La EMT excluye a la jefa de Gestión en el caso de las prejubilaciones que investiga el Tribunal de Cuentas

VALÈNCIA. Tras entrar a gobernar la izquierda, y asumir la presidencia de la EMT de València Giuseppe Grezzi en 2015, la nueva dirección detectó posibles irregularidades en el acuerdo alcanzado entre la antigua directiva y las organizaciones sindicales sobre las prejubilaciones parciales. El Tribunal de Cuentas refrenda dicha sospecha y considera responsables contables a tres directivos de la antigua cúpula. Pero la EMT busca excluir a una de ellas, la jefa de Gestión, María Rayón.

El caso se remonta a 2001 cuando la entonces dirección de la empresa suscribió un acuerdo, refrendado en 2013, sobre las jubilaciones parciales en la EMT. Este permitía a los empleados acudir a trabajar 65 días al año aunque cobraban y cotizaban como si lo hicieran el total de jornadas que obliga la ley, 131 días, según la denuncia. Algo que validó el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) y defienden los sindicatos de la empresa.

Con todo, la nueva dirección tras las elecciones denunció las presuntas irregularidades ante la Agencia Valenciana Antifraude por el posible perjuicio al erario público, y el organismo que dirige Joan Llinares decidió abrir la vía judicial y llevó el asunto a la Fiscalía. El ministerio fiscal, sin embargo, archivó el caso al considerar que no tenía relevancia penal, aunque ciertamente consideró que sí había responsabilidad contable. Y esto es lo que, a la postre, busca dirimir el Tribunal de Cuentas.

El organismo cifró en marzo el perjuicio a las cuentas públicas en 1,2 millones de euros desde 2013 hasta 2018 y apuntó al ex gerente de la EMT y director de Recursos Humanos, Andrés Bernabé; a su sucesor en el área de RRHH, Carlos Romero; y a la ex directora de Gestión, María Rayón. A ellos les reclamaba el dinero presuntamente pagado de manera irregular a razón de 254.000, 882.000, y 68.000 euros respectivamente, como responsables contables de lo abonado.

La EMT, sin embargo, espera librar a Rayón de esta acusación y en la formalización de demanda del pasado 14 de septiembre sólo pide declarar responsables contables directos a Bernabé y Romero. Ellos, dice la demanda, “aprobaron y ordenaron el pago de las nóminas en las que se incluía una partida indebida” por retribuir “servicios que no se habían prestado” a trabajadores jubilados anticipadamente.

“Los (dos) demandados conocían dicha circunstancia por razón de su cargo y además por haber firmado personalmente los contratos, por lo que el dolo resulta evidente”, dice la denuncia de la EMT, que incide en que fue en 2017, con la nueva directiva, cuando se presentó denuncia pero “se siguió abonando el exceso de salario” hasta 2018 para “evitar daños mayores” pese a que el acto era “presuntamente ilícito”.

Subraya la EMT en este sentido que suspender los pagos hubiera podido producir “un conflicto que afectase a la prestación” del servicio de transporte urbano, por lo que defiende que “no es exigible responsabilidad contable” por los pagos producidos hasta 2018. Y por ello, intenta eximir de responsabilidad a la que fuera jefa de Gestión, María Rayón.

Entre 2014 y 2015, con el gobierno del PP, se pagaron 132.000 euros, mientras que en los años siguientes -de 2015 a 2018- se abonaron 994.000 euros. En contratos, en 2014 se suscribieron 29 contratos con estas condiciones; en 2015, año de impás entre un gobierno y otro, 35 contratos; y en 2016 y 2017, 83 contratos.

A la postura de la EMT se ha acogido la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, como publicó eldiario.es, si bien el organismo la recogía en la nómina de posibles responsables contables de los pagos irregulares. La EMT también pide rebajar la cuantía exigible a Carlos Romero.