Puncel y Ferrando fueron los primeros en tomar la palabra. Y lo hicieron para explicar, desde su punto de vista, cuáles eran los beneficios que esta digitalización puede dar a los ciudadanos. Para Puncel, la reducción de los tiempos en las gestiones y trámites dentro de la propia administración -uno de los mayores lastres del que los altos cargos se han quejado en alguna ocasión-; para Ferrando, que esta "cuarta revolución industrial" permite, además de facilitar los trámites al ciudadano para que éste pueda hacerlos desde su casa, que la interoperabilidad entre consellerias sea una realidad que hasta el momento no ha sido posible por la imperancia del papel.

En este punto, precisamente, se detuvo Puchades, que defendió que existía "un tanto de leyenda urbana en aquello de que Justicia es la más lenta". Después de relatar todo el peregrinaje que han atravesado los juzgados desde que en 2003 comenzó a implementarse el sistema LexNet, argumentó que el 'papel 0' no significaba que fuese a desaparecer las fotocopias de los tribunales. Aunque, eso sí, ahondó en la necesaria labor pedagógica que se debe realizar en aspectos como, por ejemplo, la firma digital en los juzgados.

Para Nomdedéu otra de las ventajas de la digitalización de las tareas que se desarrollan en la administración es la mayor trazabilidad y, por tanto, seguridad. "Con el documento y firma digital podemos saber cuándo ha llegado la información al destinatario, cuándo lo ha abierto, el tiempo de lectura, con lo que se sabe si lo ha leído o estudiado con detenimiento o apenas le han dedicado tiempo. Es decir, podemos saber dónde está cada documento, en la mesa de quién, quién ha validado qué. Así que se puede controlar en qué estado está cada cosa", subrayó.

Una tesis compartida también con Ferri, que tras exponer la experiencia en el Ayuntamiento de València -implantaron el expediente electrónico en septiembre de 2014 y con ello redujeron entre un 15 y un 20% los tiempos de resolución de expedientes-, agregaba otro beneficio de la digitalización: la transparencia. A propósito, Ferri relató como con el seguimiento de los procedimientos, se puede controlar la autoría de cada paso. Un aspecto que la Conselleria de Trnasparencia ya empezó a utilizar este mes gracias al nuevo sistema de alertas.

Con la ley obligando a las administraciones públicas a modernizarse, Martí detalló cómo en la diputación pusieron en marcha una plataforma de gestión electrónica para aquellos pueblos de menos de 20.000 habitantes. "Hemos tenido una adhesión de más de 100 municipios", relató para ejemplificar la buena acogida que este plan ha tenido.

A pesar de larga lista ventajas, hay baches que impiden que la administración pueda llevar el ritmo que desearía para haber dicho adiós al papel con 2017 a punto de expirar. "La modernización no únicamente tiene que ver con la tecnología, si se hace un informe desfavorable para digitalizar un área, esa área no va a funcionar bien", matizó Ferri. Nomdedéu añadía: "Miramos hasta dónde podemos hacer y en base a eso regulamos. Pero en los ayuntamientos no se hacen ordenanzas -para digitalizar- filosóficas".

La financiación que llega a la Comunitat por parte del Estado también les condiciona. Así como la falta de personal para trabajar en procedimientos. De hecho, para Puncel el quid de la cuestión reside "en los diferentes ritmos y en la capacidad financiera de cada administración para agilizar la gestión y trámites para adelantar plazos y actuaciones"."Cada año en la legislatura hemos ido sumando recursos, pero el Presupuesto de la Generalitat está falto de recursos, es menor de lo que necesitaríamos para progresar de manera más rápida", añadía Ferrando. "Tenemos una restricción casi total para poder contratar personal debido a la tasa de reposición", complementó Martí.

No obstante, y más allá de la cuestión central de la financiación, existen detalles como la compatibilidad entre programas y sistemas operativos utilizados por cada administración que también son un obstáculo. Parra, puso como ejemplo su experiencia: no poder abrir Internet Explorer desde su ordenador personal por no tener un PC. Así como todas las oportunidades que está perdiendo el Ivace para aprovechar las jornadas que realiza. "¿Por qué hacer jornadas solo de manera presencial? Podríamos hacer streaming para que la gente de Alicante o Castellón también pudiera participar", indicó.

En este sentido, Ferri expuso que había propuesto al ministerio que Europa tenga "un navegador robusto sobre el cual cualquier ciudadano sin conocimientos tecnológicos pueda funcionar". "Nos estamos gastando millones en dos navegadores americanos –Chrome y Explorer- que dan muchos problemas de compatibilidad, por eso lo he planteado a la secretaría de Estado, al ministerio y si hace falta, lo haré en Europa. Hasta que no tengamos eso no podemos mejorar. La primera forma de resolver la brecha digital es hacer que esto sea fácil", subrayó.

Más allá de las disfuncionalidades tecnológicas que se pueden dar entre las administraciones de distintas comunidades autónomas por los distintos soportes y plataformas utilizadas, Juanes resaltó que debido a los obstáculos hay que priorizar, elegir qué quiere cada administración digitalizar. Es decir, ya que todo va más "lento" de lo que se querría, es esencial "pensar en qué se quiere hacer con la tecnología". "Está ahí y con ella se pueden hacer muchas cosas, pero es indispensable saber qué se quiere hacer con ella para ser eficientes", argumentó.

Así, Juanes recomendó fijar qué se pretende en cada departamento con la digitalización, cuáles son los objetivos, ya que desde que se toma la decisión de iniciar la transición tecnológica "hasta que se comienza con el proceso, pueden haber transcurrido dos años y medio. El proceso es muy largo", advirtió. Una tesis que secundó Ferri: "El procedimiento es muy costoso y requiere de una estrategia. Esto no solo se resuelve en dos años. Requiere herramientas corporativas que además estén bien asentadas".

Puncel también aprovechó para señalar los puntos a mejorar del proceso de digitalización. "Caer en el reduccionismo tecnológico es un error. La tecnología por sí sola no va a solucionarlo todo. Es un instrumento más que debe estar al servicio de la ciudadanía, que ayude a resolver problemas para atenderles eficazmente", apuntó. Seguidamente, Juanes puso como ejemplo de producto útil digital para el ciudadano un proyecto que actualmente Everis desarrolla en el Ayuntamiento de Castellón; el llamado 'Catálogo de trámites'. En él se detalla con un idioma sencillo cuál es el nombre oficial del procedimiento que busca el ciudadano en la web de su consistorio.

Casamajó, por su parte, hizo una anotación constructiva. A su juicio, hay pequeños errores en la digitalización de la administración que podrían mejorarse si se aplicara la tesis de Juanes. A modo de ejemplo, citó a la plataforma para hacer la declaración de la renta. Aunque reconoció el avance que ésta suponía para el ciudadano, consideró que está "mal digitalizada". "La administración tributaria digital está pensada para el funcionario, pero no para abrirse al ciudadano. Con lo que ese cambio cultural y de mentalidad debe abordarse", señaló.

Con los impedimentos estatales, y la excesiva burocracia, el debate viró hacía si la colaboración público-privada podía resolver algunas de las problemáticas puestas sobre la mesa. Puncel y Ferrando coindicieron en que no podía ser "la solución inmediata". "La empresa privada debe aportar valor a la administración. Focalizarse en la gobernanza del contrato. Las empresas que tenemos de valor la transparencia es fundamental. Lo que no puede darse es situaciones como las de estas grandes concesionarias que llevan años trabajando con las administraciones y que no sabemos qué hacen", denunció Casamajó. "No podemos perder de vista que la estrategia debe proceder de la parte pública, así como el conocimiento de la gobernanza. Porque en todos los casos en que esos pasos se han dejado en manos de empresas privadas, en el que el conocimiento de los procesos los tenían las empresas privadas, ha salido mal", añadía Ferri.

"La sociedad cada vez es más compleja: la proliferación de actores que cada vez quieren tener más voz sobre lo que pasa, y por otro, el escrutinio público, cada vez más la ciudadanía requiere más información sobre abusos de poder. Para contraatacar esos dos ejes son necesarios los valores. Pasar a lo que algunos definen como valores postburocráticos, es decir, pensando en los servicios, en los ciudadanos, en la responsabilidad con ellos y en la inclusión", zanjó Casamajó para concluir la jornada.