La ejecución valenciana del Perte Chip

La semana pasada conocíamos que la creación de una comisión bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana para abordar la ejecución del Perte Chip en nuestro territorio era uno de los contados acuerdos alcanzados entre Pedro Sánchez y Carlos Mazón en su primer encuentro formal, mantenido por ambos presidentes con el asunto de la financiación autonómica como cuestión central de su agenda.

Respecto al omnipresente y apasionado debate sobre la financiación autonómica y la equidad territorial, el anuncio de esta comisión resulta bastante trascendente si se tiene en cuenta que la dotación del Perte Chip supera los 12.000 millones de euros y que la Comunitat Valenciana concentra en la actualidad el 50 por ciento de todos los recursos humanos especializados en los sectores de la microelectrónica y la fotónica integrada a nivel nacional. La última convocatoria pública del Perte Chip para la creación de las denominadas Cátedras Chip sirvió para poner cifras al liderazgo valenciano al acaparar simultáneamente nuestro ecosistema el mayor número de cátedras de toda España, el mayor importe de financiación pública y el mayor importe de financiación industrial.

Como resulta obvio, cualquier aproximación al cómputo de un hipotético cupo regional en el importe global del Perte debería basarse en una visión de solidaridad nacional que contemplase múltiples factores. Pero también está claro que las expectativas valencianas ante el Perte deben ser ambiciosas y han de establecerse, por supuesto, por las administraciones públicas mediante una intensa participación de la industria, de la universidad y de las organizaciones empresariales, dada la gran complejidad tecnológica y sofisticación industrial del sector microchips. Este es el espíritu que se recoge en el manifiesto social lanzado en abril por Valencia Silicon Cluster (Un Mayor Protagonismo Valenciano en el Perte Chip), que fue suscrito por casi cien entidades y personalidades relevantes de la sociedad civil y que se encuentra en el germen de esta iniciativa.

A diferencia del debate general sobre el modelo de la financiación autonómica, la aplicación de los Pertes está sujeta a plazos perentorios y tiene fecha de caducidad, por lo que día tras día crece el riesgo de una inmensa pérdida de fondos ante el ultimatum dictado por las instituciones europeas, que señalan el año 2026 como límite improrrogable de ejecución de los fondos Next Generation. Por si fuera poco, a la restricción temporal debe añadirse otro factor no menos decisivo, y es la vinculación del éxito de los Perte a objetivos específicos de competitividad en sectores clave de nuestra economía como los microchips, la automoción, el turismo, el hidrógeno verde, la agricultura, la economía circular o la industria naval.

Como probablemente resultará ya conocido para la opinion pública, la Comunitat Valenciana es uno de los territorios más capacitados de España para la absorción de fondos del Perte chip vinculados a proyectos de este sector tecnológico, sector que los principales medios económicos internacionales califican de forma insistente como una de las tecnologías más críticas del mundo. Por si sirve el detalle, Financial Times, The Economist y The New York Times declararon en 2023 el libro La Guerra de los Chips de Chris Miller como libro del año.

Aunque en el momento de su lanzamiento en 2022, el Perte Chip sorprendió por su descomunal magnitud financiera (con más de 12.000 millones de euros era el mecanismo de estímulo industrial más grande aprobado nunca hasta la fecha) y por su aparente distanciamiento respecto al perfil tecnológico de la industria española, el mecanismo ha acabado generando unas importantes expectativas en el ecosistema nacional de microchips y semiconductores, que gracias a dicho mecanismo ha entrado en un estado de dinamización estratégica sin precedentes. La última convocatoria pública del Perte Chip sirvió para poner cifras a ese liderazgo al acaparar el ecosistema valenciano el mayor número de cátedras de toda España, el mayor importe de financiación pública y el mayor importe de financiación industrial.

Si España es capaz de ejecutar los recursos del Perte podría estar a las puertas de transformarse en una potencia tecnológica en el sector de la mano de territorios como la Comunitat Valenciana, Málaga, Cataluña, Castilla la Mancha, Galicia, Madrid o las Islas Canarias. Pero nada de esto va a suceder sin una mejora de los mecanismos de colaboración financiera y administrativa entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Y esta es la dinámica que podría haberse iniciado con el reciente acuerdo entre España y la Comunitat Valenciana en materia de microchips. Como siempre, resultará decisiva una razonable distribución de papeles. El estado debe comprometerse a financiar los proyectos, pero es responsabilidad de las regiones saber articular y estructurar proyectos financiables que llevar a la mesa del Perte con garantías de éxito. En el caso de la Comunitat Valenciana dicho proyecto debe ser el Campus Internacional de Semiconductores, cuya redacción técnica debería estar abordándose en plazos manifiestamente mejorables.

Aún cuando la mayor parte del Perte Chip se encuentra pendiente de ejecutar, algunos logros intermedios como la creación de las 17 nuevas cátedras de microelectrónica y fotónica integrada, han supuesto a nivel nacional un auténtico revulsivo en los sistemas de creación de talento mediante fórmulas de colaboración entre la industria y la academia, que además de formar nuevos profesionales están permitiendo la formación de nuevos doctorados industriales en temáticas vinculadas a objetivos de innovación industrial, desarrollar nuevos proyectos de investigación y transferencia en diseño microelectrónico, chips fotónicos o materiales avanzados para semiconductores.

La estimulante incógnita ante la que nos sitúa esta nueva comisión bilateral para el Perte Chip entre España y la Comunitat Valenciana es la de determinar si una colaboración mucho más estrecha entre el estado y las comunidades autónomas podría ser la clave burocrática para dinamizar las fases finales del Plan de Resiliencia, según operativas mucho más concretas y simplificadas, basadas en el pragmatismo conjunto de ambas administraciones, en virtud de los intereses vitales que comparten en el tablero y del cada vez más escaso margen temporal de que disponen para cumplir sus compromisos frente a Europa.

La comisión bilateral Gobierno Central-Comunitat Valenciana es una forma innovadora de gobernanza institucional que abre un prometedor camino de oportunidades para situar el Perte de Semiconductores en un nuevo escenario de ejecución que haga mucho más viable el cumplimiento del Perte Chip a través de una mejora en la colaboración entre el Estado, la Generalitat Valenciana, el ecosistema industrial de semiconductores y nuestro sistema universitario.

Carlos G. Triviño es secretario de Valencia Silicon Cluster