La Diputación esperará al juicio de Alquería para decidir si reclama los finiquitos de los exdirectivos

VALÈNCIA. La Diputación de Valencia esperará al desenlace del juicio del conocido como caso Alquería para decidir si reclama por la vía judicial las indemnizaciones mal calculadas a seis de los exaltos cargos de Divalterra investigados. Se trata de los pagos efectuados a los que fueran directivos de la empresa pública destituidos en 2018 –antes de que estallara la operación, tras la que acabaron imputados–, y que fueron de más importe del que correspondía. El montante asciende, en total, a 105.370 euros. 

El problema que se arrastra hasta la actualidad viene de julio de 2015, cuando en Imelsa (posteriormente Divalterra) se firmaron los contratos de alta dirección con unas cláusulas de indemnización por desistimiento empresarial -extinción del contrato por decisión unilateral de una de las partes por pérdida de confianza- que contradecían lo dispuesto en la norma. El interventor de la Diputación emitió un informe a finales de 2020 en el que reconocía que tendrían que ser nulas (y, por lo tanto, eliminadas o no aplicadas). Sin embargo, no sucedió ninguna de las dos cosas.

El entonces jefe jurídico, José Luis Vera, explicó en el documento firmado por él que en la empresa pública se pactó una indemnización de 20 días por año trabajado en virtud del Real Decreto de 1985 que regulaba la relación laboral especial del personal de alta dirección. Pero posteriormente llegaron tanto el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 como la ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral de 2012, en la cual se marcaban un conjunto de pautas para la contención del gasto en el sector público. 

En una disposición adicional de esa norma se fijaba que la indemnización a estos altos cargos no superara los 7 días por año trabajado, a diferencia de los 20 días aplicados en Divalterra. Vera lo calificó como una "cadena de errores" porque no se advirtió la existencia y necesaria aplicación de la citada ley, y en esta situación es cuando tuvo lugar los ceses de los directivos, a los que se indemnizó por encima de lo que la norma marcaba. 

La empresa comenzó a mandar a finales de 2020 las cartas a los exdirectivos afectados para reclamarles la devolución de los finiquitos. La media era de unos 16.000 euros brutos a cada uno, aunque en un caso, el de la cogerente Agustina Brines (Compromís), eran casi 27.000 porque gozaba de reserva de puesto de trabajo al incorporarse a Divalterra y no tenía derecho a percibir indemnización.

"Se comprueba que se ha producido un exceso en la cuantificación de dichos importes", se detallaba en las misivas, de manera que se instaba a los afectados a devolver el dinero mediante pago o transferencia a una cuenta de la corporación y con la posibilidad de que sea en tres mensualidades entre enero y marzo de 2021. 

A partir del envío comenzaba a contar un plazo voluntario de devolución, pero ninguno retornó las cantidades. A ello se añadió que precisamente en marzo de 2021 el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, anunció el cierre de Divalterra –el cual finalizó el pasado junio–. El proceso fue pilotado por una empresa liquidadora, de manera que heredó todas estas cuestiones pendientes. Y volvió a reclamar esos más de 105.000 euros de las indemnizaciones sin éxito. 

La sentencia determinará si las contrataciones fueron ilegales

Una vez se ha integrado toda la estructura de Divalterra en la Diputación, es la propia corporación provincial la que ahora ha de encargarse del asunto. Y la única vía que puede seguir en este momento para pedir la devolución de los finiquitos es la judicial. Pero la decisión no está tomada todavía, según señalan fuentes oficiales. 

El motivo es que el 19 de septiembre dio inicio el juicio del caso Alquería. La Audiencia de Valencia tendrá que determinar si las contrataciones de los directivos en Divalterra fueron o no ilegales. Algo que, por ende, afecta a los finiquitos.

El PP aportó al juzgado los documentos oficiales que acreditan el cálculo incorrecto de las indemnizaciones para que la cuantía recibida por ellos por ese concepto sea considerada a los efectos de determinar, entre otras cosas, la responsabilidad civil que pudiera derivar del delito.