Fachada principal del Ayuntamiento de València.MADRID/VALÈNCIA (Efe/VP). La FEMP ha apremiado este martes al Gobierno a remitir a las Cortes un proyecto de ley que les compense por la pérdida de ingresos por las sentencias de los tribunales que anulan parte del impuesto que cobraban por la adquisición de terrenos, incluso en los casos en los que el vendedor no tenía plusvalía. En rueda de prensa, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, ha señalado que, tras esas sentencias, se pusieron en contacto con el Gobierno, al que apremiaron para que rellenase ese “vacío legal” y resolver “la inseguridad jurídica”.
Ya el pasado viernes la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València solicitó al Estado “la devolución íntegra al Ayuntamiento” de las cantidades “que puedan ser susceptibles de devolución a los ciudadanos que han sido obligados indebidamente a a efectuar los pagos”. Igualmente aprobó formalmente congelar el cobro del impuesto a quien perdiese dinero.
En la Comunidad Valenciana son varios los casos de municipios que no cobran la plusvalía desde la primera sentencia, de cara a evitar males mayores. Ése es el caso, por ejemplo, de Elche, donde la edil de Hacienda, Ana Arabid, informó el pasado mes de febrero que el Ayuntamiento lleva más de un año sin cobrar el impuesto en los casos en los que se demuestra que no hay ganancia, se entiende que no se ha probado el hecho imponible y por tanto no se gira el impuesto”
Apenas unos días después de la moción de València, el presidente de la FEMP anunció en Madrid que desde la entidad que aglutina a todos los municipios le van a remitir “dos grandes propuestas” al Gobierno: reformar el impuesto, fijando su base liquidable con criterios objetivos y que el catastro elabore un índice anual de la evolución de los suelos, lo que resolvería “la indefinición que describe el Tribunal Constitucional”; la otra opción consistiría en una base imponible para ser gravada, que fuese el valor de venta menos el valor de compra y se aplicaría la minusvalía o plusvalía real que hubiese en cada caso.
Caballero, que ha asegurado que no han hecho desde la FEMP una estimación de las pérdidas por la anulación de parte de este impuesto, sí ha reconocido que, por la liquidación de impuestos de años anteriores, los ingresos municipales en toda España por este concepto fueron en 2016 de unos 2.000 millones de euros.
En el pleno de la Asamblea de la FEMP, en 2015, ya se decidió pedir al Ejecutivo un cambio legislativo porque veían que se iba a anular ese impuesto ante los recursos presentados por ciudadanos que vendían con pérdidas y se les cobraba esa plusvalía. Caballero también pidió al Gobierno que constituya un grupo de trabajo para estudiar de qué forma se va a compensar “al cien por cien” a los ayuntamientos, ya que ese impuesto -que “está aprobado por el legislativo”, no se puede hacer responsable a los ayuntamientos de esa base imponible.
Para el presidente de la FEMP, esta cuestión no puede esperar a la reforma de la financiación local, ya que esta “va a requerir un tiempo” para su puesta en marcha, mientras que el impuesto sobre la venta de terrenos, “en cuestión de semanas”, tiene que llegar al Parlamento porque hay un vacío legal.
Ha precisado que ahora los interventores municipales aplican su criterio en las ventas de terrenos e inmuebles y “aceptamos o no su criterio”, y ha insistido en que no han hecho una estimación del impacto hacia atrás de este gravamen; “en todo caso lo hará el Ministerio de Hacienda, que nos tiene que resarcir”.
Respecto a que algunos abogados aconsejen a sus clientes que recurran anteriores ventas con pérdidas en las que se ha pagado esa plusvalía, Caballero ha precisado que, en algunos casos, aceptan un acuerdo, pero que las apelaciones no están siendo “masivas”. “Los ayuntamientos —ha continuado— nos queremos poner en el lugar de los ciudadanos, pero necesitamos garantías y un impuesto que nos resarza de las pérdidas sufridas”.
