La empresa pública de ITV nace con un millar de trabajadores y 32 millones de beneficio bruto

VALÈNCIA. La sociedad pública mercantil que que a partir del próximo año prestará de forma directa el servicio de ITV por encargo de la Generalitat tras 25 años de modelo concesional asumirá un millar de trabajadores que integran las plantillas de las siete empresas concesionarias y tendrá un presupuesto inicial de 756.000 euros. Esa cantidad será aportada por la Generalitat este mismo año para la puesta en marcha de la sociedad, que en adelante se financiará con sus propios recursos, ya que el resultado de explotación superará los 32 millones desde el primer ejercicio completo en funcionamiento. 

Esas son a grandes rasgos las previsiones que maneja la Conselleria de Economía para la puesta en marcha de la Societat Valenciana d’ITV, cuyo decreto-ley de creación fue aprobado este viernes en el pleno del Consell.

El borrador de la memoria económica en la que trabaja el departamento de Rafael Climent apunta que la nueva empresa pública contará con suficientes recursos para realizar inversiones de mejora del servicio en las estaciones e, incluso, proponer reducciones en las tarifas a aplicar "con el fin de trasladar al ciudadano la mayor eficiencia del servicio".

La proyección plurianual de la cuenta de pérdidas y ganancias cifra en 32,5 millones el resultado bruto en 2023, cantidad que va aumentando paulatinamente por la evolución del número de inspecciones hasta superar los 35 millones en 2029.

La sostenibilidad futura de la nueva empresa se ha analizado teniendo en cuenta la cuenta de resultados de los últimos cuatro ejercicios de las concesionarias que únicamente explotan ITV de la Comunitat Valenciana. Las cifras obtenidas van en la línea de los informes previos realizados por la Conselleria para analizar la viabilidad de la reversión.

Los ingresos esperados por la realización de inspecciones, calculados con las tarifas en vigor hasta la última subida forzada por los tribunales, rozan los 82 millones el primer año hasta rozar los 89 en su séptimo año de vida.

La principal partida de gasto serán los cerca de 40 millones en gastos de personal. La reversión de los siete lotes de ITV en los que se divide el contrato dará lugar a la subrogación por parte de la nueva empresa pública de la mayor parte del personal contratado por las concesionarias.

A partir de ahí, una auditoria de personal revisará los diferentes convenios aplicados, comprobará la antigüedad de las contrataciones realizadas por las empresas –las de los últimos tres años tenían que contar con el visto bueno de la administración– y propondrá la estructura de la plantilla definitiva, así como un único convenio colectivo a aplicar a todo el personal de las estaciones de ITV a gestionar.

La Conselleria de Economía prevé que, tras las "ineludibles" propuestas de prejubilación y readaptaciones, la plantilla rondará el millar de empleados, la práctica totalidad del que ahora trabajan para las empresas privadas.

Todos ellos pasarán a depender la nueva sociedad pública mercantil como personal laboral, la misma condición que tienen en la empresa privada. Ello no obsta que, según la Generalitat, las futuras contrataciones se realicen conforme a procedimientos que garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y publicidad.

Este mismo año 2022 se prevé la contratación de la gerencia y de dos administrativos para trabajar en la terminación de las concesiones y la continuación del servicio por la nueva empresa. Los 307.000 euros de coste de esta plantilla inicial saldrán de los 756.163 aportados este mismo año y que ya estaban incluidos en el presupuesto de la Conselleria de Economía.

De ahí salen también los 60.000 euros de capital social con los que nace la mercantil y los 542.000 euros en gastos e inversiones necesarios para el inicio de la actividad y la preparación de correcta recepción de las concesiones en el momento de reversión.

La Conselleria de Economía Sostenible ya comunicó el pasado septiembre a las empresas concesionarias la voluntad de finalizar el régimen de concesión administrativa y, en consecuencia, que el contrato finalizará una vez cumplida su duración inicial, que no habrá prórroga y que se efectuaba la denuncia formal prevista en el expediente.