La Diputación de Valencia: una institución que muy probablemente no le interese... ¡nada!

Puede que usted no lo sepa, pero el 26 de mayo no escoge representantes para dos instituciones (el Parlamento Europeo y el ayuntamiento en el que resida), sino tres: las elecciones municipales sirven también para dirimir la composición de la Diputación provincial, en el caso que nos ocupa la Diputación de Valencia, la única que la izquierda logró arrebatarle al PP en 2015.

El presupuesto de la Diputación de Valencia para este año 2019 es de 486 millones de euros. Por comparar, el presupuesto del Ayuntamiento de València para este mismo año es casi el doble: 848,6 millones de euros. El de la Generalitat valenciana, más de treinta veces más: 16706 millones de euros.

En principio, los números de la Diputación no parecen muy impresionantes. Sin embargo, si se les echa un somero vistazo a las cuentas de Generalitat y Ayuntamiento, enseguida veremos que el margen de maniobra de sendas instituciones es muy escaso: la mayoría del dinero se va en gastos corrientes; como mucho, en amortizar deuda. La Generalitat, ni eso: las competencias que tiene transferidas son de tal calibre que resulta imposible proveer a los ciudadanos con servicios dignos sin endeudarse más y más.

Les sonará el eterno problema de la anterior legislatura: la financiación autonómica, que llevó a la conselleria de Hacienda a inventarse un truco de magia: incorporar a los presupuestos más de mil millones de dinero "mágico" (inexistente), como reivindicación de lo que sería necesario recibir del Estado central, como mínimo, para afrontar las necesidades de la institución (dinero que, como es "mágico", no se sustancia nunca, claro; al menos, por ahora).

En resumen: si hablamos de Presupuestos, el tamaño no importa. Menos es más. Y por "menos" no me refiero a menos dinero, sino a menos competencias. Las diputaciones gestionan menos dinero, pero también tienen muchas menos obligaciones; y son obligaciones, además, a menudo difusas. Así que, aunque sus presupuestos sean más pequeños, su margen de maniobra es mucho mayor.

Por otra parte... ¿a quién le interesa una Diputación provincial y lo que en ella acontece? Pues más bien a poca gente: políticos (sobre todo, los directamente involucrados: concejales y alcaldes) y periodistas. Los ciudadanos saben que hay una institución llamada "Diputación de Valencia" que ha estado ahí siempre y que, como los catalanes, "hace cosas", aunque no está muy claro cuáles. Nadie presta demasiada atención.

Sumen margen de maniobra y falta de atención pública y tendrán un cóctel explosivo: dinero descontrolado. Dinero descontrolado en instituciones en las que, por su propia naturaleza, no es sencillo que haya grandes vuelcos políticos (piensen que en 2015 casi todo cambió de color político en la Comunidad Valenciana y, así y todo, el PP mantuvo dos de las tres diputaciones provinciales). Con gente que, si tiene ocasión, se eterniza al frente de la institución, como Carlos Fabra. Sumen todos esos ingredientes y tendrán el escenario perfecto para encarnar la clásica figura española del cacique; en este caso, cacique provincial, como el Conde de Romanones, construyendo polideportivos y puentes en el último pueblo de la provincia; casi siempre necesarios, claro. Pero, por otra parte, construidos por el cacique. "Gracias, don Agripino", musitarán, indudablemente, los agradecidos lugareños ante la campechanía del líder, opulento y cercano, como Rus con su Ferrari.

Las diputaciones provinciales son una reliquia del pasado; de la configuración decimonónica de España, estructurada en provincias. El sentido de las diputaciones es proporcionar servicios a la población de la provincia, en colaboración con los ayuntamientos locales. Sobre todo, cuando se trate de ayuntamientos pequeños (menos de 5000 habitantes), que han de derivar parte de sus atribuciones (recogida de residuos y suministro de aguas, en particular) a la diputación provincial.

La aparición del Estado autonómico creó una nueva administración, inserta entre el Gobierno central y los ayuntamientos, generando duplicidades con las diputaciones provinciales. De hecho, las comunidades autónomas uniprovinciales, como Madrid, Cantabria o Murcia, no tienen diputación provincial, pues sus competencias quedan diluidas en el Gobierno autonómico.

Desde hace años, una corriente de fondo critica las diputaciones por su falta de razón de ser: ¿qué sentido tiene mantener una administración cuyas competencias perfectamente pueden transferirse a la comunidad autónoma? El gobierno del Botànic, de hecho, ha amagado en varias ocasiones su intención de suprimirlas, o como mínimo vaciarlas de competencias. Se enfrentan a la oposición frontal de las dos diputaciones (Alicante y Castellón) regentadas por el PP.

Y luego, para qué vamos a engañarnos, los alcaldes y concejales que mandan en la Diputación, con holgura de recursos, teniendo en cuenta las circunstancias, tampoco miran con demasiada ilusión que la Generalitat se haga cargo de la institución y la disuelva en el "monstruo" autonómico. Parafraseando a Neil Amstrong, el primer astronauta en hollar la Luna, la Diputación provincial constituye un pequeño parche para las cuentas autonómicas... pero un gran desahogo económico para los ayuntamientos y partidos involucrados. Porque, como ya hemos visto, las diputaciones aúnan discrecionalidad (¡coloca a quien quieras!) y discreción (¡nadie va a enterarse!). La agencia de colocación definitiva. Sobre todo, con sus potentes empresas públicas, como Divalterra, antes Imelsa (¿a que les suenan, y no para bien?), idóneas para contratar a militantes del partido con escasa o nula adecuación al puesto (¡y eso, en el caso de que el puesto tenga atribuciones reales!).

Perdonen por la larga introducción. Como decía al principio, este 26 de mayo también se escogen representantes para las Diputaciones provinciales. Pero el proceso de elección es indirecto. Y, la verdad, bastante enrevesado (¡sorpresa!): se cuentan los votos de cada candidatura que haya obtenido al menos un concejal y luego se reparten los diputados provinciales que componen la Diputación (31, en el caso de la de Valencia) según la ley d'Hont. Pero no hay una circunscripción, sino (en Valencia) nueve: tantas como partidos judiciales en que se divide la provincia (si les digo la verdad, aún no tengo muy claro qué es eso de los "partidos judiciales", y eso que estoy escribiendo un artículo sobre una institución que basa su sistema de asignación de escaños en eso; hete aquí otro ejemplo más de la grandeza oscurantista de la Diputación). El número de diputados depende de la población, de manera que el partido judicial de València y su área metropolitana es el más grande, con 18 diputados; los de Alzira, Gandia, Llíria, Sagunto y Xàtiva, dos cada uno; y los de Requena, Ontinyent y Sueca, uno. En total, 31.

Y aquí viene lo interesante, porque, al igual que el ayuntamiento de València, la diputación provincial está en juego. ¡Cientos de millones de euros pueden cambiar de bando! En 2015, la izquierda arrasó en las elecciones municipales, y se hizo prácticamente con todos los ayuntamientos importantes de la provincia (el espolón de proa del PP en el ámbito municipal pasó a ser Alfafar). Pero, así y todo, el poderío de la Diputación provincial (regentada, no lo olvidemos, por el sin par Alfonso Rus) le permitió resistir relativamente bien en la Diputación, beneficiándose, sobre todo, de continuar siendo la opción más votada (375.649 votos, por 325.918 el PSPV y 263.863 de Compromís).

Así, PP y PSPV se repartieron los escaños de las circunscripciones con dos diputados en juego (salvo en Alzira, donde se los repartieron PP y Compromís); el PP se hizo con el de Requena, el PSPV con Ontinyent y Compromís con Sueca. Y en la circunscripción más importante, València y su área metropolitana, obtuvo seis el PP, cuatro PSPV y Compromís, dos Ciudadanos, uno Esquerra Unida y otro València en Comú. En total, 17 a 14 para la izquierda, que pudo así repartirse los cargos de Gobierno de la institución. Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent (donde cosechó en 2015 una victoria aplastante), pasó a ser presidente de la Diputación.

Los problemas de la izquierda derivan precisamente, en parte, de Jorge Rodríguez. El expresidente, imputado en el caso Alquería, tuvo que abandonar la presidencia de la DIputación y después la candidatura a la alcaldía por el PSPV. Pero Rodríguez no se ha resignado y se presentará con una agrupación de electores, que además no sólo se presentará en Ontinyent, sino también en otras localidades de la Vall d'Albaida.

Con este movimiento, Rodríguez pone en juego un escaño provincial que parecía seguro para el PSPV, y que podría recalar ahora en el PP o en el propio Rodríguez. Si a eso unimos que es previsible que las distancias en València y su área metropolitana se reduzcan (e incluso que la derecha recupere la alcaldía de la capital), los dos escaños de ventaja que tiene la izquierda podrían desvanecerse, y el PP (y sus aliados de Ciudadanos y Vox) recuperaría la Diputación de Valencia cuatro años después.

No es una opción probable, porque es muy difícil que la derecha logre recuperar escaños en algún otro sitio (y tal vez podría perder el de Requena a manos del PSPV), pero tampoco resulta imposible. Con un resultado como el que tuvimos en las pasadas elecciones Autonómicas, la cosa pendería de un hilo. Aunque pocos, muy pocos, seguirán con interés el recuento de las elecciones municipales en clave de Diputación provincial, créanme: a los que les interese, les interesará mucho.