María José Alcón, en libertad bajo fianza de 150.000 euros

VALENCIA (FOTOS: MARGA FERRER). El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye el Caso Imelsa, acordó la pasada medianoche la libertad de la exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón, detenida este martes en la operación Taula, desarrollada contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). FOTOGALERÍA

Alcón es la única detenida que pasó el martes a disposición judicial. Lo hizo pasadas las 22.30 horas y estuvo en el Juzgado hasta las 00.00. El magistrado instructor decretó su libertad. Queda imputada (investigada) en las diligencias abiertas por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En la causa hay otros 28 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), que empezarán a declarar ante el juez este miércoles.

Según la investigación, los sospechosos se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas administraciones o en empresas públicas vinculadas a las mismas y de su potestad en materia de contratación para cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

La operación llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial, se ha saldado con 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Hay otros 5 investigados que no han sido detenidos pero que sí han sido citados para declarar ante el juez.

Entre los 24 detenidos ayer se encuentran el ex presidente de la Diputación de Valencia, exalcalde de Xàtiva y expresidente del Partido Popular en la provincia de Valencia Alfonso Rus. También ha sido arrestado: el exvicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla; el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina; el ex secretario autonómico de Deporte y exdiputado en las Cortes Valencianas David Serra; la ex concejal de Valencia (María José Alcón); el exgerente de la Fundación Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu Vicente Burgos; el ex acalde de Genovés, Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, y Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluaciación y Planificación de la Diputación de Valencia.

Ademas de los 9 citados, ayer también fueron arrestados 12 empresarios, dos arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).

En la operación desarrollada ayer se llevaron a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunidad. Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública CIEGSA) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de un equipo de fútbol  (Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia.

La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo director gerente era Marcos Benavent. Benavent está imputado en la causa, pero no se halla entre los arrestados hoy.

La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia incial. El trabajo de la UCO bajo la dirección del fiscal del caso concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en Instrucción 18 el pasado mes de marzo.

El Juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En el marco de esta diligencias se desarrolló la operación de este martes, encaminada a la detención de algunos de los investigados, al aseguramiento de pruebas y a la adopción de medidas cautelares. La operación sigue abierta. La causa continúa secreta.

En total se han practicado 33 registros: 14 en domicilios particulares y 19 en sedes sociales. Este es el detalle:

Valencia: 12 registros en la capital y 17 en distintas localidades de la provincia
Alicante: 3 registros: Alicante (capital), Denia y Muro de Alcoy.
Castellón: 1 registro en la capital.