La explotación de Erial se organizó al milímetro, con GPS para el ex jefe de Gabinete de Zaplana y 22 registros

VALÈNCIA (EP). La explotación del caso Erial en el que figura como investigado el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana se organizó al milímetro por parte del Juzgado de Instrucción número 8 de València y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluyendo la instalación de un GPS para el vehículo de Juan Francisco García, el ex jefe de Gabinete del también exministro de Trabajo y con registros en 22 inmuebles, que la magistrada instructora acordó hacer extensivos hasta cuartos de contadores.

Así figura, entre otros documentos, en un auto de la jueza de fecha 18 de mayo que consta en el sumario, del que recientemente se ha acordado levantar parcialmente el secreto, en el que se disponen los pasos necesarios para desplegar la operación que se saldó con 18 personas investigadas, entre ellas, el propio Zaplana; Vicente, José y Juan Cotino; presuntos testaferros del expresidente; abogados; su ex jefe de Gabinete; el ex jefe del Consell y de Bancaja, José Luis Olivas, y esposas de algunos de los anteriores.

De ellos, los agentes detuvieron a seis personas: Zaplana; los considerados presuntos testaferros Francisco Grau y Joaquín Barceló; la esposa de este último, Felisa López; Vicente y José Cotino y Juan Francisco García. Los tres primeros fueron los únicos que ingresaron en prisión provisional por estos hechos, y la jueza les dejó en libertad la pasada semana al considerar que se había minimizado su riesgo de fuga al haberse bloqueado 6,3 millones de euros que les atribuye en cuentas en Suiza.

En el caso del ex jefe de Gabinete de Zaplana, la magistrada, a petición de la UCO, acordó la instalación en su vehículo desde el 19 de mayo de 2018 de un dispositivo de localización por posicionamiento global, dada su "amplia movilidad" por todo el territorio nacional y ante la posibilidad de que su no localización en el momento del desarrollo del operativo pudiera poner "en grave riesgo" la obtención de evidencias.

Por otra parte, hasta un día antes de desarrollarse la operación, el 21 de mayo, la UCO pidió a la jueza ampliar el registro a un domicilio más de Zaplana del que hasta esa fecha se desconocía que utilizaba en el centro de València, si bien se tenía constancia por las intervenciones telefónicas que podría estar haciendo uso de una vivienda en la capital valenciana y se sospechaba que pudiera ser "de forma velada" a través de otras personas físicas o jurídicas.

La jueza, en un auto ampliatorio de fecha del mismo día de la detención del exministro, acordó el registro de esta última vivienda, en el centro de València. En el escrito, destaca que a lo largo de la instrucción existió la "sospecha" de que Zaplana tenía casa en València por su vinculación con la ciudad y resalta que los investigados, cuando han hablado con él o de él para concertar citas "se preguntaban con sorna en cuál de las casas".

Sótanos, trasteros o cuartos de contenedores

La magistrada acordó registros simultáneos los días 22 y 23 de mayo y sucesivos y los hizo extensivos a "garajes, plazas privadas de aparcamiento, incluidos vehículos, y "cualesquiera otra dependencias anexas a los domicilios, despachos profesionales o sedes sociales, tales como sótanos, trasteros, cuartos de contadores, de calefacción o de archivo, azoteas, etc., así como cualquier caja fuerte, cuarto blindado o similar que pudiera encontrarse en el interior de los inmuebles".

Entre la lista de domicilios y empresas, la jueza incluyó dos viviendas de Vicente Cotino; las instalaciones y oficinas vinculadas al extinto grupo Sedesa, incluyendo los despachos de Vicente, José y Juan Cotino (y sus residencias); las residencias de Zaplana y su esposa en Madrid y Benidorm, más su despacho profesional en Telefónica y el de su secretaria (además de la vivienda de esta última); la de Joaquín Barceló y su esposa y los domicilios sociales de sus empresas Medlevante y Costera del Glorio.

Asimismo, se incluía la residencia en Alicante de Francisco Grau, su mujer y el domicilio social de Turnis Sylvatica; las oficinas y mercantiles vinculadas con este último; Las residencias de Juan Francisco García y esposa; vivienda y despacho del abogado Saturnino Suanzes; de los empresario Ángel Salas, Juan Bautista Fuster y Robert Edgar Bataouche y las oficinas de Marina Greenwich; y la gasolinera cuyo representante es Francisco Pérez López, a quien se vincula con la compra de una embarcación que sería finalmente de Zaplana.

En paralelo, ordenó requerimientos a la Conselleria de Industria de la Generalitat para pedir los expedientes de las ITV y el Plan Eólico y a Presidencia para obtener una relación pormenorizada de los concursos públicos donde hubiera tenía participación Juan Francisco García; y pidió documentación a abogados sobre las compras y prestaciones de servicios de Costera del Glorio; Medlevante y Gesdesarrollos Integrales; al Ayuntamiento de la Vila Joiosa; a entidades bancarias; concesionarios y empresa de mudanzas.

La jueza ordenó el bloqueo de cuentas, productos financieros y que se impidiera el acceso a cajas de seguridad de empresas y personas físicas y el embargo de hasta diez vehículos.