VALENCIA. Hablan de “asfixia”, “ahogo”, “desaliento”. Los miembros de la Escuela Infantil aseguran que atraviesan una “situación desesperada” a nivel económico. A la baja natalidad y la caída de clientes, se suma la deuda que arrastran por el bono infantil (en muchos casos desde el año pasado), las becas comedor y el cheque escolar. Esto ha derivado en que algunos centros, que habitualmente descontaban las ayudas a los padres antes de cobrarlas por parte de la Administración, ya no lo hagan.
El conseller Vicent Marzà, durante su comparecencia de la pasada semana en Les Corts para explicar el Proyecto de Presupuestos de 2017, resaltaba haber priorizado las ayudas a las familias, a través de cuestiones como el bono infantil (33 millones consignados, un 9% más interanual). El cheque escolar depende del Ayuntamiento y la beca comedor va a cargo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. "Carecemos de todos esos importes, en algunos casos asignados, pero no cobrados. Y cuando las familias escuchan que ya están concedidos, nos los piden a nosotros como si los tuviéramos”, protesta Carmen Bardal, representante de la Asociación de Escuelas Infantiles de la Comunidad Adeiv-Acade.
La cuestión es que la Administración asigna, pero no contabiliza. Hace dos semanas el DOCV recogía la resolución para ingresar los importes adeudados a las escuelas infantiles correspondientes al último trimestre del curso pasado, esto es, de abril a junio de 2016. Con un retraso de cuatro meses, se llega al último paso de una convocatoria de ayudas que tuvo lugar en junio de 2015 y fue resuelta en noviembre de ese mismo año. Las escuelas y centro de Educación Infantil estaban a espera de un importe total de 94.053,00 euros.
Las escuelas afirman no haber cobrado el bono del año pasado, pese a que Conselleria dice que está “todo tramitado y buena parte pagado”
Ahora bien, como advertía la portavoz de la Asociación de centros de Educación Infantil Salvem 0-3, María José González-Mayo, se trataba de “una resolución previa” y aún no habían cobrado. A día de hoy siguen sin hacerlo. “Dos semanas después seguimos igual”, insiste, y explica: “Los centros que tuvieron además algún cambio en los meses de abril a junio son los que estaban incluidos en la resolución de regularización publicada hace unas semanas les he consultado y todavía no tienen ni contabilizado el pago”. La contabilizaron es el paso previo al pago. También hubo retrasos en trimestres anteriores.
Fuentes oficiales de la Conselleria de Educación insisten en que el bono infantil del curso pasado está “todo tramitado y buena parte pagado”. Ponen como ejemplo la provincia de Alicante, “donde el 90% está pagado ya”. Asimismo, aseguran que lo que falte por pagar “llegará seguro durante noviembre”, un anuncio que el sector recibe con "escepticismo". De poco les sirve que les argumenten que esto ya pasaba con la anterior Administración, por lo que exigen son "soluciones ahora" para iniciar una nueva fase.
A la deuda del año pasado cabe sumar la del actual, “donde todavía no conocemos la resolución definitiva”, insiste Bardal, de Adeiv-Acade. Están pendientes de cerrar las listas definitivas de concesiones para que puedan comenzar a darse las dotaciones 2016/17, que ya no se entregaran de manera trimestral, sino mes a mes. Educación asegura que un 79% de los beneficiarios recibirá una ayuda igual o superior a la de anteriores convocatorias. El sector cuestiona las cifras y recuerda que son “datos provisionales”, por lo que tanto el número de subvencionados como el importe recibido “podría variar considerablemente”.
En el caso del cheque escolar (Ayuntamiento) y las becas comedor (Igualdad), los listados definitivos sí están aprobados, a pesar de que las escuelas no recibido ningún importe dos meses después de arrancar curso. Se trata de una reivindicación menos sonada, en tanto que las escuelas han podido hacer sus cálculos y solo les queda constatar el ingreso. También entra en juego otro factor: al contrario que con el bono, el número de beneficiarios suele ser minoritario y atribuirse a personas con un nivel económico mucho más delicado.
“Vas sumando y sumando, y en conjunto a mí todo esto me puede suponer tranquilamente unos 1.200 euros para 20 alumnos que tengo inscritos; esto es, 60 euros por niño”, afirma el González-Mayo. El drama se ve incrementado por el hecho de que el 60% de los ingresos de los centros provengan de ayudas de la Administración.
Carmen Bardal hace hincapié en el daño a un sector que se siente “desmoralizado”. Se encuentran en medio de la Administración y de los propios padres, “por lo que al final todo viene a nosotros, pero es que no podemos hacer más”, insiste la portavoz.
Sus relaciones con la Generalitat atravesaron un momento crítico el año pasado, debido a la implantación plan experimental de aulas de 2 años en centros públicos, algo que el sector privado recibió de muy mal grado. Hablaban de hasta 5.000 puestos de trabajo en peligro por el efecto del ‘trasvase’ de alumnos de los centros a los colegios, lo que venía a "rematar" a un colectivo "ya de por sí tocado". Entonces los sindicatos pensaron en convocar una protesta, algo que terminaron por descartar porque acercaron posturas con el departamento de Marzà.
Si cedieron en sus quejas fue a cambio de la creación de un foro específico para tratar problemas del sector que todavía está pendiente de convocarse. Han transcurrido dos meses desde que arrancara el curso y la primera cita del mismo sigue sin celebrarse. El proyecto tenía la aspiración de ser un espacio reglado "de participación, debate y negociación propio de la educación infantil de primer ciclo”, puesto que hasta ahora no existía ningún órgano específico. Una suerte de Mesa Sectorial para mantener reuniones periódicas.
Estamos en noviembre, y poco o nada se sabe. No ha habido ninguna reunión y se siguen arrastrando los retrasos por el bono, además de la asignación final. Se suma el caso del cheque y el comedor. Todo ello podría volver a tensar las relaciones entre el Gobierno valenciano y un colectivo que viene tirando de paciencia más de la cuenta.