La economía, en campaña

VALENCIA. Resulta totalmente lógico, además de deseable, que las diversas formaciones políticas que concurren a unas elecciones, resalten sus señas de identidad ideológica con el fin de diferenciarse de sus adversarios en la lista de prioridades, y también en el modelo de sociedad, que cada una de ellas pretende impulsar en el caso de obtener la ansiada victoria en las urnas.

Sin embargo, puesto que, en el caso de que así ocurra, la mayoría de las propuestas (no todas) deberán plasmarse inevitablemente en programas e instrumentos políticos operativos, dotados de  la correspondiente consignación presupuestaria, sería muy de agradecer que el primer apartado de los programas electorales estuviera dedicado, de manera casi obligada, a  la economía. Comenzando por el diagnóstico de la situación en que se encuentra el modelo económico vigente, y terminando por las propuestas detalladas para su mejora, reforma, o, incluso, en el caso de que así se considere, su cambio más o menos radical.

De no ser así, ocurrirá lo que en este país viene ocurriendo, elección tras elección, a saber: que los ciudadanos se ven, en cierto modo, obligados a escoger entre diversas alternativas políticas basándose en la confianza que le merecen aquellas, esperando que puedan cumplir lo que prometen, sin más datos que la credibilidad depositada en los líderes que la encabezan. Y claro está, lo que acaba sucediendo, ante la ausencia de propuestas económicas alternativas, detalladas y realistas, es que una buena parte de la población acaba creyéndose lo que en las encuestas expresan con total claridad: que la economía es un asunto que solo sabe manejar bien la derecha, aunque no estén de acuerdo con ella en todo o demás. Como si la economía, así, en general, fuera un terreno perfectamente acotado, indiscutible y neutral, alejado por completo del campo de la batalla electoral y que solo algunos privilegiados, que conocen las claves de tan delicado asunto, saben manejarla. 

Por ejemplo, el “glorioso” periodo de éxito económico protagonizado por J.M. Aznar y R. Rato, que a todo el mundo le sigue pareciendo una complicada tarea de ingeniería económica realizada por grandes expertos mundiales de la cosa, consistió en algo tan simple como: 1. vender todas las empresas públicas que nos quedaban, obtener 20.000 millones de euros, amortizar con ellos parte de la deuda y reducir el déficit, entrando así triunfalmente en el euro cumpliendo las condiciones de estabilidad exigidas; y, 2. Liberalizar por completo el uso del suelo, con una sencilla ley publicada en el BOE, poniendo así las bases de la “exitosa” ola de crecimiento que comenzó en aquellos años y que terminó en 2007 con el estallido de la burbuja que nos ha traído a la penosa situación actual. 

Naturalmente, lo que estaba mal antes, con Aznar y Rato, y lo sigue estando ahora, no es sino la consecuencia de la absoluta ausencia de reflexión sobre las bases en las que se asienta un modelo de crecimiento como el nuestro, generador de escaso valor añadido, refractario a la innovación y al uso del conocimiento, e incapacitado para proveer empleo de calidad. 

Más productividad

Lo que este país ha necesitado siempre son más empresas, de mayor tamaño y, sobre todo, un aumento generalizado de su productividad; y, por tanto, lo que debiera esperarse de quienes pretenden gobernar es una respuesta rigurosa, detallada, y, desde luego, operativa, para abordar de frente dichas cuestiones; y además, todas a la vez. 

Todo ello, es lo único que dotaría de credibilidad al objetivo de creación de empleo, que todas las formaciones proclaman en sus mitines, pero que, por razones que se me escapan, acaban siendo reducidas a una mera discusión sobre el funcionamiento del mercado de trabajo. Como si la causa estructural y subyacente del desempleo en España se debiera exclusivamente a la rigidez de este último, y no a las excesivas trabas burocráticas para crear un negocio, al desastroso diseño del sistema fiscal en su conjunto, al desprecio del talento como recurso productivo, al maltrato dado al sistema de innovación (incluyendo a la I+D, pero no solo la I+D), o, en fin, a las estrategias competitivas equivocadas de muchas de nuestras empresa, empeñadas en competir a través de los bajos costes laborales, en lugar de hacerlo a través de la calidad, la innovación y el valor añadido.  

La discusión no es baladí, porque muchas de las cuestiones candentes que se dirimen en un proceso electoral, incluyendo la posibilidad real de garantizar los derechos sociales y el estado del bienestar, dependen de ello, mucho más de lo que se piensa. Por ejemplo, la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, no solo está ligada, como todo el mundo parece haber aceptado de facto, al alargamiento en la esperanza de vida de la población, a la evolución de la tasa de natalidad o al número total de ocupados. También depende del nivel de productividad media  de estos últimos. De tal modo que un aumento del valor añadido por trabajador, que suele ser la condición de mayores retribuciones salariales, puede engordar los presupuestos de la Seguridad Social por otras vías que no son las estrictamente demográficas… Y así, todo.

En fin, qué quieren que les diga, comprenderán que a mí lo que me preocupa, si he de ser coherente con mi discurso, no es precisamente el sueldo de los políticos, sino el valor añadido que estos sean capaces de generar para el conjunto de la sociedad. Y particularmente, para la mejora del funcionamiento de nuestro sistema económico. Como ocurre (no siempre) en el seno de las empresas, lo importante debiera ser la profesionalidad y la eficacia de sus dirigentes, y no quien queda más simpático en la tele. Créanme, un presidente de gobierno, o un ministro de economía, que cobre 30.000 euros al año, sale muy caro si es un incompetente. Y resulta muy barato, si cobra 300.000, y soluciona problemas. He dicho.