VALÈNCIA. La Diputació de València pondrá en marcha una red de vivienda social dirigida a mujeres víctimas de violencia de género. La delegación de Igualdad, que dirige Eli García, ya ultima el acuerdo de colaboración con la Sareb para iniciar este proceso, que durante su primera fase se desarrollará en municipios de pequeño o mediano tamaño.
En este sentido, García ha explicado que la intención es "poner la primera piedra de una iniciativa social muy necesaria que trata de dar una salida e integrar a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género y atraviesan situaciones límite".
La Diputació abonará a la Sareb el alquiler mensual, algo más de 100 euros por cada una de las viviendas, y también se encargará de acondicionar los inmuebles para que las futuras inquilinas "dispongan de una vivienda digna en la que poder rehacer sus vidas".
En un principio, las viviendas se ubicarán en municipios de pequeño o mediano tamaño. Sin embargo, en el futuro y en la medida de lo posible, la intención de la delegación de Igualdad es agruparlas todas en una misma zona para facilitar la integración de las beneficiarias. "Estas mujeres han pasado por situaciones muy complejas y el hecho de tener cerca a otras mujeres que han vivido experiencias semejantes puede ser una ayuda muy positiva", ha explicado la diputada.
La actuación se enmarca dentro de las políticas de la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género, una iniciativa que cuenta ya con más de cien ayuntamientos implicados y que tiene como objetivo ofrecer la mejor respuesta ante situaciones de amenaza machista.
La actuación se integra igualmente en el marco de las políticas activadas por el área provincial de Igualdad a través de su Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género, una iniciativa que cuenta ya con más de un centenar de ayuntamientos implicados y que tiene como fin ofrecer la mejor respuesta posible ante la barbarie machista.
Además, el proyecto de la Diputació de València también se enmarca dentro del Protocolo estatal sobre Alquiler Social de Viviendas que firmó el pasado mes de febrero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que incrementa el número de inmuebles con alquiler reducido a disposición de familias y personas vulnerables a través de la Sareb.
En virtud de este acuerdo, la Sareb cede las viviendas a las autonomías y entidades locales, y el ministerio asume parcialmente los gastos de la cesión y los trabajos de rehabilitación necesarios para garantizar la habitabilidad de las viviendas.
