Uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo del ser humano es su educación e incorporar la inclusión en esta materia ha sido toda una tarea de años, que bien ha valido la pena realizar. Quienes tienen acceso a la educación poseen un mayor crecimiento personal y profesional, pueden aspirar a una mejor condición económica, tienen mayor bienestar social, amplían su campo de posibilidades laborales y logran disminuir más fácilmente las desigualdades sociales.
La educación inclusiva tiene una base legal que se enmarca en el derecho que todos tenemos a recibir una educación de calidad, donde sean consideradas y toleradas las diferencias de cada alumno. Los padres, educadores y entes sociales en general, tienen la labor de promover la inclusión y participación de todos, creando así miembros activos que puedan brindar aportes a la sociedad mediante el desarrollo de sus múltiples destrezas y habilidades, pudiendo enfrentarse a todos los retos que se les presenten en su vida.
En este orden de ideas, hablar de inclusión educativa no implica solo al campo escolar, sino también al social, por lo que la sociedad debe volverse inclusiva, es decir, que en ella prevalezcan valores fundamentales como, la justicia, equidad, tolerancia, respeto, solidaridad y participación.
La inclusión permite que todos los alumnos se beneficien gracias a una enseñanza adaptada a las necesidades y realidades de cada uno de ellos, que no siempre tienen que relacionarse con una discapacidad física o intelectual. La educación inclusiva en España ha venido trabajándose desde hace varios años, pero ha avanzado de manera significativamente durante las últimas dos décadas promulgándose leyes que han promovido y que tratan de integrar dentro de un mismo sistema a los alumnos con algún tipo de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), bien sea por dificultades en el aprendizaje como por motivos sociales, económicos, geográficos o culturales.
El concepto de inclusión tiene sus orígenes en 1948, con la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Posteriormente en el 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, la cual establece una serie de medidas para la no discriminación, además propone diversas acciones positivas que deben implementarse para que las personas con discapacidad puedan conservar sus derechos en igualdad con el resto de las personas. Seguidamente, en el 2015 en el Foro Mundial de la Educación, se aprobó la Declaración de Incheon (Corea), que entre sus objetivos estaba el garantizar una educación inclusiva y de calidad, así como el promover oportunidades de aprendizaje.
En 2017 se establece el Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social, este da la oportunidad al sistema educativo valenciano para avanzar hacia este nuevo modelo, con el compromiso del Consell de fortalecer estrategias sociales que se basen en el respeto y los derechos fundamentales a lo largo de toda la vida, asegurando la protección social, y el apoyo a las necesidades particulares originadas por situaciones de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social.
Recientemente, durante el año 2018, se estipuló el Decreto de Equidad y de Inclusión en el Sistema Educativo Valenciano. Éste tuvo como finalidad establecer y controlar los principios y las acciones dirigidas al modelo de sistema educativo inclusivo valenciano, para hacer cumplir en el alumnado los principios de equidad de oportunidades, permanencia, participación, y progreso, y lograr que los centros educativos sean dinamizadores en el proceso de transformación social hacia la igualdad e inclusión de todas las personas.
La normativa más actual en el campo de la educación inclusiva es de abril del 2019, donde se establece la Orden por la que se Regula la Inclusión del Alumnado en los Centros Docentes sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano. Esta orden tiene como objetivo regular la respuesta educativa de las instituciones docentes en el contexto de la educación inclusiva, con el fin de garantizar el derecho a la educación de calidad, con igualdad de oportunidades, equidad y accesibilidad. Además esta orden también tiene como objetivo controlar el proceso de detección de las barreras a la inclusión, la identificación de los requerimientos personales de apoyo educativo y las necesidades de compensación de las discrepancias que se presenten.
En este sentido hay que tener en cuenta que la educación inclusiva requiere un análisis reflexivo sobre las barreras generadoras de desigualdades, la planificación de las acciones de mejora, la ejecución de los cambios de manera eficaz, y la valoración de su impacto, desde la óptica de que la inclusión implica todo un proceso continuo de mejora. Este modelo de enseñanza inclusiva debe encontrarse en todos los programas que se desarrollan en los diversos niveles educativos.
El propósito de la educación inclusiva es dar una respuesta que favorezca el mayor desarrollo integral de todo el alumnado y descarte todas las formas de desigualdad, exclusión y vulnerabilidad, y que esto pueda darse dentro de entornos estables, sostenibles y democráticos en los que todas las personas sean valoradas por igual.
Un buen sistema educativo debe responder a las necesidades de todos, por lo que es imperativo sumar esfuerzos para minimizar las discrepancias en todos aquellos grupos vulnerables a la discriminación y exclusión, en los que se incluyen a personas de bajos recursos, población rural, minorías raciales, personas con discapacidad, población migrante y otros grupos, para que a todos se les garantice y reciban una educación de calidad.
Este paradigma educativo requiere la aplicación de múltiples recursos de tipo económico, material, curricular y humano, para poder responder a las necesidades particulares del alumnado, bien sea de forma momentánea o a lo largo de toda su vida de formación educativa. La educación para todos sólo es posible promoviendo la educación inclusiva, la cual debe continuar mejorándose para que se encuentre siempre presente, puesto que con ella se garantizará una mayor sostenibilidad política, económica y social, además de contribuir a la dinamización, calidad e innovación de la enseñanza.
Pedro Adalid. Doctor en Educación y profesor universitario de Políticas de Calidad Educativa y Planes de Mejora.