La excúpula de Fórum Filatélico, a un mes de sentarse en el banquillo once años después

MADRID (EFECOM). Once años después de la intervención judicial de Fórum Filatélico, la excúpula de la sociedad afina su estrategia antes de que en un mes, el 18 de septiembre, la Audiencia Nacional celebre la primera sesión del juicio por estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de dinero.

Unos delitos por los que el que fuera presidente de Fórum, Francisco Briones, se enfrenta a una petición de condena de hasta 27 años de cárcel como "líder de una organización de marcado carácter presidencialista" que dejó un desfase patrimonial de 2.848 millones, como consta en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

La reciente designación de Alejandro Luzón al frente de la Fiscalía Especial marcará el inicio de las vistas orales, o al menos de la constitución de los estrados.

Y es que, han informado a Efe fuentes próximas al proceso, tras la aceptación de su nuevo cargo la representación del Ministerio Público recaerá presumiblemente en el fiscal Juan Pavía, que formó pareja con Luzón tanto en esta instrucción como en la causa penal contra los responsables de otra filatélica, Afinsa.

Las comparaciones entre ambos procedimientos parecen insalvables de cara a una opinión pública repartida entre quienes exigen una condena ejemplar para los acusados y los que, prisión al margen, muestran su descontento con la gestión política de un escándalo que en el caso de Fórum afectó a casi 270.000 clientes.

A pesar de las patentes discrepancias entre perjudicados acerca de la intervención de ambas sociedades, el paso del tiempo y la falta de respuestas parece unirles en las reclamaciones al Gobierno y al resto de grupos parlamentarios.

Con el lema "11 años. Ya es suficiente. Que le den al Gobierno. Que le den a la Justicia", la Federación de Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico conmemoraba el pasado mayo un nuevo aniversario, cada vez más "hartos" y descontentos con un sistema judicial "lento, parcial, deshonesto, arbitrario y absolutamente inoperante a la hora de proteger los derechos de los ciudadanos".

De forma simultánea, Madrid, que una década antes pareció congelarse en torno a los registros de las sedes centrales de ambas compañías, acogía las protestas de la asociación de consumidores Adicae, que criticaba la lentitud tanto de la vía judicial que "no da lugar al resarcimiento de los afectados" como de los administradores concursales, que "no han logrado más que mínimas devoluciones".

En virtud de los datos manejados por la agrupación, los afectados por Fórum Filatélico han recuperado el 20,5 % de su dinero, una cantidad, con todo, sensiblemente superior al 10 % abonado a los clientes de Afinsa.

Según el último comunicado publicado en su página web, a cierre de 2016 la administración concursal de Fórum había abonado su primer pago a 262.602 acreedores, en tanto que 247.404 ya dispondrían del segundo, a través de 518.886 transferencias por valor de 665,5 millones de euros.

Quedarían así pendientes de reintegrar 3.041,6 millones a los 268.804 titulares de los 393.754 contratos filatélicos suscritos, una cuantía de la que podría tener que responder, entre otros, Briones, si la sección primera de la sala de lo Penal estima la responsabilidad civil propuesta por la Fiscalía.

Anticorrupción extiende además su acusación a otras 29 personas, incluidos el que fuera director general Antonio Merino Zamorano; el Consejo de Administración integrado por Miguel Ángel Hijón, Agustín Fernández, Francisco José López Gilarte y Juan Maciá; y el asesor jurídico, Juan Ramón González.

Para ellos solicita penas de entre once años (González) y dieciséis años (Merino) de prisión por participar de una actividad de captación masiva de fondos mediante contratos de inversión filatélica que ofrecían elevadas rentabilidades abonadas con las aportaciones de otros clientes dentro de un esquema piramidal.

Como sucediera en el juicio de Afinsa con el expresidente de la filial en Estados Unidos, el de Fórum también tendrá lugar con uno de sus procesados en busca y captura declarado en rebeldía, Carlos Llorca, quien presuntamente habría controlado los circuitos financieros a través de los que se desvió al extranjero gran parte de los fondos.

Ausencia que, sin embargo, no evita que la treintena de acusados comience la cuenta atrás antes de que se haga efectiva una citación que les concentrará en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) durante 38 sesiones, inicialmente programadas hasta el próximo 15 de diciembre.